Infojus Noticias

Los fiscales adjuntos de San Isidro, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani se presentaron en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado en la causa en la que están acusados junto a su jefe, el fiscal general Julio Novo, por encubrimiento agravado del tráfico de drogas. Los funcionarios judiciales se negaron a declarar y presentaron dos escritos que se incorporaron al expediente. En esos textos manifestaron su inocencia y apuntaron al fiscal Luis Angelini, quien denunció a la plana mayor de la Fiscalía General de San Isidro por impedirle avanzar en la investigación de los crímenes de tres narcos colombianos.

“Caro se presentó anteayer en el marco de la audiencia. Solo entregó un escrito y pidió que se lo incorpore como su declaración. Apuntó a desacreditar al denunciante, sosteniendo que presentó la denuncia para justificar su mal desempeño”, explicó a Infojus Noticias una fuente judicial. Su colega Vaiani lo imitó esta mañana. La semana próxima están citadas Melisa Fernanda Rey, secretaria de la Fiscalía General y pareja de Novo, y Marina Busse, ex secretaria de la misma dependencia y actual secretaria de la Fiscalía de San Fernando. El 12 de noviembre deberá declarar el jefe de todos ellos: el fiscal general Novo, sospechado de coordinar las maniobras de encubrimiento.

La jueza Arroyo Salgado los imputó –a pedido del fiscal Fernando Domínguez- por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional.

El fiscal que casi nunca se despeina

Novo no descuida ningún detalle de su imagen. Viste elegantes trajes, huele a perfume francés y se peina hacia atrás: el pelo brilloso y tirante. Cuentan quienes trabajaron con él que solo lo vieron despeinado en dos oportunidades: la primera fue en 2002, días después de asesinar a balazos con su pistola calibre .38 a un adolescente de 17 años que intentó robarle en su casa; la segunda, en 2009, cuando trece fiscales de San Isidro lo denunciaron por “abuso psicológico” y “violencia laboral”.

A lo largo de su carrera sumó otras denuncias. La más importante es la que lo tendrá sentado en el despacho de Arroyo Salgado el próximo 12 de noviembre. Ante la jueza deberá responder la acusación  que se inició a partir de la denuncia del fiscal Angelini, basada en la investigación de dos causas por homicidio. Una de ellas se originó el 24 de julio de 2008, en el estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez, donde un sicario acribilló a balazos a los colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, y Jorge Alexander Quintero Gartner. La otra causa arrancó un año después, cuando Juan Sebastián Galvis Ramírez  recibió diez balazos en la puerta de un club naútico de San Fernando. Las tres víctimas eran colombianos vinculados al narcotráfico.

Los funcionarios judiciales creen que Novo y su gente impidieron Angelini avanzara en las investigaciones que apuntaban a Eduardo Juliá –hijo del brigadier José Antonio Juliá-, que tiempo después fue condenado por enviar casi una tonelada de cocaína a España. “Esas investigaciones eran la punta de un ovillo que se pretendía que no fuera desatada”, explicó la fuente judicial.

Las conexiones con los hermanos Juliá

Los fiscales Diego Grau y Angelini establecieron conexiones que llegaban hasta los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá, hijos del brigadier José Antonio Juliá, ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem, que luego serían detenidos en el aeropuerto de Barcelona con 944 kilos de cocaína.

Los fiscales también vincularon el tráfico de drogas al Cartel del Norte del Valle (Colombia), ubicaron a varias personas importantes para la causa y organizaron un cronograma de entrevistas en Bogotá, Cali, Ibagüe, Medellín y Pereyra. Tenían todo listo para viajar a Colombia en agosto de 2009. En el aeropuerto de  Bogotá los esperaba una comisión de investigadores locales. Pero los funcionarios judiciales argentinos nunca llegaron. A menos de 24 horas de tomar el avión, el viaje se suspendió.

Según el fiscal Domínguez, Novo y su equipo “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo de aquella investigación”, con el objetivo de “brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter”.

Entre otras medidas, Novo ordenó quitarle recursos –humanos y materiales- a los fiscales, filtró información reservada, impidió el viaje a Colombia y persiguió a Angelini con sumarios en su contra.

Investigadora y defensora de los narcos

Mariana Busse, imputada en la causa, fue secretaria de Novo entre febrero de 2005 y junio de 2008, cuando renunció para asumir como abogada particular en el estudio de Carlos Broitman, con quien se casaría años más tarde. En su nuevo rol fue codefensora de Gustavo Juliá en una causa en Argentina por contrabando de oro a Estados Unidos.

En 2011, después de la detención de Juliá en Barcelona, Busse volvió a la fiscalía como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando. Su trabajo, según el fiscal Domínguez, consistía en seguir de cerca la investigación del fiscal Angelini y obstruir en todo lo posible su tarea.

SO/LC