Infojus Noticias

La cifra de muertos durante el 19 y 20 de diciembre varía. Oscila entre 36 y 39 personas,  según se cuenten las bajas provocadas por las fuerzas de seguridad, las que produjo la acción de comerciantes durante los saqueos (algunos de ellos el 18 de diciembre), o los decesos de quienes fueron heridos entre el 18 y el 20 pero murieron en los días posteriores. En cualquier caso, un factor común trasciende el modo en que se arme la lista: el 80 por ciento de los que murieron a causa de las jornadas del 19 y el 20 de diciembre eran menores de 30 años, y al menos seis de ellos eran adolescentes: tenían entre 13 y 18.

El próximo 24 de febrero el Tribunal Oral y Criminal N° 6 será el primero en indagar las responsabilidades políticas de cinco de estas muertes, todas a causa de balas policiales. Se calcula que el juicio durará un año y contará  con los testimonios de unos quinientos testigos. Será la primera vez que se juzga a quienes dieron las órdenes de reprimir. Doce años después, sus familias esperan justicia.

Ciudad de Buenos Aires

El juicio que inicia en febrero próximo corresponde a los cinco muertos en la represión policial derivada de la orden que dictó el Ejecutivo a las 9 de la mañana del 20 de diciembre: desalojar la Plaza de Mayo.  Gastón Riva tenía 30 años, tres hijos, y era motoquero. Alberto Márquez pesaba 120 kilos y tenía 57 años. Diego Lamagna, de 26 años, murió por los disparos que salieron de un móvil policial. Carlos Petete Almirón, de 23 años, era militante social. A Gustavo Benedetto, 27 años, le dispararon desde el interior del banco HSBC.

Enrique Mathov (secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa), Rubén Jorge Santos (exjefe de la Policía Federal), Norberto Gaudiero (ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal), Raúl Andreozzi (ex jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal) serán juzgados por la responsabilidad intelectual de estas cincos muertes y de 117 casos de lesiones durante la represión. Además, doce policías de menor rango serán juzgados por tentativa de homicidio en función de su actuación durante esa jornada.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es querellante en dos de estos casos que llegan a juicio: los de Gastón Riva y Diego Lamagna. El abogado Maximiliano Medina, que representará a las familias, relató a Infojus Noticias: “En el juicio se analizará la responsabilidad por impartir órdenes que culminaron en la represión y en la muerte, y la responsabilidad por organizar el operativo represivo”.

En esta misma causa, el expresidente Fernando De la Rúa fue sobreseído por la Cámara Federal de Casación Penal. Está pendiente una resolución de la Corte Suprema de la Nación sobre un recurso de queja presentado por el CELS. El organismo de derechos humanos considera que “la responsabilidad intelectual de Mathov y de Santos se dio en un marco de ilegalidad, porque el estado de sitio declarado por de la Rúa no cumplió los requisitos constitucionales. Estas órdenes, en el marco de un estado de sitio ilegal, fueron ilegales. Por eso esta causa está conectada con la de De la Rúa”, explicó Medina Cree que será un juicio emblemático. “Tenemos muchas expectativas. Buscamos las condenas para garantizar justicia. La sentencia establecerá los estándares de actuación de las fuerzas de seguridad durante la protesta social. Este juicio tiene que fijar estándares claros para que no se repita”.

En la ciudad de Buenos Aires hubo más muertos durante esos días. Rubén Aredes recibió cuatro balas de plomo por la espalda, mientras participaba de la protesta en las calles de Ciudad Oculta. Jorge Cárdenas fue herido el 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación y falleció días después. En estas dos muertes no hubo responsables materiales ni políticos que hayan enfrentado un proceso judicial.

Provincia de Buenos Aires

Los saqueos a los comercios empezaron el 18 de diciembre. La mayor parte de las víctimas murieron en las cercanías de los supermercados. Muchos de los disparos fueron realizados por los dueños de los comercios.

Luis Mazzi, comerciante, fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Ariel Salas de 30 años. Bernardo Joulie fue condenado a 6 años de prisión por el homicidio de Damián Ramírez, de 14.Víctor Ariel Enrique, 21 años, murió durante un saqueo en Almirante Brown. El comerciante  Ángel Villanueva fue imputado por “homicidio en ocasión de robo por tenencia ilegal de arma de guerra”. Fue absuelto en 2006 por el TOC Nº 2 de Lomas de Zamora.

Julio Hernán Flores (15 años) trabajaba en un supermercado y murió durante un saqueo. En su caso, Mario Choke fue condenadopor hurto a un año y cuatro meses de prisión,  Julio César Iglesias por robo agravado a siete años  y Claudio Castro por robo agravado por uso de armas  a seis años.

También murieron durante los saqueos y disturbios: Diego Ávila (24 años), Pablo Marcelo Guías (23 años), Carlos Manuel Spinelli (25 años), José Vega (19 años), Roberto Agustín Gramajo (19 años), Eduardo Legembre (20 años) y Mariela Rosales (28 años).

Entre Ríos

Eloísa Paniagua tenía 13 años y vivía en el barrio Maccarone, en Paraná. Había ido con su papá a pedir alimentos a un supermercado. Ante la llegada de la Gendarmería, corrió junto a cientos de personas ara dispersarse. El policía Silvio Martínez bajó de un móvil y disparó con su pistola 9 milímetros. Uno de esas balas mató a Eloísa. El agente reconoció ser el autor del disparo. En mayo de 2003 fue condenado a 10 años de prisión.

Romina Iturain, 15 años, tomaba mate con una de sus primas. Escuchó gritos,  y abrió la puerta para ver qué pasaba. Una bala 9 milímetros le perforó en el tórax. Murió antes de llegar al hospital. Las pericias no lograron dar con el arma. No hubo juicio por su muerte, tampoco por la tercera víctima entrerriana, José Daniel Rodríguez, de 25 años, militante de la Corriente Clasista y Combativa.

