Infojus Noticias

La causa por las supuestas estafas a vecinos que intentaron acceder a viviendas sociales  que debía entregar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), sigue avanzando. Hasta julio, la investigación contaba con 200 damnificados, empleados de Subte en su mayoría, que entregaron dinero por adelantado a cambio de techos que fueron adjudicados a otras personas. Las viviendas que ofrecían eran en los terrenos de Casa Amarilla, La Boca.

Ahora, el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº 15 recibió 104 nuevas denuncias de vecinos de la zona sur de la ciudad que fueron estafados de la misma manera. La coincidencia no es sólo en la maniobra, sino también en los protagonistas. Los nombres de los acusados se repiten en ambos casos. Según el periódico barrial Sur Capitalino, Adriana Carmen Barrios, Juan Ramón Uriarte, Fabián Bento, Nicolás Russo y “las autoridades del IVC que aparecen como firmantes de las carpetas de adjudicación”, fueron denunciados por defraudación y falsificación de documentos.

En ambos casos, la operativa consistía en que les ofrecían viviendas construidas por IVC a un precio muy barato, con boletos de preadjudicación, con firmas apócrifas, a cambio de un depósito inicial. Pero nunca llegaban al sueño de la casa propia.

Así le pasó a Gustavo Burgos, enfermero, salteño, padre de dos hijos, que accedió a hablar con Sur Capitalino. En diciembre de 2013, apremiado por las deudas y los bajos ingresos de su trabajo, Gustavo y su pareja recibieron una oferta: por 20 mil pesos podían entrar a un programa del IVC. De acuerdo con lo relatado al periódico, en la primera reunión a la que asistió, Juan Uriarte, uno de los denunciados, le explicó: “¿Viste que están por entregar Casa Amarilla? Bueno, el tema es que hubo muchos problemas. El Gobierno le dio a una asociación civil el derecho de adjudicar y se mandaron unos mocos terribles, empezaron a poner gente amiga, a algunos de la barra de Boca. Entonces los vecinos hicieron denuncias y ahora el Gobierno quiere desligarse de eso: está buscando familias que necesiten viviendas y están tratando de meterlos antes de que esta denuncia llegue a la justicia. Así ellos van con una lista de los verdaderos adjudicados que vendrían a ser ustedes”.

Con plata prestada, Gustavo aceptó la propuesta. En marzo de 2014 ya tenía una carpeta sellada y foliada con el número de departamento que le tocaba. Todo firmado –con certificación de escribano– por el director del IVC, Emilio Basavilbaso, y el gerente Iván Kerr, según asegura el periódico barrial.

Como la posibilidad era tentadora, Gustavo contó del proyecto a familiares de Valeria, su pareja. Todos se sumaron y pagaron –entre 20 y 60 mil pesos– a Adriana Barrios o a Uriarte, sin recibo ni comprobante.

Según otro testimonio al que accedió el periódico, la conexión con el IVC era Fabián Bento, que se presentaba como gestor y cercano al Pro. Así lo relató Rosa Medina, también víctima de la maniobra, quien pagó 10 mil pesos a Bento.

Todos se enteraron de que habían sido estafados cuando en los medios vieron el caso de los empleados de Subte.

“Cuando vimos lo del subte todo nos cerró. Uno de los denunciados por los trabajadores era Nicolás Russo, supervisor de la línea C y sobrino de Barrios. Él era el nexo para la estafa en Metrovías”, dijo Valeria, pareja de Burgos.

El legislador de Nuevo Encuentro José Campagnoli fue quien hizo pública la denuncia del subte, donde los trabajadores llegaron a pagar boletos de más de 100 mil pesos.

La denuncia de los 104 vecinos es patrocinada por el abogado Julián González y el fiscal a cargo es Ignacio Mahiques, que se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas.

WC/PW