Infojus Noticias

La Defensoría del Pueblo porteña denunció procedimientos irregulares en el marco de los allanamientos y decomisos a los vendedores ambulantes de Once ocurridos el último domingo de enero. La Policía Metropolitana intervino a raíz de una causa contravencional impulsada por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA. Los puesteros denuncian maltratos y secuestro de mercaderías y de bienes personales.

La titular de la Defensoría, Alicia Pierni, difundió un comunicado en el que dio cuenta de las denuncias de los trabajadores. “Seguimos recogiendo testimonios y pruebas”, dijo a Infojus Noticias. Los operativos de la fuerza de seguridad creada por  el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, incluyeron “tareas de inteligencia con seguimientos y registros fílmicos, allanamientos en viviendas” y secuestro de efectos personales y para el comercio. “Las medidas adoptadas vislumbran una actuación que luce desproporcionada si se considera el contexto en el que tiene lugar: una causa contravencional por venta ambulante”.

Haydée García, una de las vendedoras ambulantes que trabaja frente a la estación de Once, contó a Infojus Noticias que entre las pertenencias que le arrebataron los policías, estaban sus documentos. Otros puesteros dijeron que los agentes ingresaron a sus casas para llevarse bienes que nada tenían que ver con su trabajo. Ante la Defensoría del Pueblo denunciaron hasta el robo de una heladera.

Pierini confirmó que en los próximos días los puesteros realizarán una presentación judicial patrocinados por los abogados del ente. En diálogo exclusivo con Infojus Noticias reprobó el accionar del subsecretario de Uso del Espacio Público, Patricio Di Stéfano, que impulsó los procedimientos de la Metropolitana contra los manteros. “Con Diego Santilli pudimos resolver muchos problemas mediante el diálogo, como la regularización de los cartoneros –que algunos señalaban como delincuentes- y la organización de los puestos de Costanera Sur”, expresó la funcionaria.

“Hay un conflicto con la metodología frente a un conflicto real en el espacio público. En lugar de trabajar en eso para resolverlo, lo convierten en un conflicto mayor y utilizan la violencia”, explicó la Defensora del Pueblo de la Ciudad. “Se ha utilizado un método totalmente antijurídico, que no es aplicable ni siquiera sobre un delincuente. Los vendedores denuncian que han sido golpeados, insultados, desnudados, humillados”, explicó a esta agencia.

El comunicado da cuenta de las denuncias por procedimientos ilegales: personal policial se llevó dinero y objetos sin volcarlo a las actas. “Usaron sus armas para amedrentar a los presentes” y hasta “algunas personas manifestaron haber sido obligadas por personal policial a desnudarse como forma de requisa”. Ningún artículo del Código Contravencional habilita a la Metropolitana a proceder de esa forma, y una orden judicial con esas indicaciones sería fácilmente cuestionable ante tribunales superiores.

“Ningún procedimiento, y menos uno contravencional, puede justificar el proceder de los funcionarios intervinientes. Una política pública no puede implementarse a costa de afectación de derechos y sin proporcionar ninguna opción alternativa a los damnificados”, sostuvo Pierini en el comunicado. Y anunció que la Defensoría del Pueblo “se siente obligada a arbitrar todos los medios a su alcance para evitar que continúe la consumación de afectaciones a los derechos humanos y a activar mecanismos de alerta cuando en el marco de procesos judiciales se afectan derechos y garantías de rango superior”.

Por la Defensoría siguen desfilando vendedores afectados por los procedimientos policiales.“Los problemas que surgen en el espacio público no son para resolver con represión ni con conductas de dudosa legalidad, sino en el marco del Estado de derecho”, planteó. El ente instó a priorizar la necesidad de ganarse la vida de los puesteros y su situación de trabajo informal, antes que la afectación al espacio público por la actividad comercial irregular.