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Luciano Arruga, desaparecido por la policía en 2009, había dejado el colegio pero era curioso, y en un cuarto de hotel donde vivió había empezado a leer a Julio Verne. Le habría gustado estudiar guitarra, hacer boxeo e ir a la cancha a ver a River, pero no podía, ni siquiera trabajando hasta doce horas continuadas en una fundidora de metal para hacer hebillas de zapatos. “Es el hecho más grave de violación a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires” asegura el abogado del Cels Maximiliano Medina.

6 de marzo de 2009. Se organiza en Lomas del Mirador una marcha para reclamar justicia por el asesinato del profesor de educación física Hernán Landolina y el florista de Susana Giménez Gustavo Lanzavecchia. Las cámaras de televisión desestimaron a los familiares de Luciano Arruga que llegaron hasta allí para pedir su aparición con vida.

Abril de 2009. - Es desplazada la fiscal de la causa Roxana Castelli, acusada de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento, que Vanesa Orieta ya había señalado en su primera declaración como sospechosos de la desaparición de Luciano. El año pasado, el Cels, APDH La Matanza y la familia, le iniciaron un juicio político a ella y a la fiscal Celia Cejas, pero el expediente avanza lento.

 -Los registros de localización de los patrulleros revelan que dos móviles estuvieron dos horas y media en un predio llamado Monte Dorrego. Un perro adiestrado olfatea rastros de Luciano. El rastrillaje ordenado por la fiscal Celia Cejas no relevó todo el campo, los informes del georradar tardaron muchísimo y no quedaron constancias en un acta. “Se hizo tan mal que tuvo que repetirse a los dos años”, dijo a Infojus Noticias Maxi Medina, el abogado del Cels que lleva adelante la querella. “El día que se iba a comenzar, un abogado anunció que había un testigo que sabía dónde estaba Julio López. Todo fue falso, pero el georradar se utilizó allí y demoró diez días el segundo rastrillaje”.

Julio de 2009. Una pericia determina que los libros de detenidos que llevaba la dependencia estaban adulterados. Había nombres tachados, incluso con corrector, la noche de la desaparición de Luciano y otras anteriores. El Ministerio de Seguridad provincial no sancionó ningún policía.

3 de agosto de 2009. Dos jóvenes irrumpen en vivo ante las cámaras de CQC con una bandera que exigía el esclarecimiento del caso. Son retirados por personal de seguridad al aire, y criticados por los conductores. Una semana después, el programa hace un informe sobre el tema y el caso llega a la televisión.

Agosto de 2012. En medio del estancamiento de la pesquisa, y luego de varios pedidos, el gobernador Daniel Scioli recibe a la familia, acompañada por APDH La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria. Prometió donar el Destacamento a familiares y amigos para que levanten un centro cultural y un sitio de memoria, condenar públicamente la desaparición de Luciano y exonerar a los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador sospechados de su tortura y secuestro. Cumplió parcialmente, mucho tiempo después.

7 de enero de 2013. Detienen y exoneran a Julio Diego Torales, en el marco de una causa paralela que investiga “severidades y vejaciones” contra Luciano, en la misma dependencia, en septiembre de 2008. “¡Vos me pegabas mientras otros dos me sostenían!”, dijo Luciano cuando lo soltaron, según contó su madre Mónica Alegre.

9 de enero de 2013. A pocos días de cumplirse el cuarto aniversario de su desaparición, el juez criminal de La Matanza, Gustavo Blanco, declinó su competencia y la causa pasó al fuero Federal. La recibe el juez federal de Morón Juan Pablo Salas. Además, la causa se recaratuló de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.

1 de febrero de 2013. Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego son pasados a disponibilidad. El fiscal Carlos Stornelli, los había pasado en abril de 2010 -siendo ministro de Seguridad de la provincia- cuando el caso aún repicaba en la prensa, pero en julio de ese año los reincorporó en otras jurisdicciones.

2 de octubre de 2013. Varios meses después del traslado de la causa, llega un legajo reservado que demostró que la fiscal Cejas había intervenido el teléfono fijo, y los celulares de Vanesa Orieta, Mónica Alegre –su madre- y sus abuelos, sospechando que sabían dónde estaba. “Los intervino desde que tomó la causa y durante un año y medio. Ahí cerró el círculo de impunidad: entendimos por qué no está Luciano”, denuncia el abogado querellante.