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El informe sobre trata y explotación de personas, que presentó la Cámara de Diputados, señaló que existe un “cumplimiento progresivo de la legislación nacional” respecto de los estándares y consensos internacionales y la doctrina de derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, existe una “necesidad de avanzar sobre la adecuación sustantiva, superando el plano de lo formal”. Así lo se detalló en el documento “La situación de los derechos humanos en la República Argentina”.

 “A nivel de las provincias, en los ámbitos de su competencia legislativa se observa un panorama de cumplimiento parcial. Once provincias tienen algún tipo de legislación”, agregó el documento que monitoreó el titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Remo Carlotto. Allí también advirtió que se observa un “seguimiento lineal de definiciones internacionales” que no siempre se adecúan a la legislación nacional.

Entre esos desajustes se producen contradicciones en las escalas penales, lagunas en las definiciones, en especial, en relación a la explotación de la prostitución. Advirtió que, esa situación, genera espado para la “impunidad en los niveles jerárquicos de la organización delictual por falta de herramientas jurídicas y definiciones claras”.

Por eso, sostuvo que existe la “necesidad de redefinir normativamente las responsabilidades de las personas jurídicas, de fortalecer abordajes integrales en los tres niveles (prevención, persecución y protección) y de unidad de conducción de las políticas”.

Sentencias

El primer informe se presentó el año pasado. Allí se realizó un análisis del estado general de la situación pero en este nuevo trabajo se decidió abordar la problemática específica de trata y explotación de personas

A fines de 2012, la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán absolvió a todos los imputados en el caso Marita Verón. Esa decisión, sostenida por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, provocó marchas de protesta en todo el país. A fines de ese año, en sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, se realizó la última reforma legislativa en materia de trata de personas. Lo que esa modificación busca abordar es la trama paralela de políticas, acciones, omisiones y complicidades estatales que posibilitan la trata de personas.

Este hecho forma parte de los fundamentos de este Informe temático - impulsado por la Ley Nacional Nº 25.391-, el cual ancla su abordaje, investigación, estudio y propuestas legislativas en la necesidad de profundizar las políticas públicas relativas a la trata de personas –tanto por explotación laboral como sexual-.

En lo que va del año más de mil personas rescatadas en Argentina de lugares donde eran víctimas de trata. El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata desde su creación en 2008, rescató 9025 personas víctimas de todo el territorio nacional. El 73 por ciento son mujeres, la mitad de los casos son por explotación sexual y el 61 por ciento de las víctimas son extranjeras.

Provincias y adecuaciones

El informe parlamentario aborda el estado de situación legislativo actual a nivel nacional y provincial los estándares y adecuaciones propuestos para el abordaje de la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos, y no exclusivamente desde una perspectiva punitiva. Son once las provincias que al momento abordan la problemática de forma integral, estas son: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.

Este estudio plantea los estándares mínimos en concordancia con observaciones realizadas en informes de organismos internacionales, necesarios para tener esta perspectiva múltiple sobre esta problemática delictiva. Y brinda posibles adecuaciones de la legislación actual para su abordaje a nivel de la ley nacional. Algunos órganos, como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), consideran la posibilidad de incorporar como delito explotaciones conexas a la trata el reclutamiento que se lleva adelante para poder hacer efectivo el delito.

También contempla casos de trabajos que impliquen una exposición severa para la salud del trabajador, como el caso de exposición a agroquímicos. Ese planteo está en concordancia con estándares vinculados a los derechos humanos y el medio ambiente.

Otro de los ejes es la federalización de las políticas de protección de las víctimas rescatadas a través de recursos genuinos como la confiscación de bienes de los tratantes.

ONU

El trabajo se apoya en el paradigma que Naciones Unidas que plantea que no solo es tarea del Estado la persecución de los responsables del crimen consumado, sino que también es su responsabilidad impulsar políticas de promoción y prevención, y de asistencia, protección y reparación a las víctimas. Es decir garantizar derechos económicos, sociales y culturales de la población con políticas en perspectiva de género.

En materia penal, busca coherencia en leyes que regulan este delito y las explotaciones conexas. En este momento existen diferencias que generan vacíos legales o inconsistencias que propician la impunidad. Y finalmente hace foco en la necesidad de priorizar y fortalecer las garantías procesales de las víctimas.

La alta incidencia de condenas de mujeres -que no guarda relación con el resto de las estadísticas criminales- en los casos de trata por explotación sexual da cuenta de la situación de muchas mujeres que, al ser o haber sido víctimas, se ven en otro rol dentro del sistema de la explotación sexual. Este informe apunta a contemplar como un factor de no punibilidad o disminución de la punibilidad el haber sido víctima de trata previo a ser parte del circuito explotador.

JB/PW