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El juez Norberto Oyarbide reconoció la autonomía de la investigación sobre el enorme operativo represivo que llevaron a cabo fuerzas armadas y de seguridad el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución, conocido como “el Villazo”, y que los militares llamaron Serpiente Roja del Paraná. Al separar las actuaciones y constituir un expediente aparte del de la Triple A, habilitó la posibilidad de determinar la responsabilidad de los directores de la compañía siderúrgica Acindar en el asesinato de 58 personas, la desaparición de más de veinte y la detención ilegal de alrededor de trescientas.

La decisión fue tomada el 23 de octubre, mediante una resolución que permite el curso de la investigación en forma independiente, después de haber formado parte de la megacausa sobre los crímenes de la Triple A que tramita en ese juzgado federal. La denuncia penal contra José Alfredo Martínez de Hoz -entonces presidente del directorio de Acindar- y contra los demás directores de la compañía en 1975, fue presentada en diciembre de 2010 por un grupo de sobrevivientes, o “protagonistas principales de la lucha de la Villa”, como los llamó José Schulman. En un principio Oyarbide unificó la investigación con la de la Triple A porque el operativo había estadio encabezado por esa fuerza paramilitar.

Schulman es el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), una de las asociaciones que promueve la investigación judicial de este hecho junto a otros crímenes de la dictadura. Cauteloso, consideró: “no somos ingenuos y sabemos que falta bastante, pero sabemos también que cuando se abre un hueco como este, está la oportunidad de que haya justicia”.

La decisión de Oyarbide tuvo dos razones principales. La primera, temporal: los hechos de Villa Constitución comenzaron físicamente ese 20 de marzo de 1975, pero se prolongaron incluso después del golpe militar -ocurrido un año después- y durante todo el período en que las juntas militares gobernaron de facto. “Aún después de derrocada María Estela Martínez de Perón, los compañeros que estaban presos continuaron allí ilegalmente”, explicó Schulman.

El operativo represivo de 1975 fue coordinado por Aníbal Gordon, el jefe de la Triple A, pero concilió las fuerzas de la Policía Federal, de la provincial, de la “Guardia Rural”, de Prefectura, de Gendarmería, militares y hasta de efectivos pertenecientes a la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado.

La segunda fundamentación de la autonomía de la causa, según lo que indica la resolución de Oyarbide, es que “prima facie está probado el interés económico de Acindar” en la realización del operativo represivo y el plan sistemático de persecución y detenciones ilegales que se llevó a cabo a partir de ese momento. “Es una innovación conceptual, porque en los casos en que se aceptaba perseguir al empresario, hasta ahora era por la participación concreta en delitos puntuales”, indicó Schulman a Infojus Noticias. Según lo recabado durante los últimos tres años de investigación, “Martínez de Hoz y Acindar tenían la intención de liquidar el monopolio estatal del acero, y a la vez quería doblegar la resistencia obrera”.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tenía mucha fuerza en Villa Constitución. Gran parte de los detenidos, desaparecidos y asesinados, eran militantes sindicales de las fábricas. En el operativo se utilizaron cientos de vehículos de las distintas fuerzas, con un claro objetivo de amedrentamiento hacia quienes pudieran reaccionar apoyando la causa de los obreros. Desde ese 20 de marzo y durante los años de la dictadura, en la Residencia de Solteros de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. Por eso, el próximo paso de la querella es la imputación de todos los directores de Acindar desde 1975 hasta 1982. Oyarbide ya abrió la puerta al enviar oficios a la AFIP y a la Inspección General de Justicia (IGJ) requiriendo las nóminas completas de estos directorios.

“Acindar no era una empresa cualquiera, porque proveyó de cuadros a la dictadura”, dijo Schulman, en referencia no sólo a la incorporación de Martínez de Hoz a la gestión económica del proceso que instrumentó el terrorismo de Estado, sino también a Alcides López Aufranc –entre otros-, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército que reprimió el Cordobazo, y pionero de la escuela francesa de tortura en la Argentina.

Mientras los abogados de la LADH presentan el escrito para pedir la imputación de los directores de Acindar, ya desfilan por el juzgado federal decenas de testigos. Muchos declaran por primera vez en los casi cuarenta años que pasaron desde aquel operativo. “Nuestra lucha está inspirada en un dirigente histórico de Villa Constitución, Carlos Sosa, secretario de la Unión Ferroviaria. Falleció después de que presentáramos la denuncia de 2010, pero no llegó a ver la apertura del juicio. Es un homenaje para él, pero por supuesto para todos los que tanto han peleado por recuperar la memoria y exigir verdad y justicia”, sostuvo el titular de la LADH.