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El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, anunció que el gobierno ya puso en marcha un proceso de revisión crítica del nuevo Código Procesal Penal. “Lo estamos haciendo de manera participativa, convocamos a mesas de trabajo en las cuales, con una agenda previa en la que punteamos cuáles son los ajustes que creemos que pueden ser futuras modificaciones, lo planteamos a especialistas, asesores, incluso han venido jueces, funcionarios, algunos fiscales, o personas que nos hacen llegar sus intereses”, indicó el funcionario.

Aunque la puesta en vigencia del cuerpo normativo estaba prevista por la anterior gestión para el 1 de marzo, a fines del año pasado, el gobierno encabezado por el presidente Mauricio Macri sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que frenó su implementación.

Frente a esto, Casares insistió en que ahora el objetivo de la gestión es realizar un proceso amplio de diálogo. Como ejemplo, recordó que cuando fue el tratamiento anterior, se hicieron audiencias públicas en las que especialistas de diferentes ámbitos expusieron sus puntos de vista pero, por la velocidad del proceso, no fueron tenidos en cuenta. Ahora, en cambio, el funcionario indicó que se están recogiendo esos aportes para sumarlos a la discusión.

Por otro lado, Casares también se refirió a las razones que motivaron la suspensión del Código a fines de 2015. “No hay forma instrumental de hacer esto con la infraestructura que tenés”, dijo. La norma, expresó, no tiene “las herramientas para poder investigar, perseguir y sancionar eficazmente los delitos complejos” y añadió que “hacían falta un montón de acciones concretas que hacen a la implementación de la reforma para que sea exitosa”.

Sobre las falencias instrumentales, Casares apuntó contra aspectos clave de la reforma. El nuevo sistema acusatorio, explicó, “se gestiona mediante audiencias orales”, pero la organización judicial está lejos de poder responder a este cambio. Por caso, indicó que “no estamos en condiciones de videograbar todas esas audiencias para dejar esta metodología de expediente y pasar a una gestión digital de los casos moderna, en el cual si vos como parte apelás la resolución, la alzada que corresponda pueda ver un video o escuchar una grabación y decidir en base a eso, y no a un acta que después se hace”.

Además, el funcionario repasó otros puntos sobre los que buscarán avanzar. En ese sentido, dijo que agregarán un capítulo para investigar y perseguir los delitos complejos, donde incluirán las figuras del arrepentido y del agente encubierto. También indicó que darán “mucha más participación activa a la víctima, para que sea notificada e incluso en el caso de que quiera ser oída cada vez que los casos vayan a ser archivados”.