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Durante la audiencia de ayer terminó la presentación de cada uno de los casos. Se trata de 97 víctimas que estuvieron cautivas en un centro clandestino de detención en Tucumán. El juicio por la megacausa Jefatura II Arsenales II tiene la particularidad de que a la sala asisten tanto los familiares de las víctimas como de los imputados. A lo largo de los alegatos de ayer, los aplausos y abucheos fueron constantes, pero la jornada se desarrolló sin cruces entre uno y otro sector. Hoy será el último día de alegatos de la fiscalía. Se prevé terminar con las imputaciones y realizar la solicitud de las penas para cada uno de los 41 imputados por las 212 víctimas.

Ayer el Ministerio Público Fiscal hizo las consideraciones generales sobre los delitos juzgados en la llamada ‘megacausa’. “Quedó probado que se tratan de delitos de lesa humanidad”, dijo Camuña que explicó las diferencias con los delitos comunes y clasificó los delitos de: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas, abusos sexuales, desaparición forzada, homicidio triplemente agravado, asociación ilícita, encubrimiento y usurpación. El fiscal advirtió que los delitos sexuales “no conforman una subunidad de los delitos de tormentos”, pidiendo de este modo que sean considerados de manera autónoma. Se explayó además en las características de la desaparición forzada y recordó las identificaciones de restos óseos en las fosas de Arsenal, el cementerio de Tacanas y en el Pozo de Vargas, así como la afirmación de los peritos respecto a la intencionalidad de ese ocultamiento. Camuña advirtió que de pedirse penas privativas de la libertad para los imputados, estas deberían ser cumplidas en cárcel común.

Después explicó que la organización en la llamada ‘lucha antisubversiva’ se caracterizaba por un mando centralizado con acción descentralizada, y respaldó sus dichos en el testimonio del Coronel Mayor Edgardo Carloni (director de asuntos humanitarios y políticas de género del Ministerio de Defensa de la Nación) quien declaró en audiencias pasadas. En esa estructura cada centro clandestino de detención era el ‘nodo’ de un verdadero circuito represivo. A esos nodos eran llevados los secuestrados para, por medio de torturas, extraerles información y a partir de allí continuar el ‘ciclo de inteligencia’ con un nuevo secuestro. Las personas secuestradas podían ser liberadas, previo paso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o trasladadas a otros CCD. Los que tenían asignada la sigla DF (disposición final) eran ejecutados. Pruebas contundentes de esto son las listas aportadas por el testigo Juan Carlos Clemente, documentación extraída del Servicio de Información Confidencial de Jefatura de Policía.

Finalmente, la fiscalía leyó las imputaciones contra quienes serían los responsables de los delitos cometidos en el CCD que funcionó en Jefatura de Policía. Empezó por los responsables militares para luego pasar a los policías.