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Comenzó en Tucumán el segundo juicio por el delito de trata de personas en el que se juzga a una organización, que encabezada por Mercedes “Doña” Medina y su pareja, “El Negro” Ernesto Robles, explotaba dos prostíbulos “históricos” en la capital provincial: “Bar California”, en la zona de macrocentro -cerca de las vías del tren- y “Night Club”, frente a la vieja terminal de ómnibus. A las 9.30, el tribunal integrado por los jueces María Noli (presidenta), Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla abrió el debate donde siete imputados deberán responder por captar, trasladar y explotar sexualmente a dos mujeres encontradas en uno de los locales, en los allanamientos que dieron en 2013 origen a esta investigación.

Es la primera vez que la Fundación María de los Ángeles, que Susana Trimarco creo para buscar a su hija y asistir a otras víctimas de trata, actúa como querellante ante la Justicia Federal, sin representar a una víctima -de manera directa- sino por su labor y experiencia en la persecución de este delito. Esta mañana, el equipo de abogados de la fundación -Germán Díaz, Agustín Aráoz y Belén Blanco- coincidió con la fiscalía y le pidió al Tribunal Oral Federal tucumano que los testimonios de las víctimas se tomen a unas cuadras de la sala donde se desarrolla el debate, en una dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que cuenta con un dispositivo de cámara Gesell.

“Implica un cuidado especial porque se hace en un recinto diferente, la víctima no tiene contacto con los imputados y lo toman profesionales especialmente preparados para eso”, explicó Infojus Noticias Aráoz, en un cuarto intermedio del debate que está previsto que continúe hasta pasada las siete de la tarde. Las defensas se opusieron, queda ahora conocer la decisión de los jueces María Alicia Noli (presidenta), Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla sobre este y otros puntos, para que luego los imputados tengan la oportunidad de declarar en indagatoria. Y, en caso de que den los tiempos, el tribunal podrá escuchar los testimonios de las víctimas.

Además, en coincidencia con la fiscalía representada por Pablo Comuna y el referente de la oficina tucumana de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Daniel Weisemberg, solicitaron que las cinco mujeres presentadas como testigos por las defensas también declaren en cámara Gesell. Presumen que también pueden haber sido explotadas sexualmente por los imputados.

Como otros expedientes, la investigación iniciada en 2013, avanzo recostada en los testimonios de las mujeres explotadas en los prostíbulos que, con violencia, manejaban “La Doña” Medina y “el Negro” Robles. Una de estas mujeres, identificada con letras y números para preservar su identidad, contó que “Mercedes les pegaba con un látigo” y les daba cachetadas o les pegaba “con una llave en la frente”. Ese látigo, según señalaron en la acusación, fue secuestrado en un allanamiento en el prostíbulo que, en otra causa, realizó la Justicia provincial; y ahora fue requerido como prueba por los abogados de la fundación.

Los otros imputados

Iván Frías, uno de sus sobrinos de Medina, está señalado como el encargado de presionar con golpes, amenazas y armas de fuegos, tanto a las mujeres que eran explotadas en los locales tucumanos, como a los hombres que estaban dispuestos a pagar para usar su cuerpo. Lo hacía, cuando tenía salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena por otros delitos.

“Tenés que decirle para que pague el alquiler y me pague la luz. Y después ¡que se haga re culiar ya!”, le ordenó Medina a Frías en una de esas oportunidades. En la elevación a juicio, el juez de Instrucción Raúl Daniel Bejas también contó que, según el testimonio de las víctimas, Frías además les vendía droga. La usaban para tolerar la situación que vivían: “No se podían negar a atender a ningún cliente”.

En otras de las escuchas incorporadas al expediente después de seis meses de investigación, Medina contó que “el Negro”, su pareja, “clausuró las puertas del local California”, donde las mujeres vivían apenas con un colchón, sin sábanas, y un tacho para tirar preservativos, en algún caso. Les reclamaban el pago, según la acusación del juzgado Federal de Instrucción N° 1 de Tucumán, de lo que llaman “el alquiler”: 300 pesos semanales que les cobraban, los hubieran reunido o no de los pagos de los hombres que se acercaban al lugar.

Robles y Medina están señalados como la posible cabeza de una banda de esclavistas sexuales. Mientras que los otros cinco acusados figuran como partícipes necesarios de esta red delictiva dedicada a la trata y explotación sexual de persona: Eduardo Loto, uno de los sobrinos de Medina, y su esposa Susana Figueroa, estaban a cargo del prostíbulo de la ex terminal; Frías, era el encargado de presionar a las mujeres y a los que pagaban por usar sus cuerpos, eventualmente; María Juárez, era la regente del “Bar California” y Juan Sarmiento, un docente de escuela primaria, estaba encargado de hacer los recibos de pago en uno de los locales y de “llevar las cuentas”.

Una red interprovincial

Los locales de Medina funcionan en la capital tucumana hace más de 15 años. Estuvo en la mira, primero de la justicia provincial por facilitación de la prostitución, y desde 2009 en la justicia federal por trata. Las víctimas debían realizar allí jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, sufrían violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso con armas de fuego. Cuando iban a hacer los allanamientos nunca daban con las mujeres.

Por escuchas telefónicas fue probado que después de uno de esos allanamientos, “la Doña” Mercedes llamó a una joven y le dijo que “reabrieran el California” y que “iban a estar la María, la Flaca, la hermana de la Flaca y las dos hijas de María, para que trabajen”. En otra, dijo que le había dado “mil pesos a Pamela porque ha andado la cana” y la orden de que las mujeres no estuvieran en la vereda porque no les iban a dar la habilitación. En la instrucción no fueron identificados estos agentes.

La conexión con explotadores de Marita

Una de las testigos contó que en una oportunidad Robles la llevó a Catamarca, a un prostíbulo llamado Moroco, de donde “traían y llevaban mujeres”. Y también que los viajes incluían otros destinos: Salta y La Rioja. Mencionó entonces que en el taller Robles habría alojado a los explotadores de Marita Verón: José “El Chenga” Gómez, y su madre, Lidia “Mamá Lili” Medina (fallecida antes de conocer la sentencia por el secuestro de la joven desaparecida desde 2002).

Según el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) tucumana, Daniel Weisemberg, queda ahora en el debate determinar si había conexión entre estas redes y con otros prostíbulos en la región. Por lo pronto, según confirmaron fuentes a Infojus Noticias, tanto Robles como “Doña Medina” serán defendidos por el abogado Carlos Posse, el mismo que en el juicio por el secuestro de Marita representó a sus explotadores.

Posse también se encargará de la defensa de la sobrina política de Medina: Susana “Karina” Figueroa, imputada junto con su esposo, Eduardo Loto, por regentear el prostíbulo cerca de la vieja terminal tucumana. Ella, como las otras mujeres explotadas en el local, también realizaba “pases”. “Que tenga todo anotado, lo de la una, lo de la otra, la que falta lo mismo tiene que pagar, ella ya sabe todo eso”, se la escucha decir a Medina en una de sus comunicaciones telefónicas.

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