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Se van delineando los últimos pasos previos al inicio del juicio político contra el suspendido juez federal y presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación debe resolver seis planteos realizados por la defensa del magistrado y luego estará en condiciones de fijar fecha para el inicio del debate. Se le imputa mal desempeño en sus funciones, así como haber pertenecido a la Triple A y haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura cívico–militar.

Cuatro son las veces que Montezanti se ausentó de su citación a declaración indagatoria en la causa radicada en la Justicia Federal de Bahía Blanca, en la que se lo investiga por delitos de lesa humanidad. Con sus reiteradas faltas, el magistrado intenta eludir a la Justicia o, por lo menos, entorpecer el trámite del expediente. Otra es la táctica que utiliza ante el Jurado de Enjuiciamiento: allí, su defensa presentó una serie de planteos para invalidar el procedimiento de juicio político, que comenzó en septiembre pasado cuando el Consejo de la Magistratura decidió enviarlo a jury por mal desempeño en sus funciones.

En total, son seis los planteos que presentaron, muchos de ellos con igual fundamento que los elevados mientras tramitaba la denuncia en su contra en el Consejo. Por caso, insistió con lo que se conoce como el “non bis in idem” o el argumento de que no se puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. Montezanti sostiene que su situación ya fue analizada por el Consejo años atrás y nada nuevo puede imputársele.

Sin embargo, eso no es correcto: con la desclasificación de archivos que realizó el Ministerio de Defensa de la Nación, se corroboró que el magistrado efectivamente formó parte del Destacamento de Inteligencia 181. Fue personal civil de inteligencia (CPI) entre el 1 de enero de 1981 y el 14 de junio de 1982. Según su propio descargo, en ese período sólo prestó “asesoramiento sobre los conflictos con Chile y la guerra de Malvinas” pero “no incluían ningún tipo de actuación operativa”.

La acusación contra el suspendido juez apunta al “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”, así como “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

Hoy, Montezanti no puede salir del país por la prohibición que le impuso el juez federal Alejo Ramos Padilla. En ese expediente, el magistrado está señalado como ex integrante de la rama bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y uno de los casos que la Justicia tiene en sus manos es el asesinato, en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), del dirigente estudiantil “Watu” Cileruello, ocurrido en abril de 1975.

Otros de los planteos realizados ante el Jury  por la defensa de Montezanti –a cargo de Ignacio Irigaray, quien fuera defensor del fiscal de Saavedra José María Campagnoli durante el juicio político inconcluso que se llevó adelante en su contra en el Ministerio Público–, sostiene la presunta nulidad de la acusación realizada por el Consejo porque hay una “indeterminación de las conductas”.  

A esto se suma un planteo que, desde el Jury, calificaron como “novedoso” porque es la primera vez que se realiza una presentación de ese estilo. Montezanti pidió la nulidad de la composición del cuerpo, en atención a las mayorías que se requieren para tomar las “decisiones simples”, esto es la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley N° 24.937.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elias de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Fuentes judiciales indicaron que, según los tiempos que se manejan, el debate podría iniciarse en diciembre próximo. El 10 de septiembre pasado, el Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político a Montezanti por mal desempeño en sus funciones y, según el artículo 115 de la Constitución Nacional, el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días para emitir una sentencia en el proceso. El tribunal ya pidió una serie de expedientes a la Justicia para poder resolver los planteos.

A Montezanti se lo investiga también por su participación en la privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme trabajaba en el Hospital Municipal de Bahía Blanca como enfermero, hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron al Comando del Ejército. Fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola, por el entonces abogado apoderado de UOM –justamente, Montezanti– quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, el magistrado tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.

GA/LL