El Senado firmó hoy en comisión un dictamen favorable a la nueva ley de telecomunicaciones con algunas modificaciones, como la ratificación de la declaración de servicio público para la red de telefonía fija, y la decisión de que las telefónicas no estarán autorizadas a poder brindar servicio de TV satelital ni audiovisual inmediatamente.
En el Salón Illia del Senado, con la presencia de más de veinte legisladores, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión firmó dictamen favorable al proyecto de ley Argentina Digital. En el último debate se realizaron una serie de modificaciones al texto original que presentó el Poder Ejecutivo. La presidenta de la Comisión, Liliana Fellner, se mostró conforme con los contenidos del texto final y adelantó que el proyecto empezará a ser debatido la semana próxima en el recinto. “Después de varias semana, se consagró el derecho humano a las comunicaciones, reconociendo a las Tecnologías de la Información como un factor preponderante para la construcción de una verdadera sociedad del conocimiento. Esta ley se construyó con un debate ejemplar, incorporando las voces de todos los espectros, pero priorizando el bien público y la posición de los sectores más vulnerables, como las cooperativas”, dijo la senadora a Infojus Noticias.
El texto declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC-, lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista. “Se trata de una norma que nos colocará entre los países más avanzados del mundo en materia de regulación de la convergencia tecnológica y la integración de servicios. El Senado recibirá un proyecto de ley aggiornado a los tiempos actuales de la comunicación. Es uno de los pioneros en América Latina”, agregó la senadora.
El dictamen se firmó con una batería de modificaciones respecto al texto original que presentó el Poder Ejecutivo. La más importante es una enmienda que ratifica a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. La primera versión del proyecto la declaraba como de “interés público”, lo que según las cooperativas era una forma de desregular el mercado.
Otro de los cambios trascendentes establece que las telefónicas no podrán prestar servicios de televisión satelital y que su incorporación al mercado de servicios de comunicación audiovisual será gradual, de acuerdo a la reglamentación que establezca la Casa Rosada.
En una actitud que desconcertó a los representantes de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión –que esperaban unas horas más de debate-, los bloques opositores evitaron opinar sobre las modificaciones. Pidieron una semana más de discusión, pero el oficialismo propuso que el debate continúe en el recinto. Ante esa respuesta, algunos legisladores como Gerardo Morales y Norma Morandini se retiraron del salón en disconformidad con algunas de las medidas.
Otras modificaciones
Uno de los puntos clave que se incorporaron al proyecto original fue la cuestión de la accesibilidad. En este sentido, se agregó un capítulo entero referido a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios, como el acceso a las TICs en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”. De esta manera, “se postulan las mismas exigencias de un servicio público para todas las TICs”
Además, sobre el concepto de neutralidad de la red, el oficialismo decidió reemplazar el texto del proyecto oficial por otro consensuado entre todos los bloques. Por otro lado, se estableció que la autoridad de aplicación de la ley deberá garantizar la “competencia y desarrollo de mercados regionales, evitando asimetrías con las grandes empresas”. Dicha entidad también “deberá establecer programas de regularización de las licencias de las pequeñas cableoperadoras del interior, garantizando su continuidad”. El proyecto delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.
A su vez, la norma introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de transmisión que deberá fijar la autoridad de aplicación.
La representación de las cooperativas
El proyecto de ley también buscará proteger a las cooperativas ante el ingreso de las grandes empresas en las redes del interior. “Se ha dicho que Argentina Digital beneficiará a los poderosos de las comunicaciones, pero eso no es cierto. La voz de las Pymes está incluida en los puntos del proyecto. Habrá protección y promoción de derechos y competencias hacia las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas de cable de las provincias”, dijo Fellner a Infojus Noticias.
En la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión se trataron diversas cuestiones sobre las Pymes. Una de las más importantes fue la de incorporar una serie de puntos que se debatieron ayer en una reunión de la Red de Parlamentarios Cooperativistas, encabezada por la senadora María de los Ángeles Higonet. Allí, la legisladora defendió la postura de las cooperativas: “En pos de universalizar las telecomunicaciones en nuestro país, esta ley también protegerá a las pequeñas empresas y las cooperativas para que ellas sigan siendo actores esenciales en la mejora y prestación de los servicios”.
Además, la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) entregó un documento a los legisladores en el que destacan que representan los intereses de unos diez millones de asociados y tres mil organizaciones de base. Como continuación de las propuestas de organizaciones como FECOTEL, FECOSUR y COLSECOR, plantearon algunas revisiones del proyecto. Entre ellas, la existencia de una discriminación positiva a favor de las Pymes de telecomunicaciones y/o TICs de localidades de menos de 150.000 habitantes. Y, a su vez, que “las cooperativas deban quedar excluidas expresamente en el concepto de poder significativo de mercado”.
El documento plantea que “debe ponerse un límite, con discriminación negativa a las licenciatarias para la prestación de servicios audiovisuales directos al hogar (tipo DirecTV), con respecto de otros servicios TICs”. Ariel Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de Argentina, rescató “que los cooperativistas podamos decir que en nuestro país tenemos una red de parlamentarios cooperativistas, lo que es realmente un ícono y marca una punta en el resto del continente. Nuestro esfuerzo es que la comunicación sea un verdadero derecho para todos argentinos”.
Por mejores condiciones de precio y calidad
El dictamen final de Argentina Digital pretende "declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados", garantizando la "completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso" de todos los argentinos "a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas".
El proyecto engloba la prestación de los servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión por cable, excluyendo explícitamente cualquier regulación de los contenidos. En su disertación en el Senado durante el debate público, el secretario de Comunicaciones Norberto Berner aseguró que la Ley Argentina Digital busca mejorar la “competitividad” en el mercado de telecomunicaciones, hoy dominado por pocas empresas, para inducir mejoras en los “precios” y la “calidad” de los servicios.
Berner señaló que existen 1.350 licencias de telecomunicaciones en el país y que sólo “cuatro o cinco empresas llevan el servicio a nuestras casas”. Según dijo, el resto “no tiene acceso a las redes, tiene que construir una red a un precio exorbitante” lo que “no hace más que engrosar el costo final al usuario”.
En este sentido, el funcionario sostuvo que “el objetivo primordial” del proyecto “es que estos 1.350 licenciatarios puedan acceder en mejores condiciones a precio y calidad”. Y explicó: “Un reclamo que tenemos es que los precios por conectarse a las redes de las (empresas) más grandes son exorbitantes. Es algo que vienen reclamando las pymes y cooperativas”.
Por otra parte, Berner negó que el proyecto modifique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -Ley de Medios-, y aclaró que solo exceptúa a las telefónicas de la prohibición de prestar servicios audiovisuales, tal cual lo establece la norma de 2009.