Infojus Noticias

Sobre la mesa ratona del lobby del Hotel Presidente de Buenos Aires había varios pasaportes. Era mayo de 2011. A la reunión asistieron cuatro integrantes de la banda. Un abogado con nombre falso les entregó la documentación y les dio instrucciones. Planeaban enviar más de mil kilos de cocaína a Europa camuflados en bolsas de carbón vegetal. 

La primera parte de la operación se concretó siete meses después. El cargamento llegó al puerto de Lisboa, Portugal. Todo lo planeado en aquella reunión salió bien. Excepto por un descuido: en un container olvidaron 14 kilos de cocaína, la punta del ovillo que sirvió para desbaratar a la banda narco más grande del país. La Justicia cree que en la cima de la organización estaba el abogado que repartía los pasaportes. Su nombre es Carlos Salvatore, dueño de medio centenar de empresas. Ayer comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, en el marco de la causa conocida como Carbón Blanco, en la que se juzgan el envío de más de mil kilos de cocaína a Europa en tres embarques. Salvatore está acusado de los delitos de contrabando calificado de estupefaciente y asociación ilícita. Para el fiscal general Federico Carniel, Salvatore era “el jefe máximo” del “engranaje criminal” de la banda.

La reunión en el hotel fue reconstruida por  Rolando Andrés Di Renzo y Leonardo Hugo Prodan, dos miembros de la banda detenidos en Portugal. Las declaraciones de los dos rosarinos, que forma parte de la investigación de la Justicia de ese país, fueron incorporadas en la instrucción de la causa Carbón Blanco.

Este no es el único expediente en el que está involucrado Salvatore. Según informó una fuente judicial a Infojus Noticias, también  lo investigan en otras causas por narcotráfico. “Se está evaluando el posible vínculo de Salvatore con otros envíos de cocaína similares a Carbón Blanco. Son expedientes separados en diferentes puntos del país”, explicó la fuente. Según detalló, la droga fue embarcada en el puerto oculta en cargamentos de peras, membrillo y carbón.

Además, el abogado está imputado en la llamada causa Carbón Blanco II –en la que están acusados su mujer, su hija y su suegro, entre otros– por blanquear más de 1600 millones de pesos del narcotráfico.

En la primera audiencia del juicio el abogado escuchó los cargos en su contra desde una sala del Complejo Penal 1 de Ezeiza que suelen utilizar acusados por delitos de lesa humanidad. Luis Sasso, su defensor y vicepresidente segundo del club Huracán, pidió a los jueces Rubén David Quiñones, Gladis Mirtha Yunes y Eduardo Ariel Belforte que su defendido pueda ausentarse durante las próximas audiencias del juicio. El Tribunal aceptó el planteo. Los otros imputados son el empresario Patricio Daniel Gorosito y los comerciantes Rubén Félix Esquivel, Carlos Pérez Parga y Héctor Ángel Roberto.

Sus inicios

Como abogado, a mediados de la década del 90, Carlos Salvatore defendió al empresario de la construcción Antonio Nicolosi, condenado por una millonaria estafa inmobiliaria. Fue uno de sus primeros clientes importantes. El caso le sirvió para poner un pie en el mercado de la construcción. Según la Unidad de Investigación Financiera (UIF), una de las pantallas para legitimar dinero del narcotráfico.

Los investigadores creen que comenzó con el negocio del contrabando de sustancias en 2005. Ese año, según declaró el propio Salvatore, conoció al rosarino Patricio Gorosito, su mano derecha, el hombre que desde B arcelona controlaba los envíos de cocaína. “Lo asesoré en asuntos contractuales de jugadores de fútbol”, declaró Salvatore. En 2004, Gorositto había fundado el club Real Arroyo Seco, en Santa Fe. Un año después el club, que no tenía socios, construyó un estadio con capacidad para 12 mil personas sentadas  y un hotel cuatro estrellas.

En julio de 2010 la policía española incautó 762 kilos de cocaína en un contenedor expedido por Agroforestal Litoral SRL. Según declaró Hugo Prodan, el cargamento pertenecía a Salvatore, quién lo habría amenazado si “abría la boca”.

Un año después, la banda cambió de estrategia y de empresa. Los cargamentos ya no llegarían a España, sino a Portugal. Luego de ese episodio fue creada, en 2010, la firma Carbón Vegetal del Litoral S.A. Desde sus galpones, ubicados sobre la ruta 16, cerca de Quitilipi, Chaco, salió el cargamento de cocaína que dio origen a la operación Carbón Blanco.

Según la Procelac, la creación de Carbón Vegetal del Litoral es “el hecho objetivo más relevante de la voluntad de la organización”, y sostiene que fue “concebida a los fines de brindar una ‘pantalla’ a la realización de los designios criminales de la organización”. Los investigadores creen que Salvatore blanqueaba el dinero de la exportación de cocaína a través de negocios de la construcción, de los que participaban las empresas familiares. Entre 2009 y 2011, la familia Salvatore diversificó y amplió sus rubros, una “condición para optimizar la maniobra”, según UIF.

