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La Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que modifica la Ley “Cerrojo” y reabrió el canje de deuda sin plazo de cierre. Con la medida, el Congreso reeditó la posibilidad de que los acreedores de la deuda en default de la Argentina que no ingresaron a los dos canjes anteriores accedan a reprogramar su crédito contra el Estado.

La iniciativa tiene un objetivo doble. Por un lado intenta seducir al 7 por ciento de los acreedores, los últimos bonistas que no aceptaron las condiciones de la reestructuración de la deuda a partir de los canjes de 2005 y 2010. A la vez, el Ejecutivo busca dar una señal de diálogo a la Justicia estadounidense, donde tramitan los reclamos de los fondos buitre, para demostrar que Argentina tiene la intención de pagar sus deudas.

Del total de la deuda que Adolfo Rodríguez Saá declaró en default a fines de 2001, acreedores por sólo el 0.45 por ciento de los créditos son los que litigan en los tribunales de Nueva York. Se trata de los fondos buitre, compañías especuladoras con sede en paraísos fiscales o “guaridas”, que adquieren bonos de deuda de países en cesación de pagos a valores irrisorios para exigirle judicialmente el pago del valor nominal de los títulos y lograr una rentabilidad extraordinaria. Con su poder de lobby, fondos como NML Elliot –que le exige 1330 millones de dólares a la Argentina- logran sentencias favorables, y quiebran las condiciones de la reestructuración.

A pedido de los fondos buitre, el juez estadounidense Thomas Griesa intentó embargar los pagos que Argentina realizaba en Nueva York a bonistas que sí habían ingresado al canje. Para evitar que se repita, el Congreso también aprobó ayer la posibilidad de que los bonistas cambien los títulos en dólares que se pagan en el exterior por créditos de iguales características que se pagan en Argentina y están regulados por la ley nacional. Eso permitirá a los acreedores que renegociaron su crédito evitar que un juzgado extranjero embargue los pagos que le realiza la Argentina, lo cual significa un reaseguro.

La Corte de Estados Unidos evalúa tomar el caso

Griesa falló en dos ocasiones contra la Argentina. Primero embargó los pagos del Estado a los bonistas que entraron al canje, y después habilitó a los fondos buitre a exigir el valor nominal de sus bonos, desconociendo los canjes y violando el derecho del 93% de los bonistas. El Estado apeló las sentencias ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito, pero en ambos casos se confirmó la decisión de Griesa. Ahora, Argentina recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos para que dirima la cuestión. Mientras tanto, los fallos de Griesa y de la Cámara permanecen suspendidos.

Ayer, la Corte anunció que el 30 de septiembre se reunirá para analizar la petición del Estado argentino y dará a conocer su decisión algunos días después –no tiene un plazo definido-. El caso es muy significativo a nivel mundial, porque de conservarse la decisión de las primeras dos instancias, las reestructuraciones de deuda soberana en todo el mundo entrarían en crisis como herramienta financiera. Si se reconociera el derecho a que los fondos buitre cobren el crédito como si el default y la reestructuración no hubiesen existido nunca, ningún país asfixiado por su deuda podría encontrar una salida viable.

El gobierno de Estados Unidos, Francia y hasta el Fondo Monetario Internacional presentaron escritos judiciales en las primeras instancias del juicio para expresar su acompañamiento a la postura argentina. Más allá de la diplomacia, el apoyo llegó por la necesidad de conservar el instrumento de la reestructuración a nivel mundial, dada la delicada situación financiera de varios países de Europa.

La reestructuración de la deuda argentina

En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner planteó la renegociación de la deuda ante la Asamblea de Naciones Unidas y avisó que “los muertos no pagan”. Desde su asunción analizó las condiciones para una histórica reestructuración, que se formalizó en 2005 con la primera propuesta de canje. Los acreedores de la Argentina podrían cobrar sus créditos, pero sólo si aceptaban una quita promedio del 65%, reducían los intereses y se ajustaban a un nuevo calendario de pagos con plazos menos asfixiantes. Bonistas por el 76% de la deuda aceptaron las nuevas condiciones. En 2010 el canje se volvió a abrir, y se logró renegociar el 93% del monto total.

La reestructuración fue el comienzo de un proceso de desendeudamiento que desde 2002 hasta la fecha redujo el peso de la deuda sobre el PBI desde un 160 a un 45 por ciento, de lo cual apenas el 9 por ciento representa deuda privada en dólares. Se trata de un proceso financiero y político reconocido y estudiado a nivel mundial como un exitoso caso de recuperación económica.

Cuando una empresa está por quebrar, puede iniciar un “concurso preventivo” y llamar a todos los acreedores a replantear la situación de sus créditos. Si la mitad más uno de los acreedores –con al menos dos tercios del capital adeudado por la empresa- llegan a un acuerdo, el resto de los acreedores deben ceñirse a esas condiciones en forma obligatoria. A nivel internacional esa norma no existe, y por eso un grupo de acreedores que tan sólo poseen el 0.45% de los créditos defaulteados logran poner en jaque a la economía nacional.