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Los fiscales Adolfo Villate y Marcelo García Berro insistieron  hoy al Tribunal de Enjuiciamiento en incorporar como prueba en el juicio político llevado contra el fiscal suspendido José María Campagnoli el “álbum de fotos” - 1500 fotos de vecinos del barrio de Saavedra, muchos de ellos menores- y pidió tomar testimoniales a tres personas, la fiscal Cristina Caamaño, Lucia Orsetti y María Gutiérrez “para que se dé cuenta de la prácticas que se hacían en la fiscalía”. El lunes pasado el tribunal había rechazado un pedido similar realizado por la acusación.

En esta tercera jornada declararon Alejandro Fargosi, integrante del Consejo de la Magistratura; Carlos Donoso Castex, de la Asociación de Fiscales; Luis Cevasco, Fiscal General Adjunto de la Ciudad y el abogado Gustavo Bobbio. El primero  fue Castex, convocado por la defensa del fiscal suspendido. Castex es presidente de la Asociación Argentina de Fiscales y explicó las razones por las que desde esa institución realizaron un comunicado en apoyo a Campagnoli. "La decisión que se adopte en este jury puede crear un precedente" con "implicancias futuras", dijo el actual fiscal de instrucción N° 20. Además aprovechó la ocasión para criticar al Consejo Evaluador de la Procuración pero ante la pregunta del tribunal sobre la cantidad de juicios políticos iniciados contra fiscales desde 2005 contestó que "no llegaron a 10". Los datos reales hablan de cinco, tres desde la llegada de Alejandra Gils Carbó y dos antes.

Después fue el turno de otro testigo aportado por la defensa, el fiscal general adjunto de la Ciudad Luis Cevasco. García Berro le preguntó cuál sería la fuente de investigación en el caso de una extorsión: "la fuente de investigación es la víctima", contestó. Con esto el fiscal argumentó que Campagnoli investigó cosas que no eran de su competencia y cambió el objeto procesal.

Cevasco después intentó justificar una comunicación de otra institución que él preside y que agrupa a fiscales del interior –casualmente también se llama Asociación Argentina de Fiscales-, a favor de Campagnoli considerando que "el ejercicio natural de la actividad no es mal desempeño".

El de Bobbio, abogado y asesor de la Legisladora porteña Graciela Ocaña –que declaró ayer- fue el testimonio más corto de todos, con sólo 10 minutos. Validó lo que ayer había comentado Ocaña sobre un dictamen que recibió la legisladora de manos de empleados Campagnoli.

El último en declarar en el edificio ubicado en avenida de Mayo al 700 fue Fargosi. El representante de los abogados de la capital en el Consejo explicó ante los jueces ciertas características propias del organismo y del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Principalmente se centró en la necesidad de mayoría calificada (dos tercios de los integrantes) necesaria tanto para acusar a un juez como para destituirlo. “Es tan importante la independencia de los jueces como la de los fiscales” sostuvo el consejero que agregó que los jueces “si tienen protección del sistema y los fiscales no”.  

Mañana se espera una larga jornada. Será el turno de los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Rusconi; los fiscales Oscar Ciruzzi y Mirna Goransky y es posible que se lean las presentaciones por escrito que hicieron los testigos Guillermo Marijuán (fiscal), Gabriela Lanz y Vilma López (juezas).

Campagnoli es uno de los 49 fiscales de instrucción que tiene la justicia. Los fiscales de instrucción no tienen competencia para investigar delitos federales, tal como es el lavado de dinero. La causa contra Lázaro Báez, iniciada después de que se emitiera un programa de televisión de Jorge Lanata, presuponía la investigación de este delito federal que debe ser investigado por jueces federales.