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El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió la audiencia que se iba a realizar a partir de las cuatro de la tarde pero convocó al reemplazo de María Cristina Martínez Córdoba, para que integre el tribunal. Finalmente Leonardo Miño reemplazará a María Cristina Martínez Córdoba como representante de la Defensoría General de la Nación en el tribunal que lleva adelante el juicio político contra el fiscal de Saavedra José María Campagnoli. Así lo confirmaron a Infojus Noticias fuentes de la Procuración.

Los integrantes del tribunal también difundieron un comunicado en el que “repudian categóricamente ciertas expresiones de las que fueran objeto sus miembros” que para el tribunal “resultan inapropiadas para su normal funcionamiento”. También repudiaron las amenazas que sufrió la semana pasada y hoy mismo uno de los fiscales acusadores en el juicio político, Adolfo Villate.

Los alegatos del juicio político debían continuar hoy, pero el Tribunal por "razones de salud" -un pico de presión arterial, dijeron fuentes judiciales- de Martínez Córdoba. La jurado y defensora de menores se enfrentó en estos días a diversas presiones e intimidaciones mediáticas.

Amenazas telefónicas y agresiones en redes

Al programa "Periodismo para Todos" emitido el domingo pasado, donde se intentó desprestigiar a Córdoba, se le sumaron las crecientes agresiones en las redes sociales, donde se llegó a publicar los teléfonos de su defensoría y de su casa y amenazarla con futuros escraches en la calle si no vota en favor del fiscal Campagnoli. "Cuando salgas a la calle nos vamos a acordar de vos"; "que vote a favor de Campagnoli o que el infierno la consuma", decían algunos de los tweets.

Ignacio Rodríguez Varela, secretario de Campagnoli e hijo del fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y luego ministro de Justicia de la dictadura, Alberto Rodríguez Varela, uno de los más férreos defensores del suspendido fiscal, intimida a los jurados con tweets como "Campagnoli vuelve y no se la estánbancando. Se acerca el tiempo de rendir cuentas". En tanto, el jueves se conoció la denuncia judicial de amenazas de muerte al fiscal general del jury, Adolfo Villate.

El fiscal denunció que el martes por la noche fue intimidado y amenazado de muerte a través de un llamado anónimo que atendió su esposa en el domicilio familiar. Según consta en la denuncia penal, el llamado ocurrió entre las 19.30 y las 19.45 del martes al teléfono fijo del domicilio de Villate en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

La esposa del fiscal, María Eugenia Masuero, informó que una voz masculina de mediana edad le preguntó por su esposo y al confirmarle que se encontraba "de viaje", le dijo: "¿En dónde está ese hijo de puta que quiere juzgar a Campagnoli, ese renacuajo, no tiene miedo que le peguen un tiro?", indicó. Villate, en diálogo con Télam, relacionó la amenaza de muerte que recibió con las declaraciones que hizo anteriormente sobre las "presiones" que él y algunos de los jurados reciben por parte de los medios de comunicación. Además, aseguró que esta amenaza coincide con "esta etapa del juicio decisiva", donde se acerca la votación por la permanencia o la destitución del fiscal Campagnoli.

El pasado martes, Villate había declarado que "el problema desalud que tuvo la jueza Martínez Córdoba es motivado por la gran presión de los medios y las redes sociales". A su vez, apuntó nuevamente contra el programa "Periodismo para Todos" que conduce Jorge Lanata emitido el domingo pasado y calificó como "mentirosa" la información que se reprodujo, en tanto aclaró que tienen el fin de "ejercer presión".

Los cargos contra Campagnoli

Campagnoli se le atribuye haber cambiado el objeto procesal de una causa en la que el financista Federico Elaskar pasó de denunciado por administración fraudulenta a supuesta víctima de una extorsión. Campagnoli, según los fiscales Marcelo García Berro y Adolfo Villate, habría retenido esa causa, cuando por razones de competencia correspondía que fuera investigada por el fiscal Guillermo Marijuan.

Otros cargos contra Campagnoli son "abuso de autoridad" en la fiscalía del barrio de Saavedra y asumir una actitud "desafiante" contra Alejandra Gils Carbó, cuando se le quitó una subrogancia en otra repartición del ministerio público fiscal. Asimismo, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, detectó en la fiscalía de Campagnoli la existencia de unas 1.500 Imágenes de personas, en su mayoría habitantes del Barrio Mitre, tomadas sin que los involucrados lo supieran.

En el álbum fotográfico existían imágenes de chicos de entre 10 y 12 años e incluso, aparece la foto de un bebé en brazos de un joven, entre otros vecinos. Las fotos eran utilizadas para inducir a víctimas de delitos que acudían a realizar una denuncia para que las reconocieran y, así, "abrirles una causa".

La defensa de Campagnoli, a cargo de los abogados Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray, sostiene, en cambio, que el suspendido fiscal fue sometido a un jury simplemente por investigar al empresario Lázaro Báez.