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El nuevo proyecto de ley para regular las telecomunicaciones supone un cambio de paradigma en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). “Argentina Digital” es el título de la ley que propone “comunicaciones para el desarrollo”. Los servicios de telefonía fija, internet y televisión serán accesibles para todos y en todo el país, una vez que el uso de las TIC sea declarado servicio público esencial y estratégico.

Argentina Digital permitirá el acceso equitativo y de calidad a los servicios de transmisión de información de voz, datos, texto, video e imágenes. Declara de interés público el desarrollo de este tipo de tecnologías, y actualiza la regulación de las nuevas tecnologías. Eso dará un impulso a la producción local de aplicaciones para celulares, entre otras actividades económicas.

1. TARIFAS REGULADAS

El Estado regulará las tarifas de interconexión. Eso permitirá que todos los licenciatarios de TIC puedan acceder a la red a un precio justo y equitativo. Las empresas que tienen menor participación en el mercado, ahora podrán brindar servicios de mejor calidad y a precios más competitivos, ya sean pymes, cooperativas o cableros. El ministro de Economía, Axel Kicillof, anticipó que esta regulación “generará más inversiones en el sector”.

2. UN SOLO CABLE

Norberto Berner, secretario de Comunicaciones, explicó que “con un solo cable, los usuarios tendremos acceso a múltiples servicios y empresas, sin necesidad de que nos anden agujereando la pared cada vez que contratamos un servicio”. La ley vigente es de 1972 y apenas regula la telefonía básica. Este proyecto implementa el “triple play” o “convergencia”, que permite acceder a internet, televisión por cable y telefonía fija mediante el mismo cable.

3. VELOCIDAD MÍNIMA

La norma establece una velocidad mínima obligatoria en la transmisión de las redes de telecomunicaciones. El objetivo es garantizar un acceso de calidad y equitativo para todos los usuarios del territorio nacional. Para eso, el Estado podrá obligar a las empresas proveedoras de estos servicios –los licenciatarios de TIC– a conectarse entre sí para un mejor aprovechamiento de las redes. La velocidad mínima será actualizada por el Estado cada dos años.

4. ACCESO EN TODO EL PAÍS

El proyecto está pensado para optimizar el uso de la infraestructura de telecomunicaciones. Las instalaciones de los distintos prestadores formarán una red en todo el país. Al tratarse de un servicio público estarán obligados a garantizar la cobertura. Se logrará mediante una “arquitectura abierta de redes” con interconexión de los distintos actores. Mejorará la competencia entre los prestadores, que estarán en igualdad de condiciones, lo que redunda en una mejor calidad del servicio y mejores tarifas.

5. NO MÁS LARGA DISTANCIA

Se eliminará la diferencia de tarifas entre la corta y la larga distancia nacional, para que ese gasto no se traslade a la factura de los usuarios. Será posible mediante la modificación del fondo del Servicio Universal, que surge de aportes obligatorios de los licenciatarios, y que será ejecutado exclusivamente por el Estado nacional.

La nueva ley producirá un salto tecnológico en las comunicaciones de la Argentina, porque permitirá garantizar la soberanía tecnológica y productiva. El Estado asume un rol de planificador, para incentivar la función social de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De esa forma, quedarán protegidos el espectro radioeléctrico, las redes y otros recursos esenciales para las comunicaciones.

La administración, gestión y control de los recursos satelitales y del espectro radioeléctrico quedarán a cargo del Estado, y por una definición explícita de la ley, se le dará prioridad al uso de satélites argentinos. Además, el texto abre la puerta a nuevos mecanismos de coordinación para el despliegue de las telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Se logrará mediante convenios de cooperación entre autoridades nacionales, provinciales y municipales.

De aprobarse el proyecto, la norma legal redundará en más eficiencia en el servicio y en la democratización del acceso de los usuarios. El Estado ganará herramientas para impulsar la actividad de programadores, desarrolladores de aplicaciones y contenidos audiovisuales.