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La participación civil de la última dictadura no fue tangencial. Su rol tuvo un peso determinante en las definiciones de fondo sobre la política económica, que terminó modificado el entramado social, industrial y financiero del país. Tuvieron una política activa para, entre otras cosas, equiparar las condiciones y beneficios de las empresas sin tener en cuenta el origen del capital. Incluso apelaron –por orden directa del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz- al concepto de “seguridad jurídica” para otorgar el mismo status a las inversiones locales e internacionales. Eso está detallado en la transcripción taquigráfica del debate sobre la derogación de Ley de residencia del capital extranjero”, de 1973, y la imposición de la Ley de Inversiones Extranjeras, que subsiste desde 1977.

“Si se condicionara, en alguna forma, el poder mantener la proporción relativa del accionista minoritario (que siempre es minoritario porque se hace referencia expresa al capital nacional) se crearía una gran inseguridad jurídica con respecto al futuro y al tratamiento equitativo que se dará más adelante- dijo el secretario de Coordinación y Programación Económica, Guillermo Walter Klein, durante el debate con los hombres de la Comisión de Acción Legislativa (CAL), el 17 de enero de 1977. Ante el órgano de facto que reemplazó al Congreso nacional, Klein hizo una defensa cerrada del proyecto que manejaba el Ministerio de Economía para asegurar la irrupción de una de las leyes centrales del “Proceso de Reorganización Nacional”.

“Lejos de aparecer como meros cómplices, los actores civiles implicados, se muestran aquí como verdaderos co-protagonistas de la gesta y  ‘proceso refundacional’ y ‘reorganizador’. Sus lazos de continuidad con períodos históricos posteriores hacen llegar hasta los tiempos actuales sus lógicas estructurales, con una legislación que de base fue sancionada en aquella época y aún hoy no ha sido cambiada por otra que lleve el espíritu de un nuevo tramado democrático”, concluyó Celeste Perosino, quien encabeza la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí, junto a Walter Bosisio, Bruno Napoli y Santiago Kosiner analizó la documentación encontrada en octubre del año pasado en un depósito del edificio Cóndor, sede del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

Entre esa documentación, que incluye los planes que sustentaron a la última dictadura, se encontraron las actas de los debates de los militares de la Comisión de Asesoramiento Legislativo con los civiles del Ministerio de Economía. Esa documentación, que está disponible en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica fue analizada por el equipo de Perosino, que prepara un segundo tramo del informe sobre informe “Economía, Sistema Financiero y Dictadura”. Infojus Noticias accedió a los tramos centrales de ese trabajo, que se publicará en las próximas semanas.

“Puede verse entonces como se insiste en modificar las condiciones planteadas por la anterior ley -de Radicación del Capital Extranjero, 20.557, de 1973– que estaba fuertemente orientada hacia la protección del capital nacional y un modelo mercado-internista y de desarrollo nacional hacia una equiparación de condiciones y beneficios que no toman en cuenta el origen del capital”, indicó Perosino y precisó: “La finalidad de la profunda reforma inserta en la nueva Ley de Inversiones Extranjeras (21.382) de la dictadura se dirige a generar condiciones de flexibilidad y apertura al capital extranjero como nunca en los treinta años anteriores”.

La presión que ejercieron los civiles se observa en los debates que están detallados en las actas de esa reunión de enero de 1977. No sólo Klein se encarga de agitar el fantasma de la “inseguridad jurídica” para equiparar al capital extranjero con los inversores nacionales, también se preocupa –él y sus hombres- por evitar que se conozca el origen de las inversiones.

En el debate, Klein y un asesor que aparece mencionado por el apellido Cid logran convencer al coronel Tacchi –quien está preocupado por conocer y controlar los resortes decisorios empresariales ligados al capital extranjero- de que ese es un tema menor. Esgrimen para ello el argumento de la “seguridad jurídica”, que finalmente no fue tal porque la ley de la dictadura permite transferir utilidades y dividendos sin ninguna limitación, posibilita el acceso al crédito interno y reconoce la independencia de las casas matrices respecto de las sucursales locales, como si las políticas empresarias no fueran dictadas en los centros de poder.

“Es un tema de expresa preocupación por parte del doctor Martínez de Hoz. El no concibe –y yo comparto el criterio- que una sociedad, año a año, por un hecho casual, con mayor o menor participación de capital extranjero vaya cambiando sucesivamente de carácter, sin que se produzca ningún cambio real en la participación de votos. Entonces, la preocupación fundamental sería la de que se dé una seguridad al carácter nacional o extranjero de la empresa y que no esté sujeto a las variaciones”, dijo Klein.

En ese debate –consideró Perosino- aparece la preocupación del coronel Tacchi de que el capital extranjero pueda comprar, vía testaferros, capitales nacionales y luego determinar el curso de la empresa. Pero Klein insistió en asegurar un mecanismo que permite “confundir” el origen del capital.