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Sobre el paquete de leyes de defensa del consumidor, que el Ejecutivo envió al Senado,  Álvarez explicó “nosotros lo tomamos como un conjunto de normas que se complementan y que tienen como objetivo, no solamente defender los derechos de los consumidores, sino también defender a los empresarios”. Y agregó que el objetivo central es establecer reglas claras. “Hoy no hay reglas claras con relación a la relación de consumo porque no se sabe bien si se necesita un fuero comercial, un fuero civil, un fuero contencioso administrativo. O en algunos casos como era el de la ley de abastecimiento,  un fuero penal ¿no?”.

En sus declaraciones en el programa “Mañana es hoy”, que se transmite por Radio Nacional y que es conducido por Roberto Caballero y Myriam Lewin, Álvarez puntualizó que se intenta reducir todo al fuero del consumo, “para que haya jueces específicos que dicten sentencia y vayan estableciendo los precedentes para que los empresarios sepan específicamente  cómo desenvolverse en cada uno de los casos”. Y agregó: "estamos buscando herramientas para solucionar la cotidianidad de la gente, las cuestiones cotidianas. Para decir, 'bueno los consumidores pueden tener posibilidad de resolver sus reclamos'. Simplemente eso".

En referencia a la ley de abastecimiento, explicó que “ahora está reformulada, porque era  una ley de 1974. Nosotros lo que hicimos fue simplemente actualizarla. La verdad es  que uno se sorprende con algunas declaraciones periodísticas”. Y agregó que cuando hablan directamente con los empresarios, lo hacen en otros términos, pero “a veces leemos notas que nos llaman la atención. Porque la mayoría de las críticas son sobre textos legales que ya existían y estaban vigentes en Argentina. No sobre textos legales que estamos modificando”. Y detalló que “concretamente con relación a las modificaciones, simplemente estamos actualizando multas, dando facultades a la secretaría de Comercio para poner multas mayores. A la vez estamos, derogando lo que es de tipo penal”. Ejemplificó que la ley de abastecimiento preveía, que ante casos como los que hubo de desabastecimiento de  yerba o la nafta “la posibilidad de que los empresarios vayan presos. Eso era cuestionable jurídicamente. Nosotros lo derogamos específicamente de este proyecto de ley pero sí, con la posibilidad de que la Secretaria de Comercio pueda aplicar multas para estos casos excepcionales”.

Álvarez consideró que “siempre hay empresarios pícaros que prefieren no tener reglas para hacer lo que quieran” y que existe un “oportunismo político opositor” que tira la pelota afuera de la cancha.

En referencia a la ley Antiterrorista que se le aplicó a la empresa Donnelley, Álvarez destacó que es una ley que se realizó en el contexto de la lucha argentina contra el lavado de dinero. “Argentina estaba en el GAFI, en una lista de seguimiento  intensivo que está a punto de salir, a fin de año. Y la ley fue sancionada en ese contexto. Distintos sectores opinaban que esto iba a ser aplicado contra los trabajadores  o para generar algún tipo de normativa excluyente contra algún sector vulnerable de la sociedad. Nosotros estamos demostrando que esto no es así. Que se está aplicando contra una empresa, un sistema de inversión, como son los Fondos buitre porque la ley dice específicamente que se agravará las penas, los tipos penales, las sanciones penales contra actos de determinados  grupos o sectores que  obliguen al gobierno a hacer determinada actividad”.

Y explicó que en el caso de Donelley, “el tipo penal es el tipo que encaja, es el caso de una empresa, un grupo inversor que hace cerrar la empresa con el objetivo de generar una situación desestabilizante. La verdad que estamos sorprendidos no solamente por la actitud de los fondos de inversión sino también por la actitud interna de ciertos sectores, como por ejemplo la Justicia que declaró la quiebra de un día para el otro”.