Se aprobó en la Cámara de Diputados bonaerense para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble perteneciente al ex destacamento de Lomas del Mirador. Es el lugar el lugar donde Luciano Arruga fue detenido y golpeado por efectivos de la Policía Bonaerense, antes de su desaparición el 31 de enero de 2009.
El proyecto de ley presentado que prevé expropiar el destacamento policial en el que desapareció el joven Luciano Arruga, fue aprobado en la legislatura bonaerense. La Cámara de Diputados de la rovincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley presentado por el militante de La Cámpora y diputado del FPV, Miguel Ángel Funes, para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble perteneciente al ex destacamento de Lomas del Mirador.
La intención del proyecto es que el dominio del inmueble sea transferido a la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, con el objetivo de instalar allí un Espacio para la Memoria denominado "Luciano Arruga".
Tal como figura en la causa judicial, el ex destacamento fue el lugar donde el joven fue detenido y golpeado con brutalidad por efectivos de la Policía Bonaerense, antes de su desaparición el 31 de enero de 2009.
La iniciativa aprobada ayer es la continuidad de otros proyectos de ley presentados en 2012 por el diputado Funes, referidos al caso de Luciano. Durante ese año, el legislador presentó una solicitud de informes sobre distintos aspectos relacionados a su desaparición y un proyecto de declaración de repudio a las amenazas, provenientes de efectivos de la policía bonaerense, sufridas por el hermano de Luciano, Mario Alegre.
En comunicación con Télam, Funes destacó la presencia de la hermana de Arruga, Vanesa Orieta, a quien describió como "una persona con una inmensa fuerza que la transforma en el motor de este pedido de justicia".
Recordó que Arruga fue hostigado por la policía bonaerense en reiteradas oportunidades, ya que se negaba a trabajar en negocios ilegales de las fuerzas, y señaló que el joven "se rebeló y no quiso ser parte de una red delictiva y hoy su lucha y sus convicciones nacieron para no morir jamás".
También calificó como "aberrante" el papel de las fiscales provinciales Roxana Castelli y Celia Cejas quienes, previa elevación de la causa al fuero federal, dieron participación a la policía en la investigación y ordenaron la intervención de los teléfonos de la familia del joven.
Al respecto, Funes confirmó que impulsará un jury para ambas fiscales y señaló que la media sanción al proyecto "es un granito de arena que viene a colaborar con el desarrollo de las políticas de Derechos Humanos" que impulsó durante la última década el oficialismo nacional.
Finalmente, Funes declaró que "quienes aún piensan que alguien puede desaparecer por completo no han aprendido nada de la historia. Es anacrónico a 30 años de la finalización de la última dictadura cívico-militar tener que ser la voz de un desaparecido".