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El camarista Eduardo Freiler fue apartado de la causa que investiga la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa en la última dictadura cívico militar, por decisión de sus pares de la sala I de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah y Martín Irurzun, con la disidencia de Jorge Ballestero. El pedido de recusación fue presentado por los abogados de los imputados Héctor Magnetto –del grupo Clarín– y Bartolomé Mitre –de La Nación–, luego de que Freiler se mostrara a favor de citar a indagatoria a todos los involucrados.

La defensa de los imputados pidió el apartamiento del juez por declaraciones suyas, hechas vía telefónica, a periodistas del diario La Nación para una nota, en las cuales habría demostrado “enemistad manifiesta” hacia los medios de comunicación implicados en la causa.

“Entendemos que el temor de parcialidad en los recusantes se halla suficientemente acreditado y conduce a que el apartamiento solicitado tenga favorable acogida”, resolvieron en el voto mayoritario los camaristas Farah e Irurzun.

Para ambos, quedó evidenciado “el temor de una posible animosidad de su parte, conformando signos objetivos idóneos para generar dudas razonables que cimienten la desconfianza acerca de su imparcialidad en el caso”.

Por el contrario, el camarista Ballestero votó en minoría contra la recusación, al entender que no se advierte “un supuesto de prejuzgamiento” en el voto de Freiler y que sus consideraciones fueron vertidas en el contexto de un fallo “donde se discutía la existencia de motivos de sospecha” sobre los imputados.

En la causa por Papel Prensa, se investiga la supuesta venta a precio vil del paquete accionario de la empresa fabricante de papel para diarios a un consorcio de medios de comunicación –Clarín, La Nación y La Prensa–, por parte de la familia Graiver. Según la denuncia, esto se habría hecho bajo presiones y luego de secuestros y torturas sufridos por integrantes de la familia en la última dictadura cívico militar.

En marzo de este año, el fiscal Leonel Gómez Barbella había pedido la indagatoria a Magnetto y Herrera de Noble, a Bartolomé Mitre y a Raymundo Juan Pío Podestá –secretario de Desarrollo Industrial durante la dictadura–, y Guillermo Juan Gainza Paz, acusado de ser intermediario entre los empresarios y el Grupo Graiver, propietario de Papel Prensa. Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, los directivos “resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación” yles imputó a los cinco el delito de “extorsión”, contemplado en el artículo 168 del Código Penal.  Además, consideró que la maniobra investigada es constitutiva de un delito de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible.

Pero el pedido fue desestimado apenas un día después por Ercolini y la decisión quedó entonces en manos de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que, en julio, confirmó el rechazo de la medida, con el voto en disidencia de Freiler.

Veintiséis cuerpos

La causa por irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura acumula 26 cuerpos y cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011. Los fallecidos son los represores Emilio Massera y Jorge Rafael Videla; el ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz; el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos; y Bernardo Sofovich, ex apoderado de Clarín.

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Graiver, quien murió en 1976 en un accidente aéreo, en México. A su muerte, el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover. Ambos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder, bajo torturas y amenazas, la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios.