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El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que la decisión del juez neoyorquino Thomas Griesa de declarar a la Argentina en desacato "es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos".". Y volvió a solicitar al gobierno de Estados Unidos que acepte la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya para dirimir esta controversia. En ese sentido, el escrito destacó que tal como establecen esos documentos el gobierno estadounidense es el "único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos", en relación a la reciente decisión tomada por el magistrado en el litigio que Argentina enfrenta con fondos buitre.

"Todos estos instrumentos establecen que los Estados Unidos de América como Estado es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial", sostuvo la cartera que conduce Héctor Timerman.

El comunicado de la Cancillería se dio a conocer poco después de que el juez Griesa entendió que Argentina "tomó y está tomando" pasos, "en un intento por evadir partes críticas" del fallo del 23 de febrero de 2012 en el que ordenó al país a no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a 1.300 millones de dólares.

Griesa se refirió, de esta forma, a la recientemente sancionada Ley de Pago Soberano, que modifica la sede de pago de los compromisos a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, entre otras cuestiones, con lo cual desplazó al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BoNY), entre otras medidas.

El Palacio San Martín subrayó que la decisión del juez Griesa "no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina".

El comunicado también ratificó la decisión del Gobierno argentino de "seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional y de solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países".

Por la mañana, horas antes de la audiencia en el despacho de Griesa, el canciller Timerman dijo en conferencia de prensa que según las convenciones internacionales “en ningún caso” puede darse curso a “las medidas de apremio solicitadas por los buitres, sostener lo contrario atentaría contra las formas más básicas de convivencia internacional”.

En esa línea de argumentación, el Gobierno argentino presentó hoy notas al gobierno de los Estados Unidos y al juez de la causa, en rechazo al pedido de los fondos buitre para que se declare al país en desacato por no cumplir con la sentencia del magistrado norteamericano que obliga al pago de 1.330 millones de dólares.

En la presentación ante el Juzgado de Griesa, titulada "Memorándum de la República Argentina en oposición a la solicitud de las demandantes de declarar a la Argentina en desacato civil e imponer sanciones", el país afirmó que "la solicitud de las demandantes es legalmente inadmisible, inaplicable y de imposible cumplimiento" y que "debe rechazarse".

En el texto, se argumentó que "el desacato civil es una herramienta diseñada para forzar a una parte a 'depurar' la conducta violatoria de una orden emanada de un tribunal; no es y no puede ser -como las demandantes pretenden aplicarlo aquí- un castigo por una conducta pasada".

"La orden propuesta no resolverá el estancamiento actual que enfrentan tanto las partes como el Tribunal como consecuencia de las medidas cautelares pari passu (que son de imposible cumplimiento) sino que más bien agravará la situación. Sin dudas será utilizado por las demandantes solamente para elevar aún más su retórica negativa de ataques públicos hacia la República. Este no es un uso adecuado de la facultad que tiene el Tribunal para declarar el desacato", aseguró la presentación.

La nota de 17 páginas con la firma del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, indicó además que "el derecho y la práctica internacionales no contemplan dictar órdenes contra Estados Extranjeros" y que la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) "prohíbe la declaración de sanciones de desacato contra Estados Extranjeros".

En tanto, en la nota al secretario de Estado norteamericano John Kerry, la embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, recordó cómo llevó adelante la Argentina la reestructuración de la deuda y enumeró las decisiones tomadas hasta el momento por la justicia estadounidense que son "contrarias al apoyo que ha brindado la comunidad internacional a la posición argentina y el mismo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos a través de las presentaciones como Amicus Curiae ante sus propios tribunales".

"En el marco del acoso judicial desmedido del que mi país es víctima a través de una orden judicial de cumplimiento imposible, ahora se suma un nuevo y mayor disparate jurídico por parte de los demandantes, quienes el 24 de septiembre pasado solicitaron que se declare en desacato a la República Argentina y se apliquen sanciones en virtud del alegado incumplimiento de las órdenes judiciales", indicó Nahón.

Una declaración de desacato implicaría “una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro de los bonistas reestructurados. No se trata solamente de la afectación de derechos de terceras personas, sino de vulnerar aún más la soberanía de la República Argentina", continuó previo a la declaración judicial de Griesa.

Al respecto también advirtió que "cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que pueda frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estados argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos".