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Un grupo de grandes fondos de inversión que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 se organizaron para ofrecer un canje de deuda entre privados a los fondos buitre que litigan contra la Argentina en los tribunales de Estados Unidos. La mayor parte de los bonistas ya habían constituido el Exchange Bondholder Group (EBG) que presentó un amicus curiae en favor de la Argentina ante los jueces estadounidenses. La solución, promovida por el fondo Gramercy, fue rechazada por Paul Singer, el multimillonario titular del fondo buitre Elliott Managment.

“No vemos el punto de negociar con otros tenedores de bonos”, comunicó ayer el fondo, según informó la agencia Bloomberg. "Nos hemos acercado en innumerables ocasiones a la Argentina para negociar una solución a este conflicto. Está completamente en poder de la Argentina resolverlo". El fondo Elliot pretende que Argentina viole las cláusulas de los sucesivos canjes y vulnere los derechos de los bonistas que ingresaron a la reestructuración, protegidos por el “pari passu” que impide ofrecer mejores condiciones de pago a los bonistas que no ingresaron al canje.

La iniciativa de Gramercy apuntaba a hacer cesar el reclamo de cerca del 0,5 por ciento de los bonistas que no accedieron ingresar a la reestructuración de la deuda argentina y acudieron a los tribunales estadounidenses. A los canjes ingresaron el 93% de los bonistas, que accedieron a entregar los bonos defaulteados por otros a menor valor de capital e intereses, con plazos de pago renegociados. Cerca de 6500 millones de dólares quedaron fuera del canje, y 1500 son los reclamados por los fondos buitre en la justicia de Estados Unidos.

Los acreedores que exigen el pago de la totalidad de su crédito y los intereses devengados a lo largo de la última década omiten que la Argentina se declaró en cesación de pagos en 2002, admitiendo la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones a las que se había comprometido. Durante los últimos diez años, el país pagó cerca de 170 mil millones de dólares en concepto de bonos renegociados, pero casi siete mil millones son exigidos tan sólo por esta porción de acreedores especulativos.

Argentina ya promulgó la ley que habilita a la reapertura del canje de deuda, y levantó la “ley cerrojo” que impedía hacerlo, como gesto de predisposición para el pago de bonos renegociados. Los fondos buitre se niegan a ingresar al canje, e intentan forzar a la Argentina a una negociación específica, exigiendo un pago mayor a lo que se ofreció en los sucesivos canjes lanzados por ley.

El conflicto judicial en los tribunales de Nueva York pasó ya por todas las instancias, donde se pudo comprobar el poder de lobby de los especuladores financieros, a partir del fallo contrario a la Argentina en primera y segunda instancia. Aún está pendiente la resolución de la apelación “en banc” de nuestro país ante la Cámara de Apelaciones, en la que una decisión de los trece jueces del tribunal podría revocar lo dictaminado por tres de ellos algunas semanas atrás.

Por la importancia del planteo, que incluso llevó a que Francia y Estados Unidos presentaran escritos en favor de la Argentina, se espera que el caso termine en la Corte Suprema del país del norte. Los jueces del máximo tribunal podrían zanjar la polémica jurisprudencia de los tribunales inferiores, que hasta ahora pone en vilo el equilibrio de las finanzas internacionales, al desafiar las decisiones soberanas de emisión y pago de deuda de parte de los Estados del mundo.