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El dirigente gremial Luis Barrionuevo se presentó a declarar en la Fiscalía Federal de Mar del Plata cerca de las 11.15 y se retiró media hora más tarde. Fue en el marco de una investigación por el por el presunto delito de sedición y asociación ilícita a raíz de sus declaraciones en las que afirmó que en diciembre se produciría un estallido social en el país. En la calle, unos 200 gastronómicos acompañaron a su dirigente.

“Cuando uno tiene la cola limpia no tiene ningún proceso en la Justicia, voy a ver qué tiene para preguntarme el fiscal, yo estoy a disposición de la Justicia”, dijo Barrionuevo antes de ingresar al edificio de Viamonte 2216 en Mar del Plata. A la salida de su declaración señaló a los medios: "Yo en ningún momento hice declaraciones que hablaran de saqueos". Dijo además que aportó audios sobre sus dichos.

El fiscal Pablo Larriera lo citó en calidad de testigo "sin perjuicio del válido ejercicio del derecho a la libre expresión de todo ciudadano" y "teniendo en cuenta el tenor de tales afirmaciones así como el rol institucional que el nombrado ejerce". La citación se relaciona con la investigación de la justicia marplatense iniciada en diciembre de 2013 y vinculada al autoacuartelamiento de las fuerzas de seguridad producido los días 8 y 9 de ese mes en Mar del Plata, que fue considerado "un alzamiento en armas contra los poderes públicos".

Larriera le hizo preguntas sobre el acuartelamiento policial. Barrionuevo se desvinculó del tema. "No tengo nada que ver y no conozco los nombre por los que me pregunta", le respondió al funcionario judicial.

“Los conflictos se van a acelerar, la plata cada vez va a ser menos y no es que uno meta más miedo, cuanto más pronto el 2015 mejor. El tiempo político, de los políticos, no es el tiempo nuestro”, había dicho el líder de los gastronómicos. También había dicho que "la Presidenta dijo que si la inflación llegaba al 25% estallaba la Argentina y vamos a estar en 40 por ciento de inflación", por lo que según él, "la que preanunció lo que viene es la propia Presidenta".

Según el Código Penal argentino, estas declaraciones podrían afectar el orden público, por lo que Barrionuevo estaría incursionando en distintos delitos que afectan ese bien jurídico de interés general para la sociedad y la vida en democracia.

El Código Penal, en su artículo 209 considera que toda acción se considerará como una instigación a cometer delitos quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, y prevé la prisión de dos a seis años, según la gravedad de la acción.

Y el artículo 211 establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

Las declaraciones del dirigente gremial, también podrían encuadrarse en el delito de incitación a la violencia, y contaría con una pena de prisión de tres a seis años, según el artículo 212 de ese Código.