Campagnoli: recomiendan rechazar planteos de inconstitucionalidad
El fiscal José María Campagnoli cuestiona la ley de medidas cautelares ya que fue en base a esa normativa en que le fue rechazado el pedido para ser restituido en su cargo luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo suspendiera.
El fiscal General, Miguel Ángel Gilligan –que reemplaza al fiscal Fernando Uriarte- dictaminó que deben rechazarse los planteos de inconstitucionalidad realizados por el fiscal suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados, José María Campagnoli.
Es un dictamen muy técnico de 18 páginas, el fiscal argumentó contra los pedidos de inconstitucionalidad realizados por Campagnoli con respecto a la Ley de Medidas Cautelares. Gilligan opinó que la sala de feria de la Cámara “debe desestimar las inconstitucionalidades alegadas” ya que se “descarta” en el tema “una desigualdad injusta y discriminatoria”.
“Corresponde rechazar la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 4 de la ley 26.854 en esta instancia” sostiene el fiscal sobre la ley de medidas cautelares y argumenta que la presentación del abogado del fiscal suspendido, el ex diputado nacional Ricardo Gil Lavedra, “no aclara de qué manera podría frustrarse el objetivo de la medida cautelar solicitada”.
Campagnoli cuestiona la ley de medidas cautelares ya que fue en base a esa normativa en que le fue rechazado el pedido para ser restituido en su cargo. A fines de diciembre, el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials rechazó dictar una medida cautelar contra la suspensión del fiscal donde afirmó que la cuestión planteada por el fiscal requiere un tratamiento judicial más profundo que el de una medida provisoria.
Por otra parte, el fondo de la cuestión ya está siendo analizada por la jueza de primera instancia que actualmente se encuentra cubriendo la feria, Cecilia Gilardi de Negre. Se espera que, la semana que viene, la sala de feria de la Cámara Contencioso Administrativo Federal se pronuncia sobre las inconstitucionalidades planteadas.
El fiscal fue enviado a juicio político por una comisión evaluadora, a instancias de la procuradora General Alejandra Gils Carbó, por haber modificado el objeto de la causa en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado, lo que significa una violación a las reglas procesales, según la acusación contra el fiscal.
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