Tampoco existió investigación sobre las responsabilidades políticas en la represión policial que empezó después del mediodía del 19 de diciembre. Sergio Montiel, entonces gobernador, estuvo muy cerca de enfrentar el juicio político por la represión de diciembre de 2001 y otros episodios. Faltó sólo uno de los votos necesarios.

Córdoba

David Ernesto, de 13 años, pedía alimentos junto con otras personas en la puerta de un supermercado. Cuando la policía disparó contra la multitud, recibió cinco balazos, uno mortal, en la nuca. Por su asesinato hay una causa judicial, elevada a juicio en 2009 y aún sin fecha de inicio. Se juzgará al policía Hugo Ignacio Cánovas Badra por el homicidio de David, y a dos agentes, Daniela Alejandra Adán y Laura Estela Freire, por falso testimonio sobre la entrega de municiones de plomo a los policías. No hubo investigación sobre los responsables políticos de la represión policial.

Sergio Miguel Ferreyra, 20 años, falleció el 26 de diciembre por las complicaciones que le ocasionó el balazo que recibió durante un operativo policial en el barrio Villa Libertador.

Santa Fe

En Rosario siete personas fueron asesinadas por balas de las fuerzas de seguridad. A Graciela Acosta -35 años, militante social, madre de siete hijos- le disparó el sargento Luis Armando Quiroz en los alrededores de un supermercado. El policía fue condenado a 9 años de prisión en 2007. Walter Campos, 17 años, fue fusilado por el sargento Angel Omar Iglesias, un francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales. El policía fue sobreseído por la Justicia, a partir del argumento del agente: dijo que no tenía otra opción para “neutralizarlo” que dispararle en la cabeza.

Juan Alberto Delgado, 28 años, tropezó mientras huía de la represión. Un policía le disparó mientras estaba en el suelo. Yanina García, 18 años, salió de su casa al escuchar la balacera y recibió un disparo en el abdomen. Ricardo Villalba, 16 años, fue asesinado durante un operativo policial que el 19 de diciembre dispersó a ciudadanos que pedían comida. Rubén Pereyra, 20 años, recibió un balazo policial. Graciela Machado, 35  años, falleció de un ataque cardíaco mientras corría de un operativo policial. No hubo ningún procesado por estas muertes.

Claudio “El Pocho” Lepratti, 38 años, fue asesinado el 20 de diciembre. Estaba en el techo del comedor escolar donde trabajaba como cocinero. Por su asesinato hubo dos juicios. En uno, el policía Esteban Velázquez fue condenado a 14 años de prisión. En el otro, cinco policías fueron condenados en primera instancia a dos años de prisión por el encubrimiento. Pero fueron absueltos por la Cámara de Apelaciones.

En la ciudad de Santa Fe fue asesinado Marcelo Pacini, de 15 años. Los testigos contaron que el comerciante Víctor Hugo Clemente le disparó con una escopeta. El caso no llegó a juicio: el juez de instrucción consideró que había sido un exceso en legítima defensa y dictó la falta de mérito.

A pesar de la gran cantidad de muertos por balas policiales que hubo en la provincia nunca se avanzó judicialmente sobre la responsabilidad política. La investigación de la represión de la protesta en la provincia de Santa Fe fue motorizada por la Comisión Investigadora No Gubernamental, una coalición de diversos actores sociales que investigó ante la inacción judicial. Lilian Echegoy integró la comisión y afirma en conversación con Infojus Noticias: “Hubo un informe del ministerio de Gobierno en el cual todos los jefes de las unidades regionales de la policía manifestaron que ellos no habían recibido órdenes del Poder Ejecutivo, que actuaron por sí mismos. En ese momento respondimos que era aún más grave, porque si no había existido una orden del gobernador Reutemann, quería decir que la policía se autogobernaba”.

Los santafesinos recuerdan que Hermes Binner hizo campaña para ganar la gobernación usando como música de fondo la canción sobre el Pocho Lepratti que escribió Leon Gieco. Echegoy recuerda que cuando Binner asumió recibió a los familiares de las víctimas. Ellos le pidieron que el Ejecutivo aportara pruebas sobre las órdenes de reprimir. Según reconstruyó la Comisión, esa orden existió alrededor de las 14 horas. Binner se comprometió a investigar, nunca avanzó. Etchegoy afirma que en estos 12 años de ir a los tribunales santafesinos a pedir que se investigue la responsabilidad política de los asesinatos “nunca encontré un funcionario judicial que tomara la decisión de investigar estas muertes”.

Corrientes

Ramón Alberto Arapí, de 22 años, fue asesinado por un operativo policial en un barrio humilde de la ciudad de Corrientes. En abril de 2012 seis policías fueron condenados por su muerte. Juan Ramón Vallejos, a 20 años de prisión por homicidio simple. Esteban Fabián Blanco, Ramón Leiva, Alberto Alfonzo y René Raúl Piriz, a 5 años de prisión por encubrimiento. Juan Carlos Díaz fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por encubrimiento.

Tucumán

A los 27 años Luis Alberto Fernández vendía sandías en la puerta de un supermercado. Un grupo de personas se acercó al comercio a pedir alimentos y los agentes reprimieron. Un gendarme le disparó en la cabeza. Nadie fue juzgado por su asesinato.

Río Negro

Elvira Avaca tenía 46 años y caminaba por Cipolletti con su hija cuando recibió un disparo en la espalda. El juez Rubén Norry secuestró las armas policiales para investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la muerte de Elvira. Pero la investigación penal nunca avanzó.

Fotos: Rosario, Héctor Río / Córdoba, Daniel Cáceres.