Infojus Noticias

Las grandes ventajas del nuevo proyecto del Código Procesal Penal de la Nación radican en el dinamismo de los procesos y aceleración de los tiempos judiciales. El pasaje al sistema acusatorio, donde el juez que deje sólo decida, dejando la tarea de la investigación a la fiscalía, será fundamental. La oralización de todo el sistema también ayudará a precipitar los tiempos. Con el Código actual, los procesos son morosos y los resultados, insólitos.  Infojus Noticias recorre cinco casos.  

Cuatro años y medio por el robo de tres kilos de carne

En el desayuno, Hernán tomaba mate cocido, y almorzaba y cenaba caldo. En 2008 estaba haciendo la fila para para la caja en un supermercado. Estaba flaco, desalineado y no tenía dientes. En su mano llevaba una bandeja de carne. Cuando fue su turno para pagar, tembloroso, atinó a decir: “No tengo plata”. Dejó la bandeja, agarró su mochila y salió corriendo. La policía lo detuvo a pocas cuadras del supermercado. “Tenía hambre”, les dijo. Cuando revisaron la mochila, encontraron tres kilos de carne. Ese día comenzó su periplo judicial: cinco meses después, el chico declaró por primera vez en la causa.

En marzo de 2009, a Hernán lo procesaron por “hurto en grado de tentativa”. En diciembre, el fiscal pidió la elevación juicio de la causa y se clausuró la investigación: habían pasado 17 meses de proceso. Después de varias idas y vueltas, en agosto de 2010 se fijó  fecha para el juicio (septiembre de 2011) pero por “razones internas del Tribunal”, se suspendió la audiencia de debate. Finalmente, en marzo de 2012 condenaron a Hernán a 15 días de prisión en suspenso por “tentativa de hurto” y el pago de los gastos del juicio. La causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal después de la que defensa oficial del hombre presentó un recurso. Pasaron cuatro años y cuatro meses, once jueces, cuatro fiscales, y cinco defensores para que el máximo tribunal penal del país absolviera a Hernán.

La causa en la que el fiscal no acusó

Un fiscal que no acusó. Así se puede resumir el caso de José Gabriel que fue condenado a seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación especial para conducir. Se lo consideró autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo. Pero había un detalle en el caso: el fiscal, al momento de los alegatos en el juicio, no lo acusó.

El caso llegó a la Corte Suprema, que en febrero de 2004 fue clara: “el juicio penal debe tener por base una acusación concreta y oportunamente intimada”. Ese es el rol del fiscal, un rol que se establece en la Constitución Nacional. “No puede abdicar un derecho del cual es titular”, dijo la sentencia.

Coimas en el Senado

Pasaron 13 años para que el TOF 3 absolviera a Fernando De la Rúa y a siete funcionarios de su gobierno acusados en la causa conocida cómo coimas en el Senado. Se sospechó que se pagaron cinco millones y medio de pesos-dolares para aprobar en el 2000 la Ley de flexibilización laboral. Para los jueces, no se pudo probar el hecho. Para el  fiscal de instrucción el transcurso del tiempo  “aumentó la discrecionalidad de los jueces para seleccionar algunas pruebas y desestimar otras”, por ejemplo las del periodista Joaquín Morales Solá. Así lo explicó un informe del CIPCE. El ex presidente Fernando de la Rúa; el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes; los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo, y el "arrepentido" Mario Pontaquarto, todos terminaron absueltos.

El vaciamiento del Banco de Santa Fe

Quinientos millones de dólares es la suma que se estima de la presunta defraudación en lo que se conoce como el vaciamiento del Banco de Santa Fe. La Justicia federal investigó  el vaciamiento de la entidad bancaria efectuado entre 1979 y 1991, que redundó en un “perjuicio del erario provincial, la economía regional y el patrimonio de miles de ahorristas”, según un informe del INECIP realizado junto con el CIPCE.

En junio del año pasado, el juez decidió cerrar la causa por prescripción, es decir, el paso del tiempo. El proceso que se inició en 1990, se extiende aún más si se si se suman los años desde cuando empezó  el vaciamiento. Desde ese momento, transcurrieron 35 años. Después de que los fiscales pidieran la reapertura de la causa en diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Santa Fe ordenó reabrirla.

Sobresueldos

Treinta y cuatro ex funcionarios de la década del 90, entre los que están el ex presidente Carlos Menem,  Maria Julia Alsogaray, Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo, son los imputados en la causa que tiene 10 años desde su inicio en 2004 pero 26 desde el momento en que comenzaron a pagarse los sobresueldos en 1986. La investigación se centra en “sueldos paralelos” que se pagaban con fondos asignados por las leyes secretas a determinados organismos para gastos de seguridad e inteligencia del Estado.

Según cálculos de las pericias en la causa,  unos 466 millones de pesos/dólares es el dinero que se pagó en sobresueldos entre 1989 y 1999. Hasta 2004,  los fondos reservados aumentaron de 143 a 404 millones de pesos/dólares. A fines del año pasado la Cámara de Casación anuló 24 procesamientos y embargos. El año que viene recién comenzará el juicio oral contra 9 de los imputados.