Infojus Noticias

Sin pistas firmes ni detenidos, hace casi 23 años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene a su cargo la investigación del atentado a la Embajada de Israel. El expediente donde se investiga la explosión que el 17 de marzo de 1992 borró del mapa la sede diplomática está plagado de imprecisiones. Por ejemplo: recién en 1999 –cuando se creó una Secretaría Especial para seguir el caso- el máximo tribunal informó el número exacto de víctimas. No habían sido 29 como se dijo inicialmente, sino 22. Desde esa secretaría indicaron a Infojus Noticias que por indicación del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti se encuentran “trabajando en el expediente”, que mantienen en reserva por razones de “secreto de sumario”.

El expediente 143/1992 ingresó a la Corte el 24 de marzo de 1992. Desde entonces está caratulado “sumario instruido en la comisaría 15 por averiguación de los delitos de explosión, homicidio y lesiones calificadas y daños con motivo del atentado a la embajada de Israel”.

Las primeras fojas de ese expediente, que ya supera los 250 cuerpos, acumulan imprecisiones y el sistemático rechazo a las pruebas que pedían los familiares de las víctimas, únicos impulsores de la causa. Durante esos primeros años, la causa estuvo liderada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Levene (hijo), hoy ya fallecido. Por entonces sin explayarse sobre los fundamentos, la Corte rechazó cada pedido presentado por los querellantes para que le tomaran declaración a los policías de la Federal que ese día se ausentaron de la custodia (porque se retiraron antes o porque llegaron después). Tampoco hicieron lugar a los pedidos para convocar a los integrantes de la empresa encargada las obras de remodelación en el edificio.

A los cuatro años del atentado, Levene abonó la teoría de implosión y desató el escándalo. Los peritos descartaron la posibilidad de que la bomba haya sido accionada desde dentro de la embajada y, al poco tiempo, los peritos indicaron la presencia de una camioneta Ford F-100 cargada con explosivos. La discusión pareció zanjarse en 1997, con la creación de una Secretaría Especializada para investigar el caso. Al frente quedó Esteban Jorge Canevari.

Una camioneta bomba. Es el único dato que se sabe, y no mucho más. No se pudo determinar dónde habría estado escondida los días previos, dónde se le colocaron los explosivos ni cómo se consiguieron. Tampoco quién fue el supuesto suicida, cómo entró al país y quiénes lo ayudaron en el plan terrorista.

En 1999, Canevari señaló al jefe militar de Hezbolá, Imad Mughniyieh, y pidió su captura internacional. Argentina se sumó así a la lista de países, que como los estadounidense, buscaban al jefe militar que luego fue vinculado con Al Qaeda. Pero su asesinato en 2008 dejó esta pesquisa inconclusa. El secretario descartó la hipótesis inicial, que había tenido como imputados a cuatro ciudadanos paquistaníes (Mohammad Nawaz, Azhar Iqbal, Mohammad Azam y Mohammad Nawaz Chaudry) que llegaron incluso a estar detenidos en los primeros años de la investigación.

En 2006, la Corte integrada por Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen Argibay volvió a avalar el trabajo de Canevari. El padre de una de las víctimas, Carlos Susevich, presentó un escrito pidiendo que el caso no prescribiera. El cuerpo de Liliana, su hija, fue encontrado entre los escombros 48 horas después del atentado. Los integrantes del supremo tribunal negaron que la causa pudiera prescribir, y reiteraron el pedido de captura internacional para Mughniyieh.

Criminalidad del terrorismo sagrado

En 2006, cuando Lorenzetti habló de dar nuevo impulso a la investigación, Fayt, miembro de la Corte desde 1983, le indicó que estudiara los pormenores del caso en “Criminalidad del terrorismo sagrado”, el libro sobre el atentado que escribió en 2001, y publicó la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Por ese texto Fayt fue demandando en 2010.

El ciudadano iraní radicado en Argentina, Iamanian Khosrow, lo acusó por “daños y perjuicios”. Fayt lo había nombrado en el libro y se consideró perjudicado por eso. En 2013, la Corte Suprema certificó que “no se ha adoptado temperamento procesal alguno contra Khosrow Imanian”, ni en la causa por el atentado de la embajada, ni en el de la AMIA, donde también había sido mencionado.

El año pasado la Corte -integrada por conjueces- confirmó una sentencia de Cámara que consideró prescripta la demanda iniciada contra Fayt, porque la denuncia fue hecha varios años después de la edición del libro. “No puede admitirse que ahora el actor pretenda que se considere la fecha del 7 de octubre de 2010 en que dice haber adquirido el libro en cuestión”, fallaron los jueces Mariano Borinsky, Marina Cossio, Mario Osvaldo Boldú, Jorge Villada, Alberto Criscolo y Juan González Macías, ante la recusación de los jueces que entonces integraban el máximo tribunal.