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A las cinco de la tarde, una hora después de anunciado el veredicto, la voz de Carlos Rozansky, el presidente del Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata, sonó desilachada, como sin fuerzas: “Luego de haber oído a las partes querellantes, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas y las últimas palabras de los imputados, el tribunal, con disidencia de Rozansky, pronuncia el siguiente fallo.” La lectura desilusionó a Carlos y Alejandro Iaccarino y a los fiscales federales que acusaron en el juicio: tres años de prisión para Bruno Trevisán, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, y cuatro años para su subordinado inmediato, Jorge Rómulo Ferranti. Por el delito de “vejaciones y severidades” contra los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, en el centro de detención "El Infierno", en Avellaneda, durante la última dictadura.

Unos minutos más tarde, los hermanos emergieron de la sala del público hacia el hall de entrada. Son los sobrevivientes de una familia despojada. Investigadores incansables que durante más de tres décadas retuvieron en su memoria el cautiverio y las torturas, para armar las piezas de ese rompecabezas criminal. Algo de lo habitual, algo que no es la calma sino más bien la templanza, ya no está. “Como fervientes católicos, aceptamos lo que Dios quiso. Desde el punto de vista de hombres normales, vemos que acá hay una terrible injusticia. Que se da en haber presentado durante treinta y pico de años una cantidad de pruebas irreversibles, que en vez de ser un factor desencadenante de una sentencia como corresponde, lo único que sirvió es para reducir todo lo que estaba armado y se le quita en la sentencia todo lo trascendente”, dijo Alejandro, el más cerebral de los hermanos.

“Esto está muy lejos de lo que nosotros entendemos como la verdadera justicia”, enfatizó. Su hermano Carlos no pudo disimular un semblante de derrota. “Yo no me siento para nada identificado con que esto sea una solución a los daños que hemos sufrido, y menos a la pérdida de mi hermano, mi padre y mi madre que durante más de treinta años sufrieron el silencio en los juzgados. Y luego, en estos diez años que fuimos oídos, se han quedado bastante atrás de lo que hemos pensado”, dijo.

“En principio, no estamos conformes en cuanto a la calificación y el monto de la pena. Vamos a esperar a tener los fundamentos para poder analizar las razones de esta diversa opinión del tribunal respecto de la fiscalía y actuar en consecuencia”, dijo a Infojus Noticias el fiscal federal Hernán Schapiro, que adelantó que seguramente recurrirá el fallo por la “gran diferencia respecto de lo que pedimos. La querella de los hermanos Iaccarino y de la Secretaría de Derechos Humanos había pedido 13 años para los dos imputados. El fiscal, sin embargo, entendió que Ferranti tenía cómo agravante la “intervención directa en las reuniones donde se apropiaron de los bienes” y, por tanto, pidió 13 años para él y 11 para Trevisán.

Los dos ex policías están detenidos con prisión domiciliaria hace más de dos años y estarían muy próximos a cumplir la pena impuesta por el tribunal. Según fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aún siguen procesados y detenidos por la causa que se instruye por los delitos cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, otro centro clandestino. El veredicto, construido por el voto mayoritario de los magistrados Pablo Jantus y Pablo Vega –y el voto disidente de Rozansky-, tuvo otros agravantes: tampoco fueron aceptados ninguno de los pedidos de las querellas, entre ellos, la revocatoria de las prisiones domiciliarias con las que los represores llegaron a juicio.

“La figura de vejaciones y severidades es una figura más leve que la de tormentos en cuanto a la intensidad de los malos tratos padecidos por las víctimas. Nosotros fuimos claros en que los hermanos Iaccarino venían siendo torturados desde su detención ilegal en el centro clandestino Coti Martínez, y que la detención en la Brigada de Investigaciones de Lanús no era más que una prolongación de ese circuito de tormentos”, agregó el fiscal Schapiro. “Es una diferencia sustancial en cuanto a la calificación”, concluyó.