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Con la consigna #NiUnaVíctimaInfantilMás se hizo esta tarde un abrazo simbólico frente al edificio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El documento que se leyó reclama la efectiva aplicación de la legislación de protección a niños, niñas y adolescentes. También se pide vincular las causas del fuero civil y del penal con la debida asistencia de abogados especializados durante todo el proceso judicial y ampliar los alcances presupuestarios. A diez años de la sanción de la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y  Adolescentes, se elaboró un manifiesto de reclamo para garantizar a las víctimas el debido acceso a la justicia.

El abrazo contó con el apoyo de la Asociación Amanecer, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), la Asociación Abogados por los Pibes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Dirección General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo.

María Elena Naddeo, directora de Niñez, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo porteña dijo a Infojus Noticias que llegó a Tribunales para pedir “que la justicia aplique integralmente la ley nacional 26.061 y escuche a los niños”. Para Naddeo, “la justicia tiene que revisar sus posturas” y generar más capacitación: “Una de las medidas necesarias es que se convoque a los niños a las entrevistas que corresponda antes de firmar una sentencia judicial, ya que esto no pasa y hay muchas sentencias que se firman sin conocer la voz de los chicos. Peor aún, otras que se descartan o rechazan los diagnósticos o las pericias porque se afirma que los chicos fueron manipulados”.

"El Poder Judicial no les cree, muchos testimonios de niños en casos de abuso sexual infantil son descartados, algunos jueces usan el Síndrome de Alienación Parental (SAP), que es falso, por el cual sostienen que los chicos están fabulando o que sus padres pusieron ideas en sus cabezas", agregó Naddeo. Pero reconoció que la ley 26.061 "es una de las grandes leyes de esta década ganada" ya que "organizó un sistema de protección integral de derechos a lo largo y ancho del país, con defensorías barriales y servicios locales de protección".

La integrante de la Defensoría dijo que el caso de los hijos de Rosana Galliano es clave como ejemplo de impunidad. “Ella fue asesinada por su ex pareja y los hijos ahora están viviendo con el asesino: es decir, viven con su papá, que es el asesino de su madre. José Arce tiene sentencia firme con condena a cadena perpetua, pero como es mayor y está enfermo tiene prisión domiciliaria y los hijos a su cargo, mientras los abuelos maternos y los tíos están reclamando”, dijo Naddeo.

Los organismos que se juntaron, a pesar de la lluvia, en Tribunales, reclaman que algunos de los postulados y organismos planteados en la ley – como el Defensor del niño - siguen pendientes. En particular, advierten que los servicios locales de protección de derechos dependen en gran medida de la capacidad económica y política de los municipios, muchos de ellos con otras urgencias y prioridades ajenas a la ley de protección.

Francisco Ghiglino es presidente de la Asociación Amanecer y del programa Abogados por los Pibes. “Vengo junto con muchas organizaciones porque tenemos ganados muchos derechos y accesos, pero lo que está faltando es que verdaderamente se escuche la voz de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos administrativos, judiciales y en la escuela. Es decir, en todos aquellos lugares donde sus derechos pueden ser vulnerados. El abrazo es para visibilizar, sin utilizar a la infancia, la voz de esos chicos que piden ser reconocidos y que su voz sea tenida en cuenta para no revictimizarlos más”, dijo Ghiglino.

“Consideramos que la justicia no escucha los derechos de los niños y los victimiza, ya que los hace revincularse con el progenitor que los ha violado que los abusó. El que paga las consecuencias es el niño o la niña, que además de haber sufrido una violación a sus derechos tiene que seguir con el sufrimiento de la desprotección por parte de quienes deben garantizarle los derechos”, dijo Nora Schulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). De la convocatoria también participaron miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y familiares de víctimas.

El manifiesto que se leyó frente a los Tribunales tiene 15 puntos. Infojus Noticias accedió a ellos:

1. Convocatoria urgente del Consejo Federal de Niñez y Adolescencia, con la participación activa de las organizaciones sociales especializadas en infancia y adolescencia, a fin de evaluar y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley 26.061 en su Décimo Aniversario y de todo el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. Creación de un sistema unificado de registro y difusión de estadísticas oficiales de casos de Abuso, violencia, explotación infanto-juvenil, y todas las otras formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

3. Garantizar a las víctimas el debido acceso a la justicia, capacitando a los operadores judiciales y de seguridad en la atención primaria de los/las denunciantes de hechos de violencia. Facilitar abogados del niño y de familia especializados de manera gratuita y en articulación con áreas académicas de universidades públicas y privadas, que vengan fortaleciendo e implicando a su estudiantado y sus graduados.

4. Garantizar la protección a las víctimas de violencia, para asegurar así que no se violen las restricciones cautelares impuestas por la justicia en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

5. Vincular las causas del fuero civil y del penal, con la debida asistencia letrada especializada durante todo el proceso judicial.

6. Garantizar la obligación de realizar una evaluación psicotécnica a toda persona que trabaje en contacto con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, tanto en instituciones públicas y/o privadas, con el objeto de establecer la idoneidad del recurso y su compromiso con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

7. Jerarquización laboral de los y las trabajadoras de niñez y adolescencia, estableciendo carreras técnico-profesionales con estabilidad y sistema de ascensos, supervisiones institucionales y de casos y capacitación permanente en derechos humanos y procedimientos adecuados para la aplicación del sistema de protección.

8. Creación de más servicios de atención directa, para la contención y el acompañamiento especializado de las víctimas, desarrollo y ampliación de los programas de fortalecimiento de vínculos para las familias.

9. Ampliar los alcances presupuestarios de las leyes protectivas a nivel nacional, provincial y local.

10. Solicitar al Poder Legislativo Nacional la modificación del Código Penal, en todo lo relativo a las situaciones de violencia a efectos de proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

11.Garantizar el cumplimiento efectivo y urgente del art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Art. 5 de la ley 26.061 o concordantes de las leyes protectivas provinciales.

12. Juicio Político a Jueces y Juezas que contradigan el marco normativo de nuestras leyes protectivas con interpretaciones manifiestamente erróneas o antojadizas de la misma, que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes y consecuentemente las leyes protectivas.

13. Urgente adecuación de las audiencias niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta su derecho a la intimidad y la preservación de estos, como sujetos de derechos en todos los ámbitos en los que la niñez y adolescencia transiten.

14. Urgente designación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes postergada desde la creación de la ley 26.061 en su art. 47.

15. Exigir el tratamiento y sanción inmediata de una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, en el marco de un sistema de garantías para adolescentes y jóvenes.

MM/RA