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Dilma Rousseff llora. En sus manos tiene uno de los tomos del informe de la Comisión Nacional de la Verdad. 4500 páginas que conforman la piedra fundamental para que Brasil empiece a echar luz sobre su pasado más oscuro. 4500 páginas que cuentan el horror vivido por las más de 400 víctimas de la dictadura que azotó entre 1964 y 1985 al país vecino. 4500 páginas que ponen en discusión la amnistía que en 1979 selló la impunidad de sus represores. 4500 páginas destinadas a hacer historia.

José Carlos Días es uno de los abogados que formó parte de la Comisión. Su voz ensaya un español casi perfecto que se tiñe con tonos de portugués. Igual lo hace Paulo Sergio Pinheiro. Los dos piensan cada respuesta cuando tienen que contar los alcances del informe. Sentados en la biblioteca Carmen Lapacó del Centro de Estudios Legales y Sociales cuentan que para ellos, la experiencia de dos años y medio de trabajo fue tan dura como gratificante. Detrás de ellos, cientos de libros sobre derechos humanos dan el marco perfecto para la charla que los miembros de la Comisión mantuvieron con Infojus Noticias. “En Brasil había un mito: que todo lo que pasó en la dictadura fueron accidentes, excesos. Es la primera vez que está fundamentada documentalmente la responsabilidad de una política de Estado”, dijeron los representantes de la Comisión.

“Conformamos ocho tomos divididos en tres volúmenes con un total de más de 4000 páginas. En el primero damos respuesta a lo que la ley nos demandó: establecer los hechos, las circunstancias y la autoría. El segundo es una colección de ensayos sobre grupos que fueron afectados por la represión y el tercer volumen, que es el más grande, son los perfiles completos de las víctimas,  con la indicación de las cadenas de comando responsables de cada hecho”, explicó Días.

–¿Cuáles fueron los resultados del informe de la Comisión de la Verdad?

–Podemos destacar una serie de resultados novedosos –respondió Pinheiro – primero, que esta es la primera vez que se hace una descripción en detalle de las cadenas de comando de la política represivas del Estado. Logramos establecer con documentos la responsabilidad de los generales presidentes, hasta los comandantes militares y los operadores de la tortura. En Brasil había un mito: que todo lo que pasó en la dictadura fueron accidentes, excesos. Es la primera vez que está fundamentada documentalmente la responsabilidad de una política de Estado.

–¿Esto posibilita encuadrar a esos crímenes como delitos de lesa humanidad?

–Con esto queda claro que algunas de las violaciones a los derechos humanos llegan a la clasificación de crímenes de lesa humanidad: por ejemplo la desaparición forzada de personas. Hay también una novedad en el informe: logramos conformar una lista de 377 militares autores de delitos, cada uno de ellos ligados a hechos concretos documentados y reforzados por las entrevistas de las víctimas.

Mirar el pasado para cambiar el futuro

Dilma Rousseff fue Estela, Luisa, María Lucía, Marina, Patricia y Wanda. Todos esos nombres usó mientras militaba en Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares) como nexo entre el comando nacional y los regionales. En 1969 la organización se dividió y ella siguió con un grupo autodenominado “basistas” que se alejaban de los “militaristas”. El 16 de enero de 1970 cayó en manos de la represión durante una cita envenenada. Fue torturada en las mazmorras de la dictadura y sometida a un Tribunal Militar que la condenó a seis años de prisión. Ese pasado que la forjó como militante explica las lágrimas del 10 de diciembre cuando la Comisión

Ella creo la Comisión. El 16 de mayo de 2012 tomó juramento a Cláudio Fonteles, ex procurador general de la República entre los años de 2003 e 2005; Gilson Dipp, ministro del Tribunal Supremo de Justicia; José Paulo Cavalcante Filho, abogado, consultor y escritor; Maria Rita Kehl, psicóloga y Rosa Maria Cardoso da Cunha, abogada criminalista, profesora y escritora. También juraron José Dias, ex ministro de Justicia en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y Paulo Sergio Pinheiro, diplomático y académico de la Universidad de São Paulo.

