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El titular del Registro Nacional de Armas (RENAR) Matías Molle dijo a Infojus Noticias que el proyecto que promueve la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) tiene como objetivo “jerarquizar e institucionalizar las políticas de control de armas” e “impulsar las de prevención de la violencia armada”. La iniciativa para reemplazar al organismo que actualmente preside Molle, cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, y ayer obtuvo un dictamen favorable en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda .del Senado Nacional, quedando así en condiciones de convertirse en Ley.

Las cifras del Ministerio de Salud muestran que entre 2002 y 2012 las muertes por armas de fuego se redujeron en un 45 por ciento, pasando de 4.402 y en 2012 a un total de 2.417. Cifras que desde el RENAR analizan en relación a las políticas de prevención; pero que dada las características del ente requirieron la sanción de leyes específicas. Por ejemplo, la ley que en 2007 puso en marcha el  “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, que promoviendo la entrega voluntaria y anónima (a cambio de un incentivo económico) logró sacar de circulación 107.761 armas de fuego y 774.679 municiones en todo el país.

La creación de la Agencia dejará “en un 100% en manos del Estado las políticas destinadas a prevenir la violencia armada”, precisó Molle y aclaró que el proyecto prevé incorporar el organismo al presupuesto nacional, así como a sus trabajadores. El titular del RENAR explicó que actualmente el organismo se financia través del cobro de formularios y aranceles que pagan los usuarios del registro, cuya administración depende de un ente cooperador de la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP).

“Jerarquizar el organismo es tener más presente la idea de control para prevenir la violencia armada, más allá del registro”, señaló Molle. En “Propuestas para el desarme. Desarmando mitos, construyendo argumentos”, el RENAR informó que a partir de la política de desarme notaron que se suele asociar las armas a una idea de seguridad; pero la información estadística pone en jaque esta creencia y demuestra que “la tenencia de armas, lejos de proteger, aumenta considerablemente la exposición al riesgo tanto del portador como de su entorno afectivo más cercano”.

En ese informe, como ejemplo citan el caso de un niño de 4 años que falleció cuando le destrozó el pecho una bala que disparó el hombre que estaba en pareja con su madre, cuando intentó defender a la mujer de la agresión de un vecino. El hombre disparó contra el piso, y una de esas balas rebotó asesinando al pequeño. En otros casos, un arma puede ser tomada por los niños como un objeto para jugar; mencionan el caso de un nene de 13 años que llevó el arma de su padre a su escuela, en San Justo, y se le cayó y disparó cuando la estaba mostrando a sus compañeros.

Aldana Romano, coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip), una de las organizaciones que integra la Red Argentina para el Desarme, destacó el proyecto que jerarquiza la existencia del organismo. “Es necesario dotarlo de herramientas y recursos para diseñar, planificar y ejecutar un política de control y prevención de la violencia armada”, dijo y remarcó el apoyo prácticamente unánime que tuvo la iniciativa en ambas cámaras legislativas.

Romano advirtió que según las últimas estadísticas del ministerio de Salud, por día mueren aproximadamente ocho personas por el uso de armas de fuego.  Y consideró que dotar de mayor jerarquía al organismo impactará en la consolidación de políticas públicas para prevenir la violencia armada. Para controlar, por ejemplo, “un mercado gris de armas que en algún momento estuvieron registrada pero que por ejemplo, su titular falleció y el arma quedó en su casa, sin que se actualizara el registro. Para controlar eso es necesario dotar un organismo de los recursos necesarios para controlar”, aseguró.

Concretamente la propuesta promueve que la Agencia funcione como un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con “autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado”. Y que, entre sus misiones contemple la "aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos", así como "la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones que se le asignen". Y la creación de un Registro Único de Materiales Controlados cuyo titular será designado por el Poder Ejecutivo. 

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