Martín Sabbatella analizó para Infojus Noticias el alcance del proyecto de ley que declara a las tecnologías de la información y comunicaciones como un servicio público, esencial y estratégico. Dijo que complementa a la Ley de Medios en “su esencia democratizadora” y que significa “un paso adelante hacia la convergencia en los medios de comunicación”.
“La nueva norma significa un avance importantísimo para las telecomunicaciones de nuestro país por los próximos largos años, y un paso adelante hacia la convergencia en los medios de comunicación; lo que generará mayor competencia entre las empresas y dará como resultado una mejor calidad del servicio para todo el pueblo argentino”, sostuvo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, en relación al proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo nacional, que declara a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) como un servicio público, esencial y estratégico.
Esta mañana, antes de participar en la apertura del Encuentro de Comunicación Audiovisual Patagónico, que se desarrollará durante dos jornadas en el Hotel Panamericano en Bariloche, Sabbatella habló con Infojus Noticias. Explicó los alcances del proyecto y el impacto para los usuarios de Internet, telefonía y servicios de comunicación audiovisual. En Bariloche participa además, en la inauguración de una nueva delegación del área a su cargo, Delegación Región Río Negro II.
-De aprobarse el proyecto de Ley Argentina Digital ¿cómo puede impactar en la vida cotidiana de los usuarios de telecomunicaciones?
-Es importantísima porque declara de interés público el acceso y el uso de las redes y esto tiene un impacto muy fuerte en garantizar el acceso del conjunto de los ciudadanos a las nuevas tecnologías, la comunicación y la información. Al mundo de la comunicación audiovisual lo potencia, le da nuevas herramientas, amplifica las oportunidades; así que complementa profundamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en su esencia democratizadora. Con esta ley tendremos la posibilidad de que todas las empresas de telecomunicaciones puedan dar todos los servicios y, por lo tanto, esto genera mejores condiciones de competencia en el mercado, mejores posibilidades de acceso.
-¿Cuál es el impacto para los usuarios?
-Al usuario le permite tener garantizado el acceso a todos los servicios de telefonía, de Internet o de audiovisual, por una única vía. Y también acceder a distintas empresas para recibirlos, por lo tanto se amplifica el abanico de posibilidad de elección. Garantizándole también calidad: porque al declararse de interés público, el Estado puede intervenir para fijar estándares necesarios.
-¿Y en los precios?
-Que las redes las puedan utilizar todos, indiscutiblemente tiene una lógica de abaratamiento. O sea que si distintas empresas y distintos servicios pueden circular sobre las mismas redes, eso reduce los costos. Es decir, le da la oportunidad a PyMES, a cooperativas de brindar un servicio sin pensar que tienen que construir nuevas redes, pueden usar las existentes. Entonces, potencia la comunicación en general, pero en el caso de la industria de la comunicación audiovisual concretamente permite que actores pequeños o medianos o cooperativos puedan participar con mayor igualdad de condiciones de partida. Esto indefectiblemente amplía el abanico de opciones para el usuario e influiría en un abaratamiento de los costos.
-El proyecto, ¿profundiza o introduce ajustes en los alcances de la Ley de Medios?
-La ley Argentina Digital no propone ninguna modificación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), no cambia ni una coma. O sea, cualquiera que brinde un servicio de comunicación audiovisual tiene los límites del 35% del mercado, de 24 licencias de cable, de 10 licencias de aire o los límites de superposición geográfica que ya están establecidos en la LSCA. Lo que hace este proyecto es establecer que todas las empresas que tienen redes audiovisuales, de internet o de telefonía, o sea todas las TIC, son consideradas como servicio público. Lo que haría la nueva ley es exceptuar a las TIC, pero el artículo sigue vigente para el resto de las empresas que den servicios públicos de otro tipo.
-¿Cuál es la novedad que introduce?
-Lo nuevo es que todas las empresas de comunicaciones pueden dar servicios de comunicación audiovisual. Una empresa de telefonía puede dar cable y puede dar Internet, con esta nueva ley también podrá dar servicios de comunicación audiovisual sobre esa misma red con los mismos límites que todos: con el límite de 24 licencias de cable, el 35% del mercado, por ejemplo.
-Algunos analistas plantean que en la línea de partida las empresas de telefonía tienen ventajas estructurales. ¿Es así?
-En lo concreto, con esta ley una empresa de telefonía podría brindar servicios de comunicación audiovisual, pero con los límites que mencionaba. El resto de su infraestructura la tiene que poner a disposición de cualquier otro que quiera usar esa red; pero esa empresa solo puede dar lo mismo que puede dar cualquier otro de cable. La novedad es que se le permite participar para marchar a la convergencia; porque aparte el mundo va a la convergencia. Está claro que a tu casa te llega un cable y te llegan todos los servicios y las empresas. Eso es sumamente lógico y el Estado garantizándote estándar de calidad, por ejemplo de velocidad de la circulación de los contenidos es buenísimo. Tanto esta ley, como el ARSAT, el satélite que puso en órbita Argentina, obviamente son pasos fundamentales para ampliar, mejorar y democratizar la comunicación y el acceso del conjunto de la población a eso.
-¿Recibió consultas de los cableoperadores al respecto?
-Estuvieron atentos, quedó claro que no se modifica la LSCA. Lo que queda claro es que hay una oportunidad para las pymes, medianos empresarios y cooperativas: para brindar un servicio sin tener que hacer una inversión para construir una red paralela. Por ejemplo, si una empresa de telefonía tuviera una red que puede conectar 200 ciudades y quiere dar cable, puede hacerlo solo en 24. En 176 restantes no puede porque ya tiene ocupada las 24 licencias o tiene el límite del 35% del mercado. El resto de la red, esas 176 que le sobran está obligado a ponerla a disposición de cualquiera que pueda circular por esa autopista. Porque esa autopista, para seguir con el ejemplo, es de interés público y el Estado regula la tarifa y la calidad para que la gente pueda circular a determinada velocidad; después se pueden subir todos los autos que quieran a esa autopista. Y esto hace que cualquier cooperativa, pyme, emprendedor o cualquier empresa de la zona pueda acceder a esa infraestructura ya existente.