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El 24 de marzo de 1976 Jorge Constanzo se presentó, como todos los días, en la planta de Ford de General Pacheco, donde era delegado del sector de Comedor. Dentro de la fábrica, una patota lo detuvo junto a otros tres compañeros de trabajo. Les taparon la cabeza, les ataron las manos con alambre y los golpearon. Desde ese día, los militares tuvieron una fuerte presencia en la empresa: entre marzo y mayo de ese año, 25 delegados de la comisión interna fueron secuestrados. Sus nombres figuraban en una lista que los directivos habían entregado a los militares. Ese no fue el único aporte de la empresa: los directivos pusieron a disposición el quincho del campo de deportes -que funcionó como centro clandestino de detención- y las camionetas F100 utilizadas en los operativos.

Los estrechos vínculos entre empresarios y militares no constituyen la excepción a la regla y se repitieron de manera similar en otras automotrices como Fiat y Mercedes-Benz. En la empresa italiana al menos 118 empleados o ex empleados de la automotriz fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad: 52 fueron desaparecidos o asesinados. En el caso de la compañía alemana al menos 20 empleados fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Quince de ellos aún continúan desaparecidos. La gran mayoría eran trabajadores con activa participación sindical. Muchos de ellos fueron secuestrados dentro de las fábricas e incluso a pedido de los directivos de las empresas.

Los datos se desprenden del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, un trabajo elaborado por el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina). El trabajo, elaborado porun colectivo de abogados, historiadores, sociólogos y antropólogos durante un año y medio, se basa en 22 informes sobre 25 de las empresas más importantes del país.  

“Saludos a Camps”

Al día siguiente del golpe, el gerente de relaciones industriales de Ford, Guillermo Galárraga, convocó a nueve delegados de la comisión interna de la fábrica: “La empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”, anunció, según consta en el legajo 7688 de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) del delegado de prensa Pastor José Murúa.

Galárraga les explicó que a partir de ese momento la comisión interna dejaba de ser reconocida. Antes de irse les dijo: “Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a Camps”. Los delegados entendieron la frase tiempo después, cuando el general Ramón Juan Alberto Camps asumió como jefe de la Policía Bonaerense y quedó a cargo de más de 25 centros clandestinos en la provincia.

En los dos meses siguientes al golpe fueron secuestrados 25 de los 200 delegados que conformaban la comisión interna. Cuatro de ellos habían participado de la reunión con Galárraga. “Para ello, los directivos de Ford facilitaron desde los legajos personales y fotografías de sus empleados hasta camionetas para los traslados. Asimismo, el conocimiento que la empresa tenía acerca de las detenciones es claro, ya que varias de ellas se produjeron en el interior de la fábrica, en horario laboral y frente a compañeros y directivos”, sostiene el trabajo sobre el rol empresarial el delitos de lesa humanidad.

“A esto se suma que recibieron la contribución de camionetas F100 así como también el hecho de que le fue facilitado el almuerzo diario al personal militar allí asentado. Por otro lado, también es de destacar la información brindada para los interrogatorios de los detenidos, así como un caso en el que el Jefe de Seguridad de la planta participa del interrogatorio”, agrega el informe.

Los aviones de Fiat en los “vuelos de la muerte”

En el caso de Fiat, la represión contra trabajadores se llevó a cabo en todos los establecimientos fabriles del país. “Sin embargo, las plantas ubicadas en Córdoba fueron las más perjudicadas, con 35 trabajadores desaparecidos y asesinados y alrededor de 60 personas detenidas, que posteriormente fueron liberadas. Esto no solo se debió al elevado volumen y concentración de trabajadores en ese lugar, sino también al fuerte nivel de organización y combatividad obrera que existió en Córdoba, en general; y en Ferreyra, en particular”, plantea el informe.

En paralelo a los vínculos represivos, las empresas tejieron relaciones comerciales con los militares. Entre 1976 y 1977, el Ejército argentino compró aviones de marca Fiat a la casa matriz de Torino, Italia, y envió pilotos a capacitarse en sus instalaciones, explica el informe. Esas aeronaves fueron utilizadas en los “vuelos de la muerte” en los que los militares arrojaban detenidos-desaparecidos vivos al Río de la Plata.

Una “alianza represiva”

Los investigadores del CELS, Flacso y el Ministerio de Justicia sostienen que el grado de involucramiento empresarial “en las políticas dictatoriales represivas” supera las nociones usuales de “complicidad o colaboración, que denotan un papel complementario o subsidiario respecto de una acción desarrollada por otro actor”.

“La articulación entre prácticas e intereses de las fuerzas militares y de la dirigencia empresaria es un dato central de todos y cada uno de los informes, donde ambos actores aparecen con un peso y línea de acción propios. Para dar cuenta de esta alianza represiva, proponemos, entonces, el concepto de ‘responsabilidad’, que permite reflejar, en una forma más clara y contundente, el papel activo que tuvieron las empresas en la represión a los trabajadores”, concluyeron los investigadores.