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La causa comenzó en junio de 2008 con una declaración espontánea del ex ejecutivo argentino del JP Morgan, Hernán Arbizu, que dijo que contribuyó al lavado de dinero de 469 empresas argentinas, que incluían a Clarín, Ledesma y Costantini. Ayer la Unidad de Investigación Financiera (UIF) apeló la denegación para indagar a Arbizu, para revertir el fallo del juez federal Sergio Torres, que nunca lo llamó a declarar ni tampoco a los directivos de las empresas.  

Ante el presidente del tribunal Horacio Cattani y los jueces Martín Irurzun, y Eduardo Farah, el titular de la UIF, José Sbatella  expuso los antecedentes del caso y buscó desestimar la interpretación que realizó Torres en primera instancia. Su objetivo es que Torres indague a Arbizu, porque la única vez que declaró, en 2008, no lo hizo como imputado sino que fue una presentación espontánea.

Arbizu es el denunciante y arrepentido de la estructura clandestina que JP Morgan tuvo en el país hasta junio de 2008, que fue denunciado por la propia institución luego de que se descubriese una triangulación de cuentas.

Ante el juez Torres, Arbizu denunció que tuvo un total de 469 empresas asignadas a su cartera de clientes en el banco y que realizó con consentimiento de ellas diversas maniobrastales como prestamos back to back, depósitos "overnight", creación de estructuras societarias para derivar fondos a paraísos fiscales y ocultar la verdadera titularidad de los activos y otras con los fines de lograr la exteriorización de los bienes y otorgarle apariencia lícita.

En mayo pasado, el diario Tiempo Argentino hizo una investigación que involucró a otra decena de empresas y se inició una causa nueva, la que está en manos del juez federal Sebastián Casanello. En esta causa, Arbizu sí está como imputado.

“A diferencia de Torres, que en más de cinco años no lo citó a declarar a Arbizu, Casanello lo hizo declarar a quince días de comenzada la causa. Declaró por más de ocho horas ante el juez”, dijo a Infojus Noticias una fuente cercana a la causa. Torres ordenó allanamientos al comienzo de la causa y pidió datos a la justicia norteamericana que nunca fueron respondidos en tiempo y forma, pero después “no avanzó mucho más”, agregó la fuente.  

Semanas atrás, el abogado de Arbizu, Pablo Argibay Molina, le entregó al juez Casanello el BlackBerry que usaba el economista para contactarse con sus clientes de JP Morgan. En el aparato, unos 117 correos electrónicos dan cuenta de los pedidos de los empresarios y la relación con sus jefes del banco estadounidense.

“Nosotros quisimos entrar como querellantes en 2010 y Torres no nos hizo lugar porque dijo que la causa estaba en una etapa incipiente. En 2012 es la Cámara falló para que estemos en la causa y a partir de ahí nos empezamos a involucrar”, dijo a Infojus Noticias la directora jurídica de la UIF.