ACIJ y otras asociaciones presentaron una acción contra el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por las postulaciones al Ministerio Público. Se les cuestiona la falta de independencia y capacitación.
Continúan los cruces por los candidatos del jefe de Gobierno porteño para ocupar el Ministerio Público Fiscal y la Asesoría General Tutelar (AGT). A pocos días del tratamiento de los pliegos en la Legislatura, organizaciones civiles reclaman por irregularidades en la elevación de postulantes. ACIJ y otras asociaciones presentaron ayer una acción de amparo contra el Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad, y esperan que se revierta el proceso. Exigen que se reabra el período de impugnaciones y piden al Gobierno que explique la ponderación.
Lo que denuncian es una “violación al derecho a la información pública, libertad de expresión y participación sustantiva de la ciudadanía en el procedimiento de designación de los magistrados del Ministerio Público de la Ciudad” y piden que se responda a sus observaciones. Argumentan que “la omisión vulnera el derecho a la participación de la ciudadanía en general, que es uno de los pilares básicos de la organización institucional establecida por la Constitución de la Ciudad” y exigen “estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana”. “El desconocimiento exhibido por el Poder Ejecutivo resulta un absoluto desprecio al procedimiento participativo declamado”, sostienen en su escrito.
Aunque la acción no los menciona explícitamente, la polémica es por Martín Ocampo, candidato para la Fiscalía General Porteña, y Yael Bendel, para la Asesoría General Tutelar (AGT). Asociaciones civiles y ONGs habían cuestionado a los postulantes por carecer de la independencia necesaria y por falta de idoneidad. Ayer presentaron una acción de amparo, luego de que el Gobierno desconociera las impugnaciones y elevara los pliegos a la Legislatura.
Ocampo es legislador por el bloque del PRO. Las ONG lo definieron como “un hombre proveniente de las filas del partido gobernante, de estrecha relación con el Jefe de Gobierno” que “difícilmente pueda ejercer esta función con la independencia debida y exigida por la Constitución”, según consta de las impugnaciones formuladas anteriormente.
A la candidata a la AGT Yael Bendel, actual directora del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, se le cuestiona la falta de capacitación para el cargo. “Es evidente que la precandidata no posee la mínima idoneidad técnica para el correcto ejercicio del cargo”, expusieron las asociaciones. “A dicha ostensible conclusión se arriba con sólo observar su limitado Curriculum Vitae”, explicaron hace un tiemo.
Las asociaciones que reclaman son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ACD), la Fundación Directorio Legislativo, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Poder Ciudadano. Consideran que el Gobierno porteño incumplió con su “obligación de publicidad” y piden que se reabra el período de impugnaciones. Lo que exigen, concretamente, es el cumplimiento de la Resolución 381/12, que obliga al jefe de Gobierno porteño a publicar en el Boletín Oficial las razones por las que decide en favor de los candidatos.
El amparo recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 9, a cargo de la jueza Andrea Danas. Según informaron allí, el expediente fue mudado de Juzgado por “motivos que ya se conocerán”, aunque aún no confirmaron dónde tramitará. La Legislatura de la Ciudad fijó una audiencia pública para el viernes, en la que tratarán los pliegos y las impugnaciones realizadas a los candidatos.