Adelantan la expulsión de una filipina por tener un hijo de dos años en su país
Aunque todavía no había cumplido la mitad de su condena, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que una mujer filipina podía solicitar el “derecho de expulsión” ya que tiene un hijo de dos años que vive en pobres condiciones en su país de origen.
La filipina MVC Castillo, condenada a 4 años y seis meses de prisión en nuestro país, podrá regresar al suyo. Habitualmente al cumplir la mitad de la pena, una persona extranjera puede solicitar judicialmente el “derecho de expulsión”. No era este el caso de María. Pero las defensoras oficiales que tuvieron intervención informaron a los jueces que en Filipinas la mujer había dejado a su hijo —un niño de dos años— al cuidado de su hermana, quien padece “una pobre situación económica” y carece de la guarda legal de la criatura.
En la resolución, los jueces Ana María Figueroa y Raúl Madueño, de la Cámara Federal de Casación Penal, invocaron el interés superior del niño y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres privadas de la libertad, para autorizar la salida anticipada de Villacruz Castillo. Ahora la mujer, que tiene reservado su pasaje aéreo para el próximo 7 de agosto, cuenta los días en una celda de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, donde se encuentra alojada desde abril de 2011.
Patricia García, una de las defensoras oficiales que intervino, adelantó que en este momento se tramitan a su cargo los casos de otras dos mujeres que viven una situación similar a la de la migrante filipina.
La Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación que informó a Infojus Noticias que en más del 90% de los casos de mujeres del sudeste asiático el ingreso al país es al “sólo efecto de la comisión del delito, no tienen familia aquí ni trabajo. Muchas de estas mujeres son detenidas al intentar ingresar como “mulas”, llevando droga entre sus pertenencias o escondida en su propio cuerpo.
En el trámite de expulsión, la defensa explicó que aun cuando no estaban cumplimentados los plazos establecidos en la Ley de Migraciones para autorizar la salida de MVC del país, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su hijo justificaba la medida. Los jueces Figueroa y Maduño, coincidieron pero Luis María Cabral voto en disidencia, dijo que no encontró en el expediente “prueba alguna para acreditar el vínculo familiar”, ni la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el pequeño.
Desde que se inició la labor de la Comisión en 2008, los abogados que brinda patrocinio a los migrantes en conflicto con la ley penal en nuestro país, intervinieron en 1145 trámites de “expulsión”, de las que 303 eran mujeres. Actualmente, esta unidad encabezada por Florencia Andrada, asiste a 166 detenidos que quieren regresar a sus países y cumplir la pena allí, aproximadamente 25 son mujeres.
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