Salvatore fue dueño, por ejemplo, de la productora CS Entertainment, que participó de la realización de la película de animación Plumíferos.

Antes de la causa Carbón Blanco, Salvatore estuvo en la mira de la justicia por “estafa procesal”, en 2006. En agosto de 2008, un dictamen del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora solicitó que se lo investigue. El Juzgado consideró que había “pruebas suficientes para sospechar que utilizaba empresas a fin de legitimar activos provenientes del de contrabando de estupefacientes”.

También la justicia de Estados Unidos puso el ojo sobre las actividades de Salvatore. El Departamento de Seguridad Nacional de ese país informó la existencia de una investigación en ese en la que se determinó que Salvatore pudo haber utilizado sus empresas y cuentas bancarias en los EE.UU. para el lavado de activos originados en el narcotráfico.

La caída

Salvatore fue detenido en el estacionamiento de un supermercado de Rosario, en diciembre de 2012. Ahí intentó esconderse cuando la PSA llegó al departamento que usaba como guarida, a tres cuadras del supermercado, en pleno centro. La elección no fue casual: sus dos hombres de confianza y otros cuatro miembros de la banda eran rosarinos o de los alrededores.

Pasó muy poco tiempo tras las rejas. Primero, en dos centros de detención chaqueños y luego en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, donde funciona un hospital de alta complejidad en el que debía seguir un tratamiento para sus problemas cardíacos. Sus defensores argumentaron que padecía un “presunto déficit inmunológico” y consiguieron un traslado al sanatorio privado La Torre de Vicente López, donde tenía todo un piso a su disposición.

“Sus abogados insistieron para que lo trasladaran a ese lugar. Aunque no lo pudimos probar, creemos que él compró la clínica”, contó un investigador a Infojus Noticias. “El tipo estaba como en su casa, tenía todas las comodidades: acceso a teléfono, computadoras, televisión”, detalló.

En febrero los abogados de Salvatore consiguieron otro beneficio: el juez de feria Rubén David Quiñones le otorgó la prisión domiciliaria en su chalet del barrio porteño de Belgrano. Salvatore estaba con su esposa Silvia Susana Valles cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la casa, el 18 de marzo pasado. En simultáneo, 125 oficiales preventivos y 109 de investigaciones complejas hicieron otros 23 procedimientos en Capital Federal, cuatro en Mar del Plata, tres en Mercedes y San Fernando, seis en la provincia de Santa Fe y dos en Santiago del Estero.

La policía se llevó a Silvia Valles. Salvatore ya estaba detenido en su propia casa. En el operativo también cayó la hija del abogado, Carla Yanina Salvatore, y el suegro, Santiago Valles, acusados de formar parte de la estructura de blanqueo de capitales.

En Mar del Plata, detuvieron a Mariano Castellucci, abogado, de 38 años,acusado de administrar el edificio de Libres del Sud 2079, que habría sido construido con dinero de la venta de drogas. En la misma ciudad apresaron a Ricardo Gassan Saba, de 55 años, socio de Salvatore y vínculo entre este y Castelucci.

Las detenciones se produjeron en el marco de la causa paralela por lavado que abrió La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la UIF. El expediente tramita en el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, a cargo de Zunilda Niremperger, la misma jueza que instruyó la causa por envío de cocaína a Europa.

Amenaza

Tres días después de los allanamientos, Salvatore se comunicó con su mujer, detenida en la provincia de Chaco. Sin saber que la policía lo escuchaba, el abogado no disimuló su enojo: “Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes —dijo —No me importa, no me importa, yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere”

La amenaza era para la jueza Niremperger. Días atrás, la jueza contó al diario La Nación que antes de ese llamado, Salvatore había intentado sobornarla. "A través de terceros propusieron darme cuatro millones de dólares",dijo.

En el Juzgado Federal 4 de Capital Federal, a cargo de Ariel Lijo, se abrió un nuevo expediente para investigar si existió un plan para asesinar a la jueza. Cuando se conoció la amenaza, un móvil de C5N se instaló en la puerta de la casa de Salvatore. A través del portero electrónico, el abogado respondió algunas preguntas.

–Usted está acusado de narcotraficante.

–Yo fui siempre abogado de personas. Nunca me dediqué a hacer absolutamente nada. Sí defendí a narcos, sí defendí a políticos, sí defendí a comerciantes. Esta casa la compré en el año 2002, cuando me dedicaba a la construcción.

En otro tramo de la entrevista, el movilero preguntó a Salvatore por las amenazas a la jueza:

–Hay una escucha telefónica donde usted dice que va a matar a la jueza.

–Yo no puedo matar una mosca. Lo dije porque estaba desesperado, se habían llevado a mi mujer hacía tres días. No sabía que estaba pasando con ella.

Luego el abogado se excusó diciendo: “No es una amenaza. Es una forma de expresarse de cualquier persona”. 

WC-SO/AF