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“Once pibes detenidos entre las 9 y las 11 de la noche. A usted le avisan de esa situación doce horas después, ¿cómo hubiera reaccionado?”, le preguntó la abogada querellante María del Carmen Verdú al ex secretario de Menores Adolfo Bormida. “Me hubiera enojado muchísimo si no me hubieran avisado. Y hoy me hubiera enojado muchísimo más porque a partir de este caso los estándares mejoraron. Hubiera evaluado la posibilidad de hacer una denuncia penal. Era inadmisible que no avisen”, respondió tajante Bormida en la cuarta audiencia del juicio por privación de la libertad de Walter Bulacio en 1991.

El Tribunal en lo Criminal 29 de Capital Federal juzga al excomisario Miguel Ángel Espósito por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero nunca por asesinato. El único imputado declaró en la primera audiencia por teleconferencia y hasta ahora no se presentó en los tribunales de la calle Paraguay.

Uno de los elementos que más se trata de dilucidar en el juicio es el "memorando 40", una instrucción policial que fue impulsada por dos magistrados correcciones en la década del 60 para autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad. “Tuve que hacer un gran esfuerzo de memoria. Cuando fui secretario lo escuché una vez y del contenido me enteré por esta causa”.

Bormida dejó en claro que el juzgado pedía la comunicación inmediata de la policía cuando había menores detenidos. “En aquel momento que un menor pasara una noche en la comisaría era natural, lo deseable era que los padres lo vayan a buscar. El juzgado tenía que enterarse lo más rápido posible, más allá de la decisión del juzgado de que el menor pase la noche en la comisaría o no”.

El segundo en declarar fue el ex secretario Alberto Piotti, convocado por la defensa a cargo de Pablo Argibay Molina. Piotti terminó su carrera judicial como juez federal, pero a fines de los setenta se desempeñó como secretario de un juzgado de Menores. El testigo dijo que conocía el memorando 40 y que servía para no demorar la permanencia de menores en dependencias judiciales, “era en beneficio de los menores”. El objetivo del memorando 40 era agilizar la entrega del menor a la familia, no tenía como finalidad darle discrecionalidad a la policía”, dijo.

Para la jueza María Cristina Camiña el "memorando 40" era un "horror". “Yo desconocía ese memorando”, afirmó la tercera testigo de la jornada. “A partir del caso Bulacio, descubrimos que había un memorando que permitía que el comisario decidiera si llamar o no a los padres, medio que le dejaba a la policía un poder extra. Mi recuerdo es que hablamos con otros camaritas y lo derogamos”. Además, Camiña contó su batalla contra los edictos policiales años atrás, por lo cual le pusieron una bomba en su casa.

El abogado Argibay Molina, mientras se servía Coca Cola en un vaso, preguntó en tono de queja por qué en la derogación se expresó la palabra "reiterar". Camiña dijo que no recordaba por qué se utilizó ese término y dijo “queda más suavizado, ¿no?”. El abogado respondió que sí resignado mientras se tomaba su coca.

“Siempre a mi derecha”, se rió la testigo Alicia Beatriz Oliveira respecto de ella la posición de Argibay Molina.  La testigo fue jueza de menores entre 1973 y 1978. “El memorando 40 lo conocía, no sé de dónde sacaron que era secreto. No solo cuando estaba en el juzgado, sino como abogada lo usé. Cuando fueron los saqueos con Alfonsín, detuvieron a muchos chiquitos y madres. Y el comisario me dijo que los nenes iban a ir al instituto de menores. Entonces le pedí al juez que aplique el memorando 40”, testificó.