Infojus Noticias

Esta semana se cumplieron seis meses desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un paquete de seis proyectos de ley para democratizar la justicia, que dos días después ingresaron al Congreso. Desde aquel anuncio se impulsaron encuentros en todo el país, se transitó el debate parlamentario y se sancionaron las leyes. Cautelares antes y después, fallos adversos a la democratización y hasta una acordada de la Corte Suprema en la que se dejaron sin efecto los cambios que quedaban en pie. La reforma quedó estancada, pero se instaló la discusión. En seminarios y universidades se debate el rol de la Justicia, y tanto desde el colectivo Justicia Legítima como desde la misma Corte, distintas comisiones comenzaron a elaborar propuestas.

Las reformas trascienden los tribunales, y abarcan todo el espectro del derecho. No sólo se trata de discutir la organización del Poder Judicial. También se debate el modo en que se realizan los procesos –penales y no penales- y la reforma de los códigos de fondo. Mientras en varias provincias avanzan en la adopción del juicio por jurados para el juzgamiento de los delitos más graves; Justicia Legítima propone adoptar un nuevo Código Procesal Penal, el Congreso trata el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, la Corte Suprema convoca a comisiones de jueces y operadores judiciales, y una comisión especial presidida por Eugenio Zaffaroni trabaja en la redacción de un nuevo Código Penal.

El Código Civil y Comercial

Una comisión especial creada en el Congreso de la Nación reunió a quince diputados y quince senadores de los distintos bloques para trabajar sobre el proyecto y elaborar un texto final y consensuado. La diputada del Frente para la Victoria Diana Conti, preside esa comisión, y aseguró a mediados de septiembre que “la voluntad de todas las fuerzas políticas es de llegar a un acuerdo en todos los temas”, en un diálogo con Infojus Noticias, y anticipó en exclusiva que la idea era encarar la sanción del Código antes de fin de año.

El anteproyecto fue elaborado por una comisión encabezada por Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la que participaron Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta del máximo tribunal, y Aída Kemelmajer de Carlucci, jueza de la Corte de Mendoza. Durante la segunda mitad del año pasado se realizaron quince audiencias públicas en distintos lugares del país donde se escucharon cerca de mil ponencias de distintas personas, asociaciones civiles e instituciones, que brindaron su opinión sobre los distintos aspectos de la reforma.

Dos semanas atrás, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, se reunió con los diputados del bloque mayoritario en el Congreso para cerrar los últimos detalles del texto final. En la reunión, el ministro señaló que la reforma prevé “cambios positivos para mejorar la calidad de vida, y todos los derechos personalísimos reconocidos en la Constitución del ‘94”, y consideró que las modificaciones previstas “facilitan el sistema de adopción, eliminan discriminaciones y avanzan en temas de reproducción”.  Conti le explicó a Infojus Noticias que, entre otros temas, se incorporará la personería jurídica de los pueblos originarios, la propiedad comunitaria de la tierra y aspectos vinculados con la concepción de las personas.

“Hoy tenemos un Código Civil y un Código Comercial de más de cien años de antigüedad, con instituciones vetustas, distintas a la realidad que tienen que regular en muchos casos. Esta es una modernización absoluta del derecho privado, que impacta cotidianamente en la vida de todos nosotros”, señaló la diputada. El divorcio, la adopción, la agilización de los procesos patrimoniales y la fertilización asistida son algunos de los cambios que destacó Conti.

Un nuevo Código Penal

En mayo del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que convocó a una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal. La comisión fue conformada con criterio político y apuntando a lograr una pluralidad tal que dote de legitimidad al nuevo texto. La preside el ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, y está integrada por dos presidentes de bloques de diputados del arco opositor: el radical Ricardo Gil Lavedra y el macrista Federico Pinedo. También participa el ex secretario de Seguridad bonaerense León Arslanian y la diputada socialista María Elena Barbagelata.

El coordinador de la comisión, Roberto Manuel Carlés, adelantó en exclusiva para Infojus Noticias que el proyecto está prácticamente terminado y que será entregado próximamente a la Presidenta de la Nación, que encargó el trabajo en nombre del Poder Ejecutivo Nacional. Según indican las fuentes, el proyecto sería enviado al Congreso sin modificaciones del Gobierno, pero no se barajan plazos, dado que antes de convertirse en ley debe atravesar todo el mecanismo parlamentario.

“Sólo se excluyó de la discusión el tema del aborto, que fue una premisa de trabajo acordada desde el inicio, porque se sabe la polémica que despierta el tema y la idea es que el Código en su totalidad no se estanque por una discusión concreta, como le ha pasado a varios de los proyectos anteriores”, aclaró Carlés. El trabajo giró especialmente en torno a la armonización de las penas, para devolverles proporcionalidad. Las distintas graduaciones fueron afectadas por las reformas parciales a lo largo de los años, y terminaron de desequilibrarse con la última gran reforma, impulsada luego del crimen de Axel Blumberg.

Carlés explicó que el nuevo texto integrará la legislación penal especial, es decir, los delitos previstos por leyes especiales apartadas del Código actual; y también “se hará cargo de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, que son muchos”. Se refería a los tipos penales surgidos de convenios internacionales, en materia de lucha contra el terrorismo, lucha y prevención del lavado de dinero, la tratar de personas, corrupción y otros tópicos de relevancia.

Código Procesal Penal

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier de Luca, dialogó con Infojus Noticias sobre el proyecto de Código Procesal Penal que impulsa Justicia Legítima, y por el cual la jueza Laura Garrigós de Rébori –titular de la organización- se reunió con el ministro Alak en los últimos días. La iniciativa retoma el proyecto presentado por el diputado del Frente para la Victoria Oscar Albrieu, que todavía tiene estado parlamentario. Se busca consolidar el principio acusatorio, donde el juez realmente tenga el papel de dirimir un conflicto entre acusador y defendido, y no pese sobre él el curso de la investigación de los delitos. A la vez, se apunta a la lograr la mayor oralización posible del proceso, para acelerar los trámites de los juicios penales, y lograr que las partes vean al juez personalmente.

En la provincia de Buenos Aires ya adoptó el juicio por jurados, y en Santa Fe, el diputado Leandro Busatto presentó un proyecto para seguir los mismos pasos. En Córdoba ya se realizaron más de trescientos procesos con jurados civiles, y la tendencia apunta a que varias provincias implementarán el mismo método. De cumplirse, será una forma más de que la sociedad civil no sólo reclame por la administración de justicia, sino que participe materialmente en ella.

Comisiones de la Corte, y Código Procesal Civil y Comercial

La Corte Suprema convocó a la conformación de comisiones de jueces y secretarios para trabajar en la elaboración de reformas que permitan agilizar el trámite judicial y mejorar la organización del Poder Judicial. El gesto del máximo tribunal demuestra una iniciativa real de abordar un problema que hace seis meses no parecía estar dentro de sus prioridades. El presidente y la vicepresidenta del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, participaron del Segundo Seminario Internacional de “Diálogo Nueva Justicia”, hace menos de dos semanas. Allí, ante la consulta de Infojus Noticias, Highton resaltó la necesidad de implementar mecanismos de mediación y otras formas alternativas de resolución de conflictos para los procesos “no penales”, es decir, los civiles, comerciales, laborales y administrativos.