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“Es nuestra convicción y política de derechos humanos que los juicios de lesa humanidad deben proseguir y quienes sean culpables deben cumplir las condenas”, sostuvo hoy Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación a través de su cuenta de Twitter, ante la liberación de 10 represores, siete de ellos procesados en la causa “Subzona 14 II”, de La Pampa, y tres condenados por el juicio “Área Paraná”, de Entre Ríos.

En el caso de La Pampa, los jueces del Tribunal Federal de Santa Rosa –compuesto por Marcos Aguerrido, Orlando Coscia (juez subrogante de Neuquén) y Alejandro Silva (subrogante de Río Negro)–, dispusieron la libertad condicional de siete ex policías y un médico procesados en el marco de la causa Subzona 14 II, con el argumento de que los plazos de prisión preventiva se vencieron –tanto el de un año, como su prórroga por seis meses– antes de que la causa llegara a juicio oral.

Los imputados que se beneficiaron con esta medida son Miguel Gauna y Juan Domingo Gatica, liberados el 30 de diciembre; y Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez, quienes salieron en libertad antes de la Navidad. También fue liberado el médico Máximo Pérez Oneto, que cumplía prisión domiciliaria, al igual que Gauna.

Las excarcelaciones solicitadas por el defensor oficial Carlos Riera fueron repudiadas por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, la CTA, Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, entre otras.

A través de un documento, los organismos manifestaron que “es impensado que hayan tomado la decisión por el tiempo que llevan detenidos en condición de preventiva, dejando de lado que se trata de personas que cometieron delitos aberrantes” y agregaron: “Violaron todas las normas y avasallaron todos los derechos de ciudadanos indefensos a merced de las tropelías de una patota envalentonada, desprovista del menor decoro al utilizar la ‘fuerza’ para reprimir, secuestrar, torturar, cometer vejaciones”.

En la causa Subzona 14 II, se investigan secuestros y torturas infringidas sobre 236 personas. Los imputados son 18. Con la orden judicial de excarcelación, sólo quedaron detenidos los represores que ya cumplen condenas por el primer juicio de lesa humanidad de La Pampa, de 2010, y que también están acusados en esta investigación. Se trata de Luis Baraldini –ex jefe de Policía durante la última dictadura cívico militar y recapturado en Bolivia en diciembre de 2011, luego de que se fugara para evitar ser juzgado–; los ex policías Carlos Reinhart, Néstor Cenizo, Hugo Marenchino, Athos Reta, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Oscar Yorio; y el ex militar Omar Greppi .También está procesado con prisión domiciliaria el segundo jefe militar de la Subzona 14, Carlos Alfredo Sabattini.

El ex jefe de Policía, Luis Baraldini, fue recapturado en Bolivia en diciembre de 2011, tras fugarse para evitar ser juzgado.

Área Paraná

El 23 de diciembre pasado, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dio a conocer las condenas de siete represores imputados en la causa “Área Paraná” por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos, durante el terrorismo de Estado. Las penas dictadas fueron mucho menores a las solicitadas por las partes querellantes y la fiscalía, salvo la aplicada al ex policía federal Cosme Demonte, condenado a cadena perpetua.

Tras dar a conocer las condenas de los siete represores, Ríos liberó a tres de ellos con el argumento de que los imputados cumplieron las condenas durante las etapas de investigación y juicio, que se desarrollaron durante más de 12 años –momento en que se reabrió la causa, luego de la derogación de las leyes de impunidad– como consecuencia de las dilaciones generadas por los abogados defensores de los imputados.

El fallo fue recibido con disgusto por parte de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Entre los liberados, se encuentra Rosa Bidinost, ex directora de la cárcel de Mujeres que fue condenada a 6 años de prisión, cuando la querella había solicitado 25 años y la Fiscalía, 15. En igual sentido, los ex militares Alberto Rivas y Oscar Obaid quedaron en libertad tras ser condenados a seis años y tres años de reclusión, respectivamente, cuando la Fiscalía y la querella habían solicitado 25 años para el primero; y 25 años para el segundo, en el caso de la querella; y 8, por parte de la Fiscalía.

Por su parte, el ex policía federal Demonte –acusado de asesinar en la vía pública a Pedro Sobko– fue condenado a prisión perpetua. El abogado y ex militar Jorge Appiani, acusado de hacer firmar a los presos políticos las declaraciones incriminatorias arrancadas bajo tortura en los centros de detención, recibió 18 años de prisión y el ex director de la cárcel de Paraná, José Appelhans, 14. En aquellos casos, la querella había pedido prisión perpetua y la Fiscalía, 25 años de prisión.

 El ex médico de los Institutos Penales, Hugo Moyano –acusado de controlar el estado de las víctimas durante las sesiones de tortura– recibió una pena de 8 años de prisión (la querella pidió 15 años y la Fiscalía, 18), de los cuales ya cumplió seis años de cárcel. El abogado querellante, Marcelo Boeykens, informó que apelarán las sentencias decididas por el juez Ríos.

En la causa “Área Paraná” se juzgaron delitos de lesa humanidad cometidos por 21 represores –de los cuales sólo siete están con vida–, sobre 52 víctimas, y las desapariciones de Pedro Sobko, Victorio Erbetta, Claudio Fink, Carlos Fernández y Juan Alberto Osuna, ocurridas durante el terrorismo de Estado.