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Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, se levantó el 7 de junio y cuando fue hasta la puerta de su casa vio su auto prendido fuego. No es la primera vez que los familiares y amigos del joven que estuvo casi seis años desaparecido en La Matanza denuncian amenazas. “El peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad”, dijeron en un comunicado.

El incendio del Fiat Regata blanco de Vanesa ocurre poco más de un mes de la sentencia que condenó al policía que torturó a Luciano Arruga en un destacamento de Lomas del Mirador. El castigo de diez años de prisión se convirtió en un fallo histórico, porque se trató de la primera condena por torturas en democracia a un policía bonaerense.

“Somos una familia que lucha por la justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más”, relataron en el comunicado en el que denunciaron los hechos. 

Las amenazas a algunos familiares de víctimas de violencia institucional que buscan justicia se repiten de manera calcada en varios casos. En febrero de 2009, cuando Vanesa y una amiga fueron al destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de Luciano, el agente que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa.

Las personas que acompañaron a Vanesa y a Mónica Alegre en todos estos años repiten anécdotas similares: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que los seguían y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas. Cuando habían pasado pocos meses de la desaparición, Mónica había salido a hacer compras y desde un auto le preguntaron: “¿Tu hija está bien?”.

Uno de los testigos que declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º fue amenazado por personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio. “No hablés porque te vamos a matar”, le dijeron. A mediados de 2009, una integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga fue detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada. Allí fue víctima de torturas y abusos.

En abril de 2011, Mónica y sus dos hijos se despertaron a las seis de la mañana con la casa llena de humo. Alguien les había metido una madera prendida fuego adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Esa misma semana, un militante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga recibió en su casa a un patrullero del que bajó uno de los ocho implicados en el secuestro de Luciano: “Desaparecé porque te vamos a matar”.

A los pocos días, un móvil de la comisaría de Lomas del Millón lo paró cuando repartía cuadernos en el barrio 12 de Octubre. Le preguntaron nombre, documento, domicilio e intentaron subirlo a la fuerza. En agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, de 16 años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un uniformado –ambos sin identificación- que circulaban en un auto sin patente y lo venían siguiendo.

Según relatan en el comunicado que se difundió hoy, en enero de 2013 alrededor de las 12 de la noche un militante fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo. Lo soltaron después de varias horas. Durante el viaje lo amenazaron de muerte, lo tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del grupo sin dejar en claro nunca qué querían.

En septiembre del año pasado dos testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador. Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse. Uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados los fue a buscar.

A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, el octubre del año pasado, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, la agrupación que acompañó a la familia desde el comienzo de la causa.

El desaparecido aparecido

La madrugada del 31 de enero de 2009 salió de su casa para ver a su hermana, pero nunca llegó. Se cree que fue detenido en ese trayecto. A las 3.21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la General Paz. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni, donde murió al día siguiente. El adolescente no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre. El conductor dijo que “corría desesperado”, como “escapando”. También declaró un motoquero que estacionó para ayudar. Dijo que sobre la colectora  vio estacionada una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas.

La identificación del cuerpo se logró cinco años y ocho meses después luego de la aprobación judicial del habeas corpus, que puso en marcha los mecanismos de búsqueda del Estado. El recurso había sido presentado por los abogados del CELS en abril. La Sala IV de Casación Penal pidió a Salas “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido”. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, logró identificar el cadáver enterrado como NN. Paradójicamente, lo hizo cruzando las huellas dactilares que le habían tomado a Luciano en su paso por la comisaría donde lo torturaron en 2008, la antesala de su desaparición.

MFA/RA