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Un aporte económico del Estado nacional de hasta 240 mil pesos anuales, destinados a solventar el desarrollo de estudios e investigaciones y la difusión de información sobre la represión ilegal y las violaciones a los derechos humanos, se comprometió a efectuar hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, a través de un convenio firmado con la titular de la asociación civil de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela Boitano.

Según explicó Alak, “para el gobierno nacional no hay vuelta atrás en la búsqueda de justicia, porque omitirla significaría ser cómplice del Estado terrorista de la dictadura militar, que puso en práctica una sanguinaria maquinaria represiva ilegal que dejó como legado una generación diezmada y un país devastado”.

Alak consideró que el convenio firmado con la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas significa también “reconocer y valorar el trabajo de una organización surgida en 1976 como respuesta urgente a la desaparición simultánea de 24 personas en Córdoba; que de allí en más profundizó su acción en defensa de los derechos humanos”.

A la firma del acuerdo, realizada este mediodía en el ministerio, asistieron también el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; en tanto que por la Asociación Civil de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas estuvieron además de su titular, Angela Boitano; las representantes Graciela Lois y Sandra Moresco.

Por su parte, los integrantes de la organización explicaron que el aporte económico permitirá “concluir con la digitalización de los archivos de la entidad, que hasta el momento pudo ser concretado en un 60 % aproximadamente” y agradecieron de manera especial la “noble gestión del titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda”.