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Una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo inter-gubernamental encargado de la elaboración de estándares globales en materia de combate al lavado de activos– llegará al país la semana próxima para concretar la revisión in situ de las políticas locales en la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo. Entre otras actividades, la delegación se entrevistará con las autoridades judiciales que llevan adelante la investigación sobre la banda de colombianos y argentinos radicada en Nordelta. Están acusados de lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. Además investigan, en Tucumán, al llamado “clan Ale” por lavado de dinero proveniente de la explotación sexual de mujeres captadas por una red de trata.

Esta visita fue programada en el último plenario del organismo en París (en junio de este año) como el paso previo para la exclusión de la denominada "lista gris" que integran aquellos países con "deficiencias estratégicas" y que, por ende, son sometidos a evaluaciones periódicas por parte del organismo. La delegación que llegará a Buenos Aires tendrá como objetivo corroborar el efectivo cumplimiento del plan de acción presentado por el gobierno argentino en 2011, que incluyó una serie de cambios legislativos y administrativos tendientes a adaptar las normas locales a las recomendaciones del GAFI, y cuya gradual puesta en marcha le permitió al país salir de una situación comprometida ante el organismo.

La delegación que llegará a Buenos Aires el próximo 16 de septiembre está integrada por representantes de Estados Unidos, Canadá y Perú. Los integrantes de la comitiva además tendrán reuniones con los actores del sector financiero obligados a reportar operaciones sospechosas y con funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros, entre otras áreas del Ejecutivo.

Casos testigos

En el plano judicial, la comitiva –que dentro del GAFI pertenece al Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional– buscará determinar si la legislación se aplica a casos concretos. Por eso se reunirá con los jueces que investigan al clan Ale y también con quienes llevan el caso del grupo de colombianos y argentinos radicados en barrios privados de Nordelta, sospechados de lavar dinero proveniente del envío de droga a Europa en sociedad con empresarios argentinos. Los encuentros con las autoridades de los respectivos juzgados tendrán lugar en la Cancillería.

El clan Ale, en Tucumán, fue señalado por Susana Trimarco por el secuestro de su hija, Marita Verón, hace ya más de doce años atrás. Basada en el expediente por el secuestro de Marita –en el que diez personas fueron condenadas por obligarla a prostituirse- en esta nueva investigación la justicia federal busca dar con la pata económica de la red de trata. En total son 9 los procesados en esta nueva investigación que dejó  al descubierto una red de testaferros, acusaciones cruzadas y evasión de sumas millonarias. En este expediente, producto de 15 allanamientos, se secuestraron y embargaron con fines de decomiso 60 armas de distinto calibre, 200.000 euros, más de 150 automóviles, 12 cuentas bancarias, más de 30 inmuebles, camiones y acoplados, y se clausuraron cajas de seguridad en bancos.