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Como cada 17 de marzo desde hace 23 años, hoy a las 14.50 volverá a sonar la sirena que recuerda a las 22 personas que murieron bajo los escombros de la embajada de Israel, en el barrio porteño de Retiro, en la esquina de Arroyo y Suipacha. En el acto los familiares volverán a reclamar avances que no se reflejan en el expediente, por lo menos desde 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió “seguir adelante con la investigación” que, sin detenidos ni pistas firmes, instruye desde 1992.

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Competencia exclusiva. Por mandato constitucional, como el atentado afectó a una delegación extranjera, la investigación está desde sus inicios en manos de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces está caratulado como “sumario instruido en la comisaría 15 por averiguación de los delitos de explosión, homicidio y lesiones calificadas y daños con motivo del atentado a la embajada de Israel”. Primero se tramitó en manos de su entonces presidente, Ricardo Levene. Y tras la renuncia de Levene en 1995, pasó a manos del pleno del tribunal, hasta agosto de 1997, cuando crearon una Secretaría Especial para el caso.

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La pista paquistaní. Tres días después del ataque, cuatro ciudadanos paquistaníes fueron detenidos. Un taxista creyó reconocer en uno de ellos a un hombre que, manejando una moto, lo cruzó en la zona de la embajada, minutos antes del atentado. Una semana después los liberaron: informes pedidos a la SIDE y a un “experto norteamericano” dieron por tierra esa hipótesis. Continuaron sin embargo vinculados a la causa durante siete años, hasta que resultaron sobreseídos.

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Los primeros veinte cuerpos. Según un informe elaborado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están dedicados a recoger testimonios de vecinos que sufrieron daños materiales o a constatar formalmente los fallecimientos y la cantidad de víctimas heridas. En el cuerpo XII, por ejemplo, hablan 26 propietarios de autos y en el siguiente, 87 vecinos relatan daños en sus propiedades. A casi seis años del atentado, cuando se creó la Secretaría Especial, algunos testigos presenciales todavía no habían declarado.

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Sentencia de “medio tiempo”. Luego de siete años y nueve meses, el 23 de diciembre de 1999, la Corte dictó una sentencia “interlocutoria” o “de mitad de tiempo”. Allí se consideró probado que una camioneta Ford F-100, cargada de explosivos, se estrelló contra la sede diplomática, y no como afirmaba Levene que hubo explosivos en el interior del edificio. Y también que los fallecidos eran 22, y no 29 como se informó inicialmente.

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Jihad Islámica. En el punto 298 de esa sentencia, basada en versiones difundidas en periódicos islámicos, cables de la embajada argentina en el Líbano e informes de Interpol y embajadas de otros países, la Corte consideró que el atentado fue organizado y perpetrado por la Jihad Islámica, brazo armado del Hezbolá. 

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Los prófugos. Con la hipótesis que involucra a Hezbolá confirmada en la sentencia de medio tiempo, el máximo tribunal emitió un pedido de captura internacional para el libanés Imad Mughniyah, jefe de seguridad exterior de Hezbolá, y luego para el colombiano Samuel Salman, alias "El Reda". El jefe de Hezbolá, conocido con más de trece alias, habría muerto en Damasco, Siria, hace ya casi cinco años, en manos de un operativo militar presuntamente ejecutado por fuerzas israelíes. Oficialmente, su deceso no ha sido confirmado en la causa, y sobre ambos continúa abierto el pedido de captura internacional.

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El vínculo con la causa AMIA. Los primeros datos sobre el jefe de Hezbolá, Imad Mughniyah, llegaron a la Corte de mano del testigo “A”, cuya declaración fue tomada por el juez federal Juan José Galeano, en condiciones de ir a juicio este año acusado de desviar la investigación del atentado ocurrido en 1994 en la sede de la AMIA. El otro imputado, Salman, también aparece involucrado en el atentado a la AMIA. Desde 2009 pesa sobre él un pedido de captura en la causa AMIA, donde se sospecha prestó colaboración para el ingreso y la permanencia de los ejecutores del atentado.

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“Seguir adelante con la investigación”. Así lo resolvió en 2006 la Corte integrada por Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen Argibay. El padre de una de las víctimas, Carlos Susevich, presentó un escrito pidiendo que el caso no prescribiera. El cuerpo de Liliana, su hija, había sido encontrado entre los escombros 48 horas después del atentado. Los integrantes del supremo tribunal negaron que la causa pudiera prescribir, y reiteraron el pedido de captura internacional para Mughniyieh y Salman.

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Criminalidad del terrorismo sagrado. El mismo año que la Corte confirmaba la continuidad de la investigación, Fayt, miembro de ese cuerpo desde 1983, le indicó a sus pares que estudiaran los pormenores del caso en “Criminalidad del terrorismo sagrado”, el libro sobre el atentado que escribió en 2001, y publicó la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Por ese texto, Fayt fue demandando en 2010 por “daños y perjuicios” por un ciudadano iraní que había sido nombrado en la obra. El año pasado la Corte -integrada por conjueces- confirmó una sentencia de Cámara que consideró prescripta la demanda iniciada contra Fayt, porque la denuncia fue hecha varios años después de que se publicara el libro.

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Una nueva mención a Hezbolá. Este año, el presidente del máximo tribunal volvió a mencionar a Hezbolá y consideró el atentado como “cosa juzgada". El reclamo de los familiares obligó a la Corte a publicar una aclaración: solo se habría demostrado “cómo ocurrió el atentado” y “la responsabilidad penal de sus autores”, para los que hay pedidos de captura internacional, pero ninguna detención.

 MB/RA