Infojus Noticias

Cuando el delegado del subte Federico Borgo llegó a su casa en Quilmes el miércoles pasado encontró un mensaje: la puerta abierta, la computadora sin el disco rígido y plata sobre ella. Al día siguiente los metrodelegados iban a hacer pública una gran estafa. Un supuesto puntero del PRO y personal jerárquico de Metrovías habían ofrecido a 350 trabajadores del subte departamentos a través de Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), pero las casas nunca aparecieron. Los damnificados habían pagado entre 35 mil y 150 mil pesos cada uno. Ayer a la noche, Borgo volvió a recibir un apriete. “Terminala con la denuncia”, le gritaron dos matones que lo interceptaron en la calle.

Con el apoyo del legislador porteño José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro), los metrodelegados denunciaron la estafa. Fue el jueves pasado, un día después del “robo” en la casa de Borgo. El caso quedó en el Juzgado 26, Fiscalía 46. Pero los delegados del subterráneo no unieron ese hecho curioso con la denuncia penal hasta ayer a la noche: un auto se puso a la par del de Borgo, iban dos hombres que lo obligaron a frenar, lo bajaron del auto y lo golpearon.  

“Mirá para abajo”, le gritaba uno. “Terminala con la denuncia”, le gritaba el otro. Uno de los matones agarró el celular de Borgo y lo obligó a escribir un mensaje de texto a para el secretario general de metrodelegados, Roberto “Beto” Pianelli. “Basta Pianelli”, tecleó Borgo mientras le apuntaban con un arma.

El delegado del subte presentará una denuncia en el mismo juzgado que tramita la causa por la estafa.

Falsas promesas

Fue su compañero de boletería en la Línea E el que le propuso a Sandra Abergú hacer “un negocio”. Fue a principios de diciembre. 

—Yo sé que estás necesitando una vivienda. Yo tengo un contacto y me anoté en un plan. Sería bueno que vos también te metas.

Sandra pensó que su compañero tenía razón. Hacía poco su casa se había inundado y eso le trajo problemas. Pero a su marido, Daniel De Vega, también boletero pero de la Línea D, la propuesta no le cerraba.

—Gordo, no vamos a tener otra posibilidad de entrar a otro plan —le dijo ella y lo convenció.

Sandra y Daniel sacaron un préstamo y pagaron los 35 mil pesos que les pedían. Para junio o julio de este año, ya tendrían la adjudicación de un departamento en los terrenos de Casa Amarilla. Estaban ilusionados. Fue por eso que cuando la semana pasada se enteraron que era todo una estafa no lo quisieron creer. Recién lo aceptaron al revisar la carpeta de papeles que habían recibido: llevaban la firma de funcionarios del IVC que para diciembre 2014 ya no estaban en funciones.

La historia de Sandra y Daniel es casi calcada a la de los otros trabajadores estafados. La diferencia está en las zonas y los precios. Los terrenos ofrecidos son los de Casa Amarilla (Pi y Margall al 900), Acumar (Luzuriaga 837) y Lafuente 64/70. Los precios oscilan entre los 35 y los 150 mil pesos.

Según la denuncia realizada por intermedio del legislador  Campagnoli, “en la mayoría de los casos, las viviendas ya estaban adjudicadas por una orden judicial o por el IVC”.

Los afectados acusaron de hacer las ofertas a Francisco González (jefe de estacionamiento de la Línea C), Diego Filardi (supervisor de la Línea C), Orlando Costa (supervisor de la Línea C) y Daniel Giraudi (jefe de estaciones de la Línea B). Por otro lado, señalaron a Nicolás Ruso (supervisor de limpieza de la Línea C), quien, según ellos, era el  que “facilitaba el acceso a los modelos de boletos de preadjudicación utilizados para la estafa, en virtud de su relación familiar con una persona que supuestamente trabajaría en la actualidad en el IVC” y a Fabián Ventos como un “puntero del PRO quien tendría relación con la administración del dinero de las ventas”.

Todos ellos fueron desplazados en forma precautoria por la empresa Metrovías.

AS/PW