Pinheiro le pide a su compañero de tareas que sea él el que explique los alcances de las recomendaciones que la Comisión le da al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff para que la información obtenida no quede solo –que no es poco– en un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva. Entonces Días le agradece la palabra y empieza a contar:

–Además del informe, entregamos 29 recomendaciones: la primera es la necesidad de que los militares reconozcan las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron. Después, hay otras como que la amnistía no puede aplicarse a los agentes públicos, sólo debe aplicarse a aquellos que fueron acusados de crímenes políticos. Pedimos que se reconozca esto ya sea por una nueva interpretación de la ley o por una nueva ley. Reconocer que todos los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no sometidos a amnistía. También, cambiar los nombres de los espacios públicos que lleven los de los dictadores y torturadores y retirarle las condecoraciones a aquellos vinculados a la represión.

Pero los 29 puntos presentados no solo ponen el foco en el pasado, sino también en las consecuencias de la dictadura que aún hoy son palpables en Brasil: “sugerimos la desmilitarización de la policía y reformas en el servicio penitenciario”, explicó Días.

–¿La modificaciones en la amnistía del 79 podría implicar el fin de la impunidad?

–Exactamente, la Comisión no es ni un Tribunal ni un Ministerio Público. No nos cabe ninguna iniciativa para judicializar el proceso.

El informe y la sociedad

 –¿Cómo abordaron los medios de comunicación la cobertura del informe?

–Durante estos meses los medios, especialmente la televisión, las radios y los principales periódicos siguieron detenidamente el tema. Pero es una posición ambivalente, porque los grandes medios no quieren que la ley de amnistía sea modificada –explicó Pinheiro.

–¿Y la sociedad?

–La repercusión ha sido positiva. La sensibilización de la sociedad aumentó: se notó en una cosa que no nos esperábamos, la creación de cerca de cien comisiones en estados, municipios, universidades y en los centros de memoria justicia y verdad. Mucha juventud se ha sumado a las actividades por la memoria. Esa fue una de las repercusiones inesperadas, no contábamos con eso –contó Días.

Los dos miembros de la Comisión destacaron las visitas a los centros de tortura como fundamentales en la reconstrucción de la verdad:

–Se hicieron visitas de la Comisión a las instituciones militares y a todos los centros de tortura en Sao Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Pernambuco, Río Grande do Sul, acompañados de las víctimas que prestaron testimonio mostrando los lugares donde fueron torturados o donde presenciaron muertes. Todo esto delante de los militares que acompañaron estas visitas.

–¿Ellos también declararon ante la comisión?

–De los más de 300 militares listados, 200 están vivos: algunos se sentaron, otros no…  y de los que se sentaron algunos hablaron otros se quedaron callados. Pero siempre con una actitud retraída. Nosotros decimos que deben reconocer los errores pasados para limpiar el nombre de las fuerzas armadas, pero esto no es lo que ocurre.

–¿Pudieron establecer vínculos civiles con los dictadores?

–La comisión estuvo más apuntada a describir la cadena de comandos propiamente militares que a profundizar la investigación sobre la colaboración civil. Los empresarios fueron revisitados pero la Comisión no tuvo las condiciones para hacer el mismo tipo de investigación en profundidad. Igualmente, hay uno de los ensayos del informe que habla de esto.

Coordinación internacional

–Las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile –entre otros países– articularon sus políticas represivas con el Operativo Cóndor, ¿Cómo se articulan estas políticas por la memoria?

–En Argentina esta es una cuestión en la que se está bastante más avanzados. Cuando estuvimos en abril en Chile, nos entrevistamos con los jueces responsables de las causas de la Operación Cóndor. Uno de ellos, dijo: “hay un problema hoy que es una especie de Torre de Babel”, cada país tiene sus estudios sobre estos temas y muchas veces se pierden los vínculos de los hechos. Posiblemente este informe sea útil para que en otros países se tenga más claridad sobre ciertos aspectos de aquella coordinación –respondió Antonio de Moraes Mesplé, diplomático brasilero que acompaño a la Comisión en sus tarea, y que se sumó a la charla con Infojus Noticias.

Los tres coinciden en que este informe es un primer paso. Con ellos o sin ellos, la semilla sembrada a partir de la reconstrucción histórica seguirá su curso. “Mucha juventud se ha sumado a las actividades por la memoria”, dicen con un halo de esperanza y la satisfacción del deber cumplido.