Infojus Noticias

Camiones que bajan mercadería a cualquier hora. Grupos que hacen filas con bolsones gigantes para subir a los charters que los traen a comprar al por mayor. Puestos de comida, de ropa, de juguetes, de diarios y revistas. Contaniers que rebalsan de basura, enconsertados con avisos de oferta sexual. Gente que va y viene a trabajar o a estudiar. La estampa del barrio de Once, bautizado así por la estación del ferrocarril Sarmiento, desborda la realidad de otras terminales ferroviarias porteñas.

En diciembre, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través del defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado, elevó una resolución al gobierno porteño con una serie de recomendaciones para que intervenga en la situación del barrio. Las distintas áreas (jefatura, espacio público, higiene urbana, tránsito y transporte) tenían un plazo de 30 días para responder a este pedido. Sin embargo, todavía no le han dado una réplica formal.

“No hemos recibido ninguna contestación. Solo una nota de parte de la dirección de Bienes e Inmuebles que nos contesta, de forma vaga, consultándonos cuáles son los inmuebles en el barrio para que ellos puedan actuar”, dijo a Infojus Noticias Gómez Coronado.

El defensor adjunto explicó cuáles son las consecuencias para la gestión comandada por Mauricio Macri: “Hay una obligación institucional del Gobierno de la Ciudad de contestar cuando incumple. La Defensoría eleva a la Legislatura estos incumplimientos del Ejecutivo, que son alertas institucionales. Si producto del incumplimiento de una alerta institucional el accionar del Ejecutivo genera algún perjuicio automáticamente pasa a ser causa judicial. Y ejemplificó: el caso más emblemático fue la destitución de un jefe de gobierno por desoír el alerta institucional por Cromañón”.

En la resolución, la Defensoría le pidió expresamente al jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que establezca un ámbito interdisciplinario e interinstitucional para la discusión de la problemática del barrio. El objetivo era abordar en forma urgente la situación urbanística y ambiental de la zona. “La idea era la creación de una comisión que esté integrada por diferentes actores como control comunal, la policía, gente de control de tránsito y transporte”, especificó el defensor adjunto.

El organismo también tenía una propuesta de abordaje para el caso de los manteros que fueron desalojados violentamente el 28 y 29 de enero pasado. Entre las recomendaciones que hizo, instó a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a cargo de Patricio Di Stéfano,  a que propicie un espacio físico alternativo para los vendedores informales que realizan sus actividades en el lugar. También pidió que se verifiquen los permisos de los puestos de venta que se encuentran en las veredas. Y que se constate si la cartelería publicitaria de los edificios está en regla.

Los operativos de desalojo no se hicieron con el debido proceso y ahora la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, presentó una denuncia contra del personal de la Policía Metropolitana y los agentes del gobierno. Los vendedores ambulantes habrían sido sometidos a maltratos, vejaciones y coacción agravada.

“El gobierno ha actuado en la vía pública y sobre los vendedores ambulantes de una forma desacertada con procedimientos que rayan la legalidad sobre los horarios, las formas, los testigos. Hay todo un protocolo que no se ha cumplido en forma completa”, expresó Gómez Coronado.

El defensor adjunto cuestionó estos allanamientos que siempre tienen una alta repercusión mediática pero que no son efectivos a largo plazo. “Siempre se hacen estos procedimientos ampulosos pero a los pocos meses vuelve la problemática tal como estaba antes; por eso para nosotros era importante que se cree esta unidad de gestión administrativa”, dijo.

El problema de la basura

El texto que presentó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ponía la linterna sobre el tema de la basura. “No debe olvidarse tampoco la problemática de la higiene urbana y ambiental ya que la cantidad de residuos de todo tipo, especialmente cartón y telas, generan molestias y contaminación”, apunta el artículo con fecha 9 de diciembre de 2013.

“El plan de recolección de residuos no funciona desde la programación, la planificación y porque no hay control. Cualquiera que pase a partir de las 18 se encuentra con una ciudad futurista de película catástrofe “, dijo Gómez Coronado.

En ese sentido, en la resolución se recomendaba a Higiene Urbana, a cargo de Edgardo David Cenzón,que controle el sistema de recolección de residuos, incluyendo la localización y el estado de los contenedores de basura.

En cuanto a la situación del tránsito, la Defensoría pidió a la Subsecretaría de Transporte, Guillermo Dietrich,  que realice un estudio del transporte público de pasajeros y del transporte de mercaderías. La misma propuesta corría para las actividades de carga y descarga. Además, la sugerencia incluía revisar los permisos de los “charter” o “tour de compras” que funcionan dentro del barrio.

Todas estas demandas de la Defensoría, que expresan un pedido de vecinos del barrio de Once, esperan todavía una respuesta. Mientras tanto, sin manteros la fotografía del dinámico barrio porteño sigue siendo la misma.