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Las dos jornadas de audiencias públicas realizadas en la Corte Suprema de Justicia miércoles y jueves tuvieron un objetivo fundamental: que los ministros del máximo tribunal puedan “despejar” algunas dudas. El segundo día fue clave ya que allí los jueces pudieron preguntar a las partes: el Estado Nacional y el Grupo Clarín. 59 fue el número de preguntas que hizo la Corte Suprema: 17 de ellas al grupo Clarín, 36 al Estado Nacional y 6 al perito Néstor Rubén Alessandra. Un cuestionario nada casual, muy preparado y hasta incisivo que giró en torno a la constitucionalidad de cuatro artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se elaboró? ¿Cómo se trabajó en él?

Todo se inició hace dos semanas, un martes. Día típico de acuerdo en el cuarto piso del Palacio de Tribunales que, precisamente, se realiza en la “sala de acuerdos”. Un lugar que junto con otras salas (como el Salón de Té, el de los Embajadores y la Sala de Audiencias) son lugares de uso exclusivo de los ministros de la Corte.

Allí, en una mesa circular, bajo la atenta mirada de un retrato al óleo del ex presidente Bartolomé Mitre –recordado por haber sido quien, mediante un decreto, reuniera a la primer Corte Suprema- los ministros comenzaron a trabajar la idea de la audiencia y las preguntas. Ese mismo día, después del medio día se conocía la decisión: convocar para el 28 de agosto  a una audiencia pública por la causa sobre la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación.

Cada ministro se maneja de manera “particular”: tiene su vocalía y allí cuenta secretarios letrados o, cómo podríamos denominarlos, “técnicos”. Algunos tienen mayor cantidad de secretarios letrados y otros menos. El número va de cinco a diez según el magistrado. Con la audiencia ya convocada, en líneas generales,  “los ministros les pasaron a los letrados las cuestiones que querían desentramar”, explicaron fuentes del máximo tribunal a Infojus Noticias.

Cada técnico trabajó sobre sobre el expediente ante “la trascendencia de las cuestiones planteadas”, tal y como decía la resolución que convocó la audiencia pública. Con el análisis de los expedientes cada juez comenzó a delinear junto con los secretarios letrados los esbozos de las preguntas. 

Todos los resultados, es decir, las preguntas, iban a parar al despacho del titular de la Secretaría N° 5 de la Corte Suprema, Cristian Abritta. El mismo que el día posterior a la convocatoria a la audiencia difundió las pautas que deberán cumplir quienes se presenten en la audiencia e invitó a concurrir a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El martes previo a la fecha de la audiencia pública, el 20 de agosto, durante el acuerdo todos los jueces se reunieron nuevamente en el cuarto piso. Ante ellos había un corpus de preguntas mucho más grande de las que finalmente se hicieron. Los siete jueces consensuaron todas las preguntas y así se llegó a las 59.

La libertad de expresión, la sustentabilidad económica del grupo Clarín, las prácticas monopólicas, los avatares de la fusión Cablevisión-Multicanal, la real aplicación que tiene hoy la Ley de Medios, el eventual perjuicio que causaría a Clarín la validez plena de la norma y el otorgamiento de licencias estuvieron en las dudas o certezas de los jueces que ahora, sin plazos concretos, deben sentenciar un fallo que, sin dudas, será “histórico”.