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El debate sobre el proyecto de Ley Argentina Digital continuó en el Salón Azul del Senado, con las exposiciones de expertos de compañías de cooperativas y organizaciones que nuclean a asociaciones de telecomunicaciones. Las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que encabeza la oficialista jujeña Liliana Fellner, buscan establecer un nuevo marco regulatorio para las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet y la televisión por satélite y por cable. Sobre esos puntos giró la discusión, que seguirá el próximo martes.

La abogada Graciana Peñafort, quien asesoró en la redacción de la Ley de Medios, consideró que “el proyecto responde a uno de los modelos más avanzados en materia de convergencia digital”, y destacó que se declare “servicio público el uso de redes”. En ese sentido, citó como antecedente "fundacional" la discusión sobre la Ley de Medios, que marcó un "precedente de debate jurídico y político social histórico para ampliar la mirada sobre las nuevas tecnologías y cómo discutir la herencia pesada del poder empresarial. La Ley de Telecomunicaciones, además, apunta al acceso universal y federal de todos los argentinos".

En este sentido, la ex directora de Legales de Afsca, consideró que la iniciativa "responde a los modelos más avanzados de legislación digital" y destacó que "al ser declaradas las telecomunicaciones servicio básico esencial las redes van a estar abiertas".

La jurista sostuvo que “es importante proteger a los pequeños prestadores” de las grandes telefónicas pero le bajó el tono a las denuncias de Gerardo Milman, quien aseguró que el Gobierno impulsa la Ley para ampliar los negocios de las telefónicas. “No hay que olvidarnos de que cuando salimos de la discusión política hay gente que no puede acceder a internet”, planteó.

A su turno, el presidente de Unión de Consumidores de la Argentina, Fernando Blanco Muiño, pidió anular la “fusión de Telefónica y Telecom”: “son dos empresas con nombre de fantasía pero responden a un mismo dueños, Telefónica de España”, indicó.

Desde ADECUA dispararon contra las empresas de telefonía móvil. “Me llamaron para decirme que iba a sufrir un aumento en la telefonía celular por un acuerdo entre Movistar, Personal y Claco. Más cartelización que eso… ¿Quién avala todo eso?”, protestó Sandra Giménez. “Son estos los que no nos pueden dar el 3G y nos quieren dar el 4G. Es disparatado. No hay competencia”, remató.

En representación del Sindicato de Trabajadores de TIC, Guillermo Defays presentó a los senadores un proyecto del gremio para mejorar la actual Ley de Telecomunicaciones y pidió no legislar por disputas “intermonopólicas”, en alusión a las críticas de que el proyecto beneficia a Telefónica y perjudica al Grupo Clarín.

Asimismo cuestionó que las definiciones sobre la autoridad de aplicación son “ambiguas” y que el proyecto “no plantea en ningún lado una autoridad de control, que son dos cosas distintas”.

Protección a las cooperativas

La Cámara Argentina de la Telefonía IP expuso una larga disertación sobre el concepto de interconexión. Según el titular de la entidad, Franco Cecchini, el proyecto rescata el concepto de "desagregación del bucle del abonado, por el que nuestra institución está luchando hace más de veinte años". En este punto coincidió Rafael Sánchez, de la Federación de Cooperativas Telefónicas de Argentina -que representa a 260 cooperativas telefónicas de todo el país- quien calificó como "positivo regular la convergencia de servicios". En apoyo a la ley, dijo que avala la regulación del Estado tanto en la apertura de acceso como en la desagregación de redes.

Ambos expusieron un punto clave sobre la mesa de debate: que las pequeñas cooperativas no sean dominadas por las empresas. “Observamos durante años cómo las grandes telefónicas se apoderaron del mercado con el apoyo de grandes cooperativas, que se llevaron la torta del negocio”, dijo Cecchini.

Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre, dijo que la  Ley de Telecomunicaciones es  "una deuda central de la democracia" y propició que las Pymes participen del debate central sobre el uso de las tecnologías.  "La ley es tan esencial como la ley de medios, que llevó una enorme discusión", sostuvo, y consideró que "si bien es cierto que hay que democratizar la palabra, también es importante poner atención en quién la lleva" porque "sino puede convertirse en una trampa".

También opinó que "la comunicación no es un derecho humano, es una condición que nos hace humanos", calificó como "auspiciosa" la ley y destacó que se nota que "quienes la han redactado han puesto el mejor de sus esfuerzos". Alertó que "la cuestión es demasiado compleja para tratarla con apresuramiento" y llamó la atención sobre "la protección de la confidencialidad de las comunicaciones" y sobre las deficiencias en el acceso a Internet y a la red de telefonía celular que se registran en Argentina.

Rafael Sánchez, en tanto, hizo una breve historia de cómo las pequeñas empresas fueron corridas del mercado por la privatización, “que permitió que los monopolios no sólo se quedaran con ganancias exorbitantes sino que no hubieran controles ni ningún tipo de política pública en defensa de nuestros intereses”. 

Por último, Asociaciones de defensa de usuarios y consumidores hicieron críticas al proyecto. Rechazaron que el proyecto de Ley Argentina Digital declare de “interés público” a la telefonía fija y les quite el estatus de “servicio público”, al advertir que esto habilitará aumentos de tarifas sin autorización del Estado, tal como sucede con la telefonía móvil.

“Ahora, alegremente, con esta ley Telecom y Telefónica van a aumentar las tarifas porque dejan de ser servicio público y pasan a la misma situación de lo que hoy existe con la telefonía móvil, que pedimos se declare servicio público”, pronosticó Héctor Polino, de Consumidores Libres.

El exdiputado advirtió que el proyecto “genera mayor concentración en el mercado audiovisual”, al permitirle a las telefónicas brindar servicios audiovisuales. En esta línea, reclamó la creación de una autoridad de control y concluyó: a los usuarios “se los deja más desprotegidos de lo que están actualmente”.

Por su parte, el presidente de Unión de Consumidores de la Argentina, Fernando Blanco Muiño, pidió anular la “fusión de Telefónica y Telecom” porque “son dos empresas con nombre de fantasía pero responden a un mismo dueños, Telefónica de España”.

La lista de oradores continuará durante el próximo martes con la convocatoria de más expositores del sector.

¿Qué se debate?

El proyecto que se debate en la Cámara alta define como “servicio público en competencia” a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como “última milla” o “bucle local”.

Uno de los puntos sobresalientes es el que permite a las telefónicas que puedan prestar servicios audiovisuales. Lo único que deben hacer esas empresas para dar contenidos audiovisuales es tener contabilidades separadas y no ser “anticompetitivas”.

Los licenciatarios audiovisuales podrán prestar servicios de telecomunicaciones a través de la misma red. Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores. Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la autoridad de aplicación que designará el Poder Ejecutivo Nacional, que también definirá qué operadores deben “desagregarse de la red local” o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.

El Frente para la Victoria pretende dar media sanción a la iniciativa el 26 de noviembre y que el tema llegue a Diputados para que sea convertido en ley antes de fin de año, por lo que se descuenta la extensión del período ordinario.