El planteo fue realizado por el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Reclamó al máximo tribunal que "deje sin efecto" un fallo de la Corte bonaerense que confirmó la pena.
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, reclamó una "revisión amplia" de la causa en la que se condenó a prisión perpetua a Carlos Carrascosa por el homicidio de su esposa, María Marta García Belsunce.
En un dictamen de 12 carillas el representante del Ministerio Público pidió al máximo tribunal que "deje sin efecto" un fallo de la Suprema Corte bonaerense que había rechazado un recurso de queja de la defensa contra la resolución por la que se confirmó la pena a Carrascosa.
El abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Cantón, explicó a Télam que si la Corte Suprema adhiere al dictamen del procurador, "puede hacer dos cosas: o anular la resolución y ordenarle a la Corte bonaerense que trate el recurso que no trató, o puede asumir competencia del tema de fondo y anular la sentencia condenatoria por homicidio".
La causa por la muerte de García Belsunce tuvo un largo derrotero judicial que derivó en que en 2007 el Tribunal Oral Criminal 6 de San Isidro condenara a Carrascosa por encubrimiento pero lo absolviera por el homicidio de su esposa.
Pero a raíz de apelaciones de la defensa y de la fiscalía, la causa llegó al Tribunal de Casación bonaerense, que en 2009 revirtió ese fallo y condenó al viudo a prisión perpetua por el homicidio, lo que lo llevó a estar preso desde entonces en el penal de Campana.
Esa resolución fue ratificada en septiembre de 2012 por la Suprema Corte provincial, al denegarle a Carrascosa -por cuestiones técnico procesales y no de fondo-, la posibilidad de que sea revisada su condena.
Bajo un recurso extraordinario, la defensa de Carrascosa llegó a la Corte de la Nación y ahora el procurador Casal consideró, entre otros argumentos, que "correspondía darle una respuesta positiva al recurso interpuesto". Para Casal, "la necesidad de que se le reconozca a la defensa ese derecho fundamental a la doble instancia adquiere particular relevancia", debido a que "se procura revisar una condena impuesta en la instancia casatoria y en orden a un hecho por el que Carrascosa fue absuelto por el tribunal oral, a partir de la introducción de planteos serios y oportunos".
Para el procurador "la sentencia del máximo órgano judicial de la provincia había efectuado un examen de los requisitos de admisión con injustificado rigor formal y sin fundamentos adecuados". Entendió que la denegatoria de la Suprema Corte "conduce a una restricción sustancial del derecho del encausado para revisar la condena dictada en su contra, con menoscabo de la garantía prevista en el artículo 18 de la
Constitución Nacional".
"Sin que el criterio que propondré importe abrir juicio sobre el fondo de la cuestión, opino que V.E. debe dejar sin efecto la resolución impugnada para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva conforme a derecho", propone el procurador Casal al final de su dictamen.
El abogado Díaz Cantón se mostró conforme con la opinión del procurador y explicó a Télam que "básicamente dice que la resolución de la Corte de la provincia fue arbitraria porque los planteos de la defensa eran serios y oportunos".
"La Corte bonaerense debió haber abierto la doble instancia, porque desde la defensa cuestionamos una sentencia condenatoria impuesta en Casación sobre un fallo que respecto al homicidio había sido absolutorio del tribunal oral en el juicio", agregó.
Díaz Cantón reclamó, tal como pidió en su recurso, que sea la Corte Suprema de la Nación quien defina la situación de Carrascosa al afirmar que "la Corte de provincia se tomó tres años para resolver un recurso que finalmente no trató".
"Ha pasado mucho tiempo y mientras tanto tenemos a una persona inocente de casi setenta años en prisión y con problemas de salud muy graves que espera justicia", finalizó el defensor del viudo.
María Marta García Belsunce, de 50 años, fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, de Pilar, con medio cuerpo semisumergido en la bañera. Su marido instaló desde el momento del hallazgo la hipótesis de que había sufrido un "accidente" y se había golpeado con las canillas.
La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que la mujer había sido asesinada de seis balazos en la cabeza. Tres familiares, un vecino y un médico fueron condenados en 2011 por encubrimiento en un segundo juicio por haber cometido una serie de acciones como haber tirado al inodoro la famosa "bala-pituto", pedir que la Policía no concurra al country y gestionar un certificado de defunción "trucho".
El viudo y toda la familia sostienen la teoría de que en realidad María Marta fue asesinada por ladrones que ella descubrió robando dentro de su casa y que podrían estar relacionados con los vigiladores y el vecino Nicolás Pachelo, a quien siempre señalaron como sospechoso.