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“Si el caso no hubiera tenido tanta teascendencia periodística, si no hubiera habido una sentencia internacional, ¿usted cree que la Policía también habrían exonerado a Espósito?“ Fue la pregunta que el fiscal Horacio Fornaciari repitió a sus tres testigos. Los ex funcionarios policiales que declararon respondieron con vueltas, pero dieron a entender que sí, que lo habrían exonerado aún sin condena internacional. En la quinta audiencia del juicio por Walter Bulacio, se tomaron las últimas declaraciones testimoniales y el Tribunal fijó la fecha de los alegatos para el viernes 11.

La audiencia duró sólo dos horas. Los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack decidieron que la semana que viene se harán los alegatos. El primero estará a cargo de la querella y tendrá lugar el viernes 11, a las 11 de la mañana.

Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 hicieron pocas preguntas y solo habló el presidente. El fiscal Horacio Fornaciari había pedido incorporar a ex miembros de la Policía Federal para que testificaran sobre el Consejo de Disciplina que en 2008 exoneró al entonces comisario Miguel Ángel Espósito. 17 años antes, Espósito dio la orden de detener a varias personas en la entrada de un recital de los Redonditos de Ricota. Era abril de 1991, y entre los detenidos estaba Walter Bulacio, de 17 años, que fue trasladado a la comisaría 35 y golpeado salvajemente. Una semana después, murió producto de un aneurisma.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por el caso, en 2003. 22 años después de los hechos, se lleva adelante el juicio oral y público en el país. En una investigación anterior, no se pudo probar que la muerte de Bulacio haya sido consecuencia de los golpes, por lo que la impuación por homicio se cayó. El único procesado por la “detención ilegal“ de Bulacio es el ex comisario Espósito. Ayer, en la cuarta audiencia, se discutió en torno del “memorando 40“, una instrucción policial que habilitaba a los policías a detener menores sin informar a los jueces.

"Usted integró las fuerzas de seguridad hasta hace dos años. ¿Conoce la ley 23.950?", apuntó la abogada querellante María del Carmen Verdú. La audiencia había comenzado hacía una hora. “No“, respondió el testigo Miguel Ángel Garín, ex comisario mayor. “Es la ley que regula la facultad de la policía para detener personas e identificarlas. ¿No la conoce?". El testigo dudó unos segundos. “No“, repitió. Una sonrisa entre incrédula y burlona se dibujó en la cara de la abogada. “Eso es todo, señores jueces“, concluyó Verdú.

"Un día recibí un llamado en el que se me notificaba que iba a ser presidente del Consejo de Disciplina relacionado con el caso de Espósito", explicó Garín. Contó que en ese momento conocía los hecho por los medios, y dijo que la resolucion fue la exoneración, la medida más grave . “Consideramos que había sido un hecho gravísimo para la institución, sentó un precedente", se explayó el testigo. El fiscal Fornaciari le preguntó si recordaba los cargos. Garín respondió que no. "¿En cuántos consejos disciplinarios intervino?". El testigo dijo que el de Espósito había sido el único. "¿Y no tiene un recuerdo más completo de lo acontecido?", replicó, irónico, el fiscal. "No. Debido al transcurso del tiempo, no."

"Se resolvió unánimemente la cesantía del comisario Espósito. Los cargos eran privacion de la libertad y... no recuerdo si había alguno más", respondió Jorge Carrano, ex comisario inspector y abogado. El fiscal repitió la misma pregunta que le había hecho a Garín sobre la influencia de los medios de comunicación. "No, el Consejo tenía una gravitaciión propia", dijo Carrano.

El tercer testigo policial, Alejandro Félix Grzecka, fue más preciso. “Los cargos eran una grave negligencia en la conducción de un operativo policial en el que hubo varias decenas de detenciones de mayores y menores, ordenadas por Espósito, que no había permanecido en la dependencia“. En ese momento, Grzecka integraba el Consejo por parte de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. “Se solicitó una cesantía, pero salió una exoneración. La definición del Consejo no es vinculante“, aclaró el testigo. El hombre aseuró que la sentencia internacional no había tenido ingerencia en la sanción.

Entre la audiencia, periodistas y militantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) seguían el juicio, sin entender del todo cuál era la función de los testimonios sobre el Consejo Disciplinario y la Corte Interamericana.  Al concluir la jornada, la abogada querellante dijo: “Esta audiencia no sirvió para nada, estos testigos no aportan a la causa“.

El fiscal desistió de los otros dos testigos que había citado, Héctor Marcelo Carral, ex comisario inspector, y David Rodríguez, ex secretario del Consejo de Disciplina, hoy miembro de la Policía Metropolitana. Al comenzar la audiencia, había testificado Andrea Gualde, empleada de la Procuración del Teroro de la Nación y ex directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su declaración fue breve y se refirió a su intervención en la causa internacional por el caso Bulacio.