Infojus Noticias

Nancy llegó a Argentina desde Paraguay para trabajar como empleada doméstica. En 2011 tenía tres hijos de 8, 7 y 4 años. Como Nancy no había aprendido a leer ni escribir, firmó un papel que no sabía lo que era y le entregó a una mujer la tenencia del más chico de sus niños. Quería recuperarlo pero para eso necesitaba juntar dinero para pagar un abogado. Un hombre de nombre Marcos le había prometido un empleo en la localidad de Media Agua, en San Juan. Cuando llegó al lugar, con un pasaje pagado por Marcos, se dio cuenta que la habían engañado otra vez: tenía que hacer “copas”. Se quejó y la trasladaron a Caucete donde, además de ser explotada sexualmente en el prostíbulo “Frasse”, estaba obligada a trabajar en la cosecha.

El testimonio de Nancy—que no se llama así pero la nombramos de esa manera en esta nota—es uno de los casi cien relatos que recolectaron las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando intervinieron hace tres años en una de las causas por trata sexual más grandes del país de los últimos tiempos. El juicio comenzó en abril y está entrando en su recta final. En el banquillo de los acusados están sentadas 17 personas, de distintas edades y procedencias, que llegaron al juicio con prisión preventiva. Todas las cifras de este juicio evidencian su magnitud: a las audiencias fueron convocados alrededor de 200 testigos.

“Es uno de los casos más paradigmáticas y en el juicio está quedando probada la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En la mayoría de los casos hubo trata y explotación sexual. En cada uno de los lugares había aprovechamiento, engaños y amenazas”, dijo a Infojus Noticias el fiscal general de San Juan, Francisco Maldonado que representa al Ministerio Público Fiscal en el debate oral.

Una red entre prostíbulos y departamentos privados

“Olev”, “Las Bóvedas”, “Luz Verde”, “Frasse”, “Las Cabañitas” y “Piratas del Cabaret” se escondían bajo la fachada de “confitería”, “whiskería”, “bar nocturno” o “cabaret” pero eran prostíbulos donde había 57 víctimas de trata sexual. En 2012, fueron rescatadas en un mega allanamiento en 13 prostíbulos y los llamados “departamentos privados”. Entre ellas había una menor de edad. El expediente judicial es una estampa de cómo funciona, bajo la sombra de la ilegalidad, el sistema prostibulario en el país. Las víctimas provenían de distintas provincias de Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana. La mayoría de ellas eran madres solteras con hijos a su cargo, mujeres sin educación formal. Muchas de ellas rotaban entre los distintos locales y, también, eran trasladadas a prostíbulos de otras provincias.

Según el entrecruzamiento de teléfonos celulares y agendas de los proxenetas, los investigadores llegaron a la conclusión que los explotadores se conocían entre sí. Las mujeres estaban en departamentos conocidos como “privados”, concentrados en San Juan capital, y distintos prostíbulos ruteros, algunos de ellos en zonas precordilleranas. Los locales, además, estaban distribuidos en cinco localidades. No tenían restricción para salir pero estaban en lugares aislados y sometidas a mecanismos de control muy precisos. La mayoría de las víctimas había llegado al país con la expectativa de ir a Chile y trabajar en restaurants o como empleadas domésticas. Primero pasaban por la provincia de Mendoza y luego arribaban San Juan, tras ser rechazadas en la frontera.

Descuentos, pulseras y una serie de reglas

Casi todas las víctimas declararon que estaban en los lugares por su propia voluntad. Sin embargo, las pruebas recolectadas demostraron que habían sido aleccionadas en sus discursos. Los patrones de la explotación sexual eran evidentes: cuadernos con descuentos del 50%, listas de deudas por pasajes de los micros, combustible para transportarlas, comida, cigarrillos, remedios y estudios médicos, secador de pelo y hasta el maquillaje.

Los prostíbulos tenían sus propias reglas. No podían negarse a ningún “pase”, tenían que vestirse con “ropa sexy”, al “cliente” había que llamarlo “papi” o “mi amor” y tenían que consumir la mayor cantidad de tragos posibles, entre otras normas. Las mujeres llevaban en sus muñecas pulseras de distintos colores para distinguir “pases” de “copas”.

A lo largo del expediente quedó evidenciada la protección policial con la que contaban los proxenetas. De hecho, en uno de los múltiples allanamientos, los investigadores encontraron en un prostíbulo a un efectivo policial uniformado perteneciente a la Policía de la provincia de San Juan. “Ha quedado suficientemente claro que cada uno de los lugares identificados e investigados en este expediente es un lugar en el que se explotó sexualmente la prostitución de mujeres”, escribieron en el pedido de elevación a juicio la fiscal Federal subrogante de San Juan, Katia Troncoso, junto al titular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo.

En ese mismo escrito, los fiscales cuestionaron “la existencia de una normativa provincial y municipal ambigua que pareciera dejar un lugar para la generación de prácticas ilegales de regulación de la explotación sexual”. El Tribunal Federal está integrado por los jueces Juan Carlos Turcumán, Raúl Fourcade y Carlos Parra.  Las audiencias ya comenzaron  y declaró la mayoría de los imputados. El 27 de agosto fue la última jornada en la que hablaron algunas de las víctimas. Además, testimoniaron ante los jueces un policía y tres profesionales del Programa Nacional de Rescate a través de videoconferencia. Ratificaron el informe elaborado al momento de intervenir en los procedimientos y, a su vez, detallaron la situación de vulnerabilidad de las mujeres rescatadas, las condiciones de vida de las víctimas extranjeras respecto a sus países de origen y cómo llegaron a la Argentina para terminar siendo explotadas en la provincia de San Juan.

La punta del ovillo de la investigación fue una denuncia hecha por la asociación civil “Foro No a la Trata San Juan” ante la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina. Después de tareas de inteligencia, el 14 de abril de 2012 el juez Leopoldo Rago Gallo, a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Juan, pidió que se allanaran 16 prostíbulos. “Estamos preocupados porque hace una semana se dictó sentencia en la que se absolvió a dos imputados por trata de personas de una niña de 14 años Su hermana y su cuñada la vendieron y ella se escapó”, dijo a Infojus Noticias María Arroyo del Foro NO a la Trata San Juan. A fines del mes pasado, los mismos jueces que hoy abordan la Megacausa, absolvieron a los cuatro acusados de intentar vender por 10.000 pesos a una menor de 14 años en 2012.

MAF/